El documento subraya que, a solicitud de cualquiera de los dos países, se podrá remitir al país de origen a una persona que haya infringido la ley.
Agrega que ambas naciones podrán entregar recíprocamente a las personas a quien las autoridades judiciales de una de las partes persiguen por algún delito o busquen para la ejecución de una pena o medida de seguridad.
Esas medidas tienen que ver con la privación de libertad en las disposiciones establecidas en el acuerdo y conforme a la legislación interna de cada país, añade el documento.
Los dos países también descartan la extradición de ciudadanos considerados «delincuente políticos» o relacionados a faltas de esa naturaleza, y en ningún caso se consideran delitos políticos los que atentan contra la vida.
El convenio suscrito por Reina y Rivas establece que tendrá una duración de cinco años que pueden ser prorrogados por un período igual, o cancelar siempre y cuando una de las partes lo notifique a la otra con al menos seis meses de anticipación.
El acuerdo no abarcaría al ex ministro paraguayo Sabino Augusto Montanaro, quien desde marzo de 1989 vive asilado en Tegucigalpa.
Montanaro, de unos 85 años, fue ministro del Interior durante la dictadura de Alfredo Stroessner, ya fallecido.
El ex ministro paraguayo pidió asilo en la embajada de Honduras en Paraguay tras el derrocamiento de Alfredo Stroessner, el 3 de febrero de 1989, mediante un golpe de Estado que encabezó el general Andrés Rodríguez.
El golpe puso fin a casi 35 años de régimen del general Alfredo Stroessner.
