Las víctimas fueron Oscar Daniel Medina Cortés y José Luis Hernández Márquez, asesinados el 11 de enero de 1988, por elementos de la Policía Nacional.
El Estado de Honduras a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y Casa Alianza, firmaron este jueves en Casa Presidencial, un acuerdo de solución amistosa, con las familias de los menores.
El acuerdo establece indemnizaciones pecuniarias a los familiares de las víctimas, además del compromiso del Estado a fortalecer la Unidad de Muertes de la Niñez del Ministerio Público, a velar porque estos hechos no se vuelvan a repetir, a remodelar la Plaza del Niño en El Progreso, Yoro, lugar donde fueron secuestrados ambos menores y colocar en el mismo una placa alusiva a la paz y la no violencia a los niños y jóvenes.
Posteriormente y en un acto público, el presidente Porfirio Lobo Sosa, pedirá perdón a las familias de los fallecidos.
Todos estos compromisos asumidos por el Estado, tendrán una acción de seguimiento en su cumplimiento, tanto por Casa Alianza como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En la ceremonia estuvieron presentes los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda; del Interior y Población, Áfrico Madrid; la procuradora general de la República, Ethel Deras; el director de Casa Alianza, Manuel Capellín, y familiares de los fallecidos.
Deras expresó su satisfacción por este cumplimiento en el caso de violación de derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, del que el Estado de Honduras es suscriptor, y que a su vez busca compensar o reparar el daño ocasionado a los familiares de las víctimas inocentes.
Añadió que en esta ocasión al Estado no le queda más que asumir la responsabilidad que deriva de la violación o transgresión de derechos humanos.
“En nombre del Estado expreso mis muestras de solidaridad por lo sucedido a sus familiares y lamentamos que después de más de 10 años de ocurridos los hechos, sea hasta hoy que el Estado de Honduras reconozca que hubo deficiencias en la investigación para esclarecer los hechos ocurridos el 11 de enero de 1988”, agregó.
Sin embargo, dijo que los familiares de los fallecidos deben tener la certeza de que el Gobierno hace grandes esfuerzos para que hechos como estos no vuelvan a suceder y justamente, la recién creada secretaría de Justicia y Derechos humanos es una muestra del compromiso asumido.
Por su lado, el director de Casa Alianza, José Manuel Capellín, expresó que la realización de esta firma, además de ser un hito histórico, es prueba suficiente del esfuerzo y compromiso del Gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa, de que nadie está encima de la ley, aunque hayan pasado 12 años de estos hechos, en tal sentido, expresó su apoyo a todo esfuerzo que se haga para proteger a la niñez, a la espera que estos hechos no vuelvan a repetirse.
