En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervinieron hoy representantes del Estado hondureño y también Rodrigo Escobar Gil, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad dentro de la Comisión.
«La situación de las cárceles en Honduras es de suma gravedad y de una crisis verdaderamente estructural», dijo en la audiencia Escobar Gil, quien denunció «deficiencias estructurales en todo el sistema carcelario».
Los comisionados pidieron al Estado de Honduras una mayor información sobre los esfuerzos legislativos y públicos para paliar esas deficiencias y exigieron una «estrategia más integral» para combatirlas.
Los funcionarios hondureños admitieron que la situación es grave, pero defendieron, no obstante, la actuación del Estado cuando el pasado 14 de febrero se produjo un incendio en el penal de Comayagua que causó la muerte de 361 personas.
La procuradora general de Honduras, Ethel Deras, indicó que el Estado «debe ser garante de la vida de las personas cuando están privadas de libertad, pero las deficiencias estructurales tampoco pueden obviarse».
«El Estado de Honduras ha atendido de forma responsable el incendio. Sin embargo, continúa trabajando en las secuelas que ha dejado este hecho y tiene programado todo un plan para depurar los centros penitenciarios», aseguró Deras.
La funcionaria defendió la «efectividad» de la investigación en marcha para esclarecer las causas del incendio, que también van a ser objeto de una investigación propia de la CIDH, que tiene previsto enviar a Honduras una misión para esa tarea.
En la audiencia intervino también la subsecretaria de Estado de la secretaría de Seguridad del país, Marcela Castañeda, quien informó de que la población reclusa de Honduras asciende a 12.246 personas, mientras que la capacidad total de los 24 centros penitenciarios es de 8,000 presos.
«Existe una clara sobrepoblación de los privados de libertad en Honduras», afirmó Castañeda, quien indicó que únicamente hay cinco centros que no exceden su capacidad y otros dos con sobrepoblacion mínima.
Media docena de centros, entre ellos los de San Pedro Sula, Santa Bárbara, Yoro y Puerto Cortés, absorben el grueso de los alrededor de 4,000 presos que conforman esta sobrepoblación, añadió.
Además, el 52.4 por ciento de los presos no ha sido condenado, frente a un 47.5 por ciento que sí han recibido una sentencia, según indicó la directora general de fiscales del Ministerio Público de Honduras, Daniela Ferrera.
Pese a que esa proporción ha mejorado respecto a la registrada en 1990, cuando sólo el 13% de los presos había sido condenado, y a 2005, cuando esa proporción era del 36%, la CIDH se mostró «gravemente preocupada» por la prevalencia de la detención preventiva en el país.
Al respecto, Castañeda explicó que los centros donde existe sobrepoblación se benefician del estado de emergencia y calamidad declarado por el presidente Porfirio Lobo el año pasado, cuyo plazo se prorrogó hasta mayo de este año para «reducir el impacto del hacinamiento y mejorar la calidad de vida».
Agregó, además, que tras producirse el incendio en el penal de Comayagua, se extendió ese decreto de emergencia para abarcar también ese centro, mientras que el ministerio de Seguridad ha iniciado las gestiones para la construcción de una nueva instalación en esa localidad.
