El abogado de Chi, Wes Ball, ha dicho que aunque en el caso de su defendido no hay orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para la revisión de su caso, éste debe de tener también el derecho de una revisión debido a que su derecho a la notificación internacional fue violentado.
En 2004, la CIJ determinó que EEUU violó la Convención de Viena de 1963 al no respetar el derecho de medio centenar de mexicanos que están en el corredor de la muerte en todo el país de obtener servicio consular cuando fueron detenidos.
Ball ha asegurado que Chi pidió en numerosas ocasiones que se le permitiera hablar con representantes de su país porque desconocía el sistema jurídico de Estados Unidos al momento de su detención.
Al reo, que fue arrestado en California, se le permitió hablar con representantes del Consulado de Honduras cuando ya había sentenciado a muerte.
Chi contaba con fecha de ejecución para octubre de 2007, sin embargo ésta fue suspendida cuando la pena capital estuvo bajo virtual moratoria en el país mientras el Supremo decidió considerar los recursos de dos condenados en el estado de Kentucky que alegaron que la inyección letal era un castigo inconstitucional.
En mayo pasado, el máximos tribunal del país rechazó dicho argumento y los estados reanudaron las ejecuciones.
Texas inició con el ajusticiamiento el 11 de junio de Karl Chamberlain, convicto por violar y asesinar a una mujer hace 17 años, y programó la de otros 14 para los próximos cinco meses, entre ellos Chi.
El embajador de Honduras en EEUU, Roberto Flores Bermúdez, ha solicitado al gobernador de Texas, Rick Perry, suspender la ejecución alegando que en el caso del hondureño, al igual que el del mexicano José Medellín, cuya ejecución está pautada para el próximo martes, no se respetaron sus derechos.
Texas se hizo caso omiso a la petición presidencial que pedía cumplir con el mandato de la CIJ y finalmente el Tribunal Supremo falló a su favor ya que no existe una legislación nacional que obligue al estado cumplir el mandato de la Corte Internacional.
A pesar de que en los casos de Chi y Medellín las apelaciones descansan en la violación a su derecho internacional, en el del mexicano, sus abogados pidieron hoy al Supremo la suspensión temporal de su ejecución para que el Congreso pueda votar una ley que instruya a las cortes de Texas a revisar su caso.
Además de Chi se encuentran en el pabellón de la muerte en Texas los hondureños Edgardo Cubas y Carlos Ayestas.
