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Honduras no está en la obligación de extraditar al expresidente Hernández, insiste exprimera dama

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Tegucigalpa – El Estado de Honduras no está en la obligación de extraditar al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) hacia Estados Unidos, aseveró su esposa y exprimera dama, Ana García de Hernández.

“El tratado que fue suscrito en 1909 entre Estados Unidos y Honduras, es un tratado que no habilita bajo ninguna circunstancia la extradición de nacionales de ninguno de los dos países”, declaró la exprimera dama.

En una entrevista al canal HCH, citó que el artículo 8 del tratado estable que ninguna de las partes estará obligada a entregar a sus propios ciudadanos en virtud de ese convenio.

La exprimera dama hondureña se refirió al recurso de apelación que conocerá este lunes el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el proceso de su extradición de su esposo.

García de Hernández anheló que el pleno de magistrado si escuche los alegatos y argumentos de la defensa para evitar la extradición del exmandatario hondureño.

Lamentó que el juez natural decidiera no escuchar los argumentos –que según ella- tienen el peso de la ley para no conceder la extradición.

Asimismo, clamó que la decisión del Poder Judicial sea sin presiones ni condicionamientos y que aplique justamente la ley en otorgar la apelación y denegar la solicitud de extradición.

Mencionó que hay antecedentes en la que Estados Unidos no concede la extradición de sus ciudadanos en convenios similares a la que posee con Honduras.

En ese orden, arguyó que Honduras tampoco debe corresponder con la entrega de sus ciudadanos.

Hacer la extradición bajo esas condiciones es un atropello a los derechos humanos de mi esposo, violación de las obligaciones que ha suscrito el Estado hondureño, exclamó.

Calificó la solicitud de extradición de su esposo como una conspiración y venganza de los narcotraficantes que tienen negociaciones con el gobierno de EEUU para rebajar o reducir sus penas.

Sostuvo que las pruebas de testimonios de narcotraficantes confesos no tienen validez legal y que se basan en “chismes”. AG

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