Tegucigalpa – En Honduras la población penitenciaria supera los 16 mil 600 privados de libertad de los cuales el 52 por ciento están a la espera de sentencia.
El autogobierno y el hacinamiento son una especie de bomba de tiempo estiman los entendidos
Autoridades buscan descongestionar las cárceles a través de procesos agiles e integrales.
La situación carcelaria es una crisis permanente y de larga data a la que las autoridades buscan respuestas que plantean desde un plan para realizar juicios virtuales y ágiles, el uso de grilletes electrónicos y la construcción de edificaciones penales. Todas las medidas darían respuesta inmediata y parcial al problema pero expertos concluyen que todo pasa por procesos judiciales expeditos.
La afirmación en 2013 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del relator especial Rodrigo Escobar Gil, en el sentido de que “el sistema penitenciario en Honduras es deshumanizado, paupérrimo y corrupto” y que “las condiciones de existencia en las cárceles son totalmente contrarias a la dignidad humana”, mostró un rostro descarnado que, pese a las medidas tomadas por el actual gobierno, aún prevalece en el sistema.
Un informe divulgado en marzo de este año por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), señala la crítica problemática al interior de las cárceles de Honduras, donde la prevalencia de la violencia pandillera y las deplorables condiciones indican que el sistema penal no da respuestas adecuadas.
Continúa el autogobierno
La comisionada del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, Odalis Nájera, le manifestó a Proceso Digital que esa organización realiza un trabajo de monitoreo permanente en las cárceles y han constado que en los últimos años las expectativas de mejora del sistema carcelario han sobrepasado a la realidad.
“Sigue habiendo el autogobierno en las cárceles, continúa el hacinamiento, la corrupción en el interior, porque ya lo hemos visto en el penal de San Pedro Sula donde hubo amotinamientos, disparos de armas de fuego, por parte de los mismos internos de lo que se deduce que están armados dentro”, arguyó Nájera.
Agregó que el Instituto Nacional Penitenciario no tiene control en coordinar la autorización de otras autoridades que ingresan a las cárceles, lo que a su juicio genera dificultades. Citó como ejemplo lo ocurrido en el centro penal del barrio Inglés en La Ceiba, donde hubo 13 privados de libertad heridos con arma de fuego y cuatro con crisis respiratoria, producto de los gases lacrimógenos.
Nájera considera que hay decisiones que se tienen que tomar por parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que tienen que ver con sobrepoblación, hacinamiento, política criminal, procesos de investigación para dar respuestas integrales a la problemática.
Como respuesta a la sobrepoblación en las cárceles, las autoridades están construyendo centros penitenciarios como el de Naco, Cortés; Ilama en Santa Bárbara y el de Morocelí, en El Paraíso, los que ese comité ha ido a visitar.
Sistema de justicia lento
Indicó que todos los días se informa sobre capturas de personas por diversos delitos, de las cuales muchas van a parar a las cárceles que ya están sobrepobladas, lo que, a su juicio, significa que no hay proporcionalidad entre la gente que entra y la gente que sale de las mismas.
“Están capturando y remitiendo a prisión a muchas personas y el sistema de justicia sigue siendo lento, la investigación sigue siendo deficiente, sigue habiendo presos sin condena, el problema es bastante serio realmente”, apuntó.
Sobre las capturas que a diario se realizan, el portavoz de la Secretaría de Seguridad, subcomisionado Luis Osavas, explicó que la Policía ejecuta las capturas y es el Ministerio Público el que judicializa los casos de delito y los jueces deciden si aplican o no que el imputado sea beneficiado con medidas sustitutivas de la cárcel.
“Sabemos que hay una gran cantidad de población penitenciaria, pero nuestra función es detener a quien comete un delito y ponerlo a la orden de las autoridades”, arguyó.
Osavas detalló que en promedio, la Policía ejecuta a diario entre unas 10 y 15 órdenes de captura, aunque hay días que esa cantidad aumenta o disminuye y también figura el tema de las personas detenidas en flagrancia, lo que incluye los delitos de homicidio, portación ilegal de armas de fuego, que son casos muy frecuentes y personas en posesión de drogas principalmente para el narcomenudeo lo que genera mucha violencia.
Incumplimiento de garantías
Respecto a situación de los derechos humanos de los propios internos y sus familiares, Nájera indicó que los mismos necesitan ser mejorados.
“Nosotros hemos señalado constantemente la necesidad que hay (de) revisar algunos procesos que tienen que ver con el tema de la vista, por ejemplo, hasta con el registro de los hijos de las personas que se encuentran guardando prisión, quienes no pueden ser inscritos en el Registro Nacional de las Personas (RNP), porque simplemente cuando van a asentarlos a esa institución, es necesario que el privado de libertad vaya y no hay facilidades para el transporte; el problema carcelario es viejo y estructural en el que tienen que ver ciertamente todas las estructuras del Estado”, acotó.
Añadió que la semana que recién finalizó, cerró un informe sobre una visita que hizo al centro penal de Juticalpa, Olancho, en donde los custodios demandan desde salarios hasta uniformes e inclusión en los sistemas de previsión social.
Pedirán sentencias expeditas
Los grados de hacinamiento en las cárceles son cada vez mayores y los recintos penitenciarios ya no se dan abasto, pues la cantidad de reos supera los 16 mil, de los cuales más de la mitad no tienen sentencia, lo que provoca una sobrepoblación en los 25 presidios que funcionan en Honduras.
En ese sentido, las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, presentarán en los próximos días ante el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, una serie de recomendaciones para que el Poder Judicial pueda de una manera más expedita sentenciar o no a los imputados.
“Ya tenemos un plan que se lo vamos a proponer al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y obviamente al presidente de la República (Juan Orlando Hernández), para que lo analice y tome una decisión de Estado, que tiene que ver también con una relación interinstitucional donde el Poder Judicial va a tener que disponer de mecanismos en los cuales debe, de forma directa, incidir en las sentencias que se deben generar con los privados de libertad porque nos hemos encontrado que más del 50 por ciento de la población penitenciaria no tiene sentencia”, manifestó el ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Leonel Ayala.
El ministro Ayala dijo que se necesita que se agilice ese trámite a través de juzgados móviles, videoconferencias para que se realicen rápido los juicios, disponer de mayor personal en los diferentes juzgados.
Entre las recomendaciones que se presentarán ante el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, figura la implementación de más tecnología como grilletes electrónicos para reos especiales en zonas específicas, más granjas agrícolas penales para los recluidos, construcción de más centros penales, modificar las medidas del Poder Judicial para que se evacuen más rápido los juicios para dictar sentencias y disminuir la población carcelaria, implementar con mayor efectividad las medidas cautelares.
Mientras tanto, para evitar un colapso en los centros penales se continúa con la construcción de nueva cárceles, según las autoridades, entre las que figuran la que se construye en Ilama, Santa Bárbara, Morocelí en el departamento de El Paraíso y en Naco, Cortés, en donde se albergarán al menos seis mil reos.
“Se están construyendo centros penales como el de Ilama, Morocelí en El Paraíso como el de Naco en Cortés y el de El Porvenir y decir que también estamos albergando nuevos privados de libertad que pueden andar entre cinco mil o seis mil para diciembre de 2017”, acotó Ayala.
Otra medida para intentar reducir la sobrepoblación carcelaria son los indultos y dar un trato diferenciado a los presos que están en estado de demencia o que su estado de salud ya no les permite estar recluidos al sufrir de enfermedades terminales, señaló el funcionario.
“Estamos tratando de igual forma que se pueda disponer de mecanismos de tecnologías para que en cierto tipo de delito, las personas no estén en un recinto penitenciario sino que puedan estar con un grillete electrónico, por ejemplo, con una regulación para moverse en un área específica como sucede en otros países como Estados Unidos, pero tenemos que regular la legislación”, agregó.
Cárceles por departamento
Una idea manifestada por el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Torturas Tratos Crueles y Similares, Orle Solís, es que los 18 departamentos del país tengan su propio centro penitenciario para lo cual se están realizando estudios donde se incluye que cada departamento cargue con las personas que cometan delitos y no sean trasladados a otros departamentos.
“La idea es lograr construir centros penitenciarios en regiones y en departamentos y que éstos sirvan para albergar a los privados de libertad que cometa un delito en esa región y no tenga que ser traslado a otro departamento o región y evitar el traslado y el gasto de transporte, el gasto de alimentación y de hospedaje de los familiares de los privados de libertad que vengan a hacer sus visitas correspondientes”, argumentó Solís.
Agregó que además es lo más recomendable ya que no pueden construirse centros penales en lugares donde no se cometió el delito y además hay muchos reclamos en regiones donde no les gusta que les vayan a construir cárceles, entonces se debe cargar el departamento donde se cometió el delito para ir reinsertando, reeducando o rehabilitando a los privados de libertad.
Para representantes de organizaciones de la sociedad civil, el colapso del sistema penitenciario hondureño, no es más que el resultado de la mala gobernabilidad que ha existido, como lo afirma el coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera.
“Yo creo que no solo se trata de infraestructura, de ubicación geográfica, se trata de poner al frente de la administración de los centros penitenciarios a los más capaces, yo creo que más bien resultaría contraproducente hacerse cargo de una responsabilidad para lo cual no está preparado; yo creo que es responsabilidad del Estado administrar de manera eficiente, a través del Instituto Penitenciario, esos centros”, arguyó Rivera.
La idea que manifiesta Solís, los alcaldes estarían a cargo de los privados de libertad con el apoyo de los ediles de los demás municipios del departamento, aunque representantes de organismos defensores de derechos humanos, como el director del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, lo correcto es cerrar cárceles y no habilitar más.
Sin embargo, en entrevista con Proceso Digital, el ministro Ayala afirmó que sobre esa idea de construir cárceles en cada departamento, “no hay nada oficial de eso, ahorita lo que hay son dos centros penales, uno en Ilama y el otro en Morocelí y el de Naco que está en construcción también”.
Fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización indicaron que se está trabajando en un plan para mejorar las condiciones de todos los centros penitenciarios a nivel nacional para poder aminorar el número de personas que están en las cárceles, para reducir la mora judicial y mejorar las condiciones conforme a lo que exigen las normas de respeto a los derechos humanos y todo eso es parte de un plan que se está proponiendo al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que se ha elaborado en conjunto con el Instituto Nacional Penitenciario y otras instituciones pues se trata de un proyecto interinstitucional que se terminó de hacer justamente la semana que recién finalizó.
