Canahuati comentó sobre la situación de los derechos humanos en una conferencia de prensa en Miami en la que instó a sus compatriotas en EE.UU. a renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que concede este país a personas que huyen de desastres naturales o conflictos civiles para que estén aquí legalmente.
En materia de garantías constitucionales precisó que se ha nombrado una ministra de derechos humanos que trabaja con una fiscal y se ha conformado una comisión interinstitucional en la que participa la Cancillería.
Honduras ha enviado una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que participe en el proceso de revisión de «todos los casos que están pendientes, no sé si son 127, es una cantidad bastante importante de casos».
Al tiempo que se ha invitado a las organizaciones no gubernamentales relacionadas con los derechos humanos a que visiten al país centroamericano.
«Eso lo que demuestra es que hay un presidente que está agarrando el tema de los derechos humanos en serio y sin temor», aseguró el diplomático.
La CIDH en un informe preliminar divulgado el pasado 7 de junio afirmó que «continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado» que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya en junio del 2009.
Con respecto a los asesinatos de periodistas hondureños, Canahuati dijo hoy que las investigaciones de dos de los casos han determinado que fueron perpetrados por «sicariatos por robarles su teléfono».
Mientras que otros seis están pendiente de investigación por lo que el presidente Porfirio Lobo ha solicitado ayuda a España, Colombia y Estados Unidos.
«Tengo entendido que Estados Unidos ya envió 10 elementos de FBI (Oficina Federal de Investigaciones por sus siglas en inglés) para darle seguimiento a estos casos», reveló.
Aseguró que la situación les tiene «preocupados», pero no solo la muerte de los periodistas, también «la cantidad de personas que están perdiendo la vida, desde empresarios hasta jóvenes».
Muertes que atribuyó a la situación «difícil que vive el país en el tema de criminalidad: el ato nivel de narcotráfico y la injerencia del crimen organizado».
Un asunto que, aseveró, es otra de las prioridades del Gobierno hondureño en la que ya ha comenzado a actuar con una estrategia que declinó desvelar totalmente, pero adelantó que han iniciado acciones para controlar lo que llamó el corredor del Atlántico y «los aviones que vienen de Venezuela».
«Siguen llegando, lo hemos hecho público. Tienen banderas lamentablemente venezolanas, no podemos juzgar qué es lo que está sucediendo en específico, pero sí vienen y salen de Venezuela, es la información que tenemos», añadió.
Las autoridades judiciales de Honduras han informado de que la mayoría de las avionetas que caen en ese país y que son detenidas o quemadas después de descargar drogas proceden de la nación andina.
«Todo viene de alguna manera de la falta planificación de EE.UU. al concentrarse primero en Colombia con el Plan Colombia y luego en México con el Plan Mérida, en vez de diseñar una estrategia que incluyera a México, Centroamérica y Colombia. Lo que hicieron los carteles (de las drogas) fue moverse», dijo el canciller.
La reinserción de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la presunta presión de países para que el ex presidente Manuel Zelaya regrese sin afrontar cargos ante la justicia, fueron otros temas analizados por el diplomático.
«Siento que las cosas marchan bien, esperamos que la próxima semana quede conformada la comisión de alto nivel de la OEA y su mandado es darle seguimiento al proceso de fortalecimiento y normalizando de la democracia en Honduras», informó.
Referente a la supuesta presión sobre el caso de Zelaya, afirmó que no trabajarán con ningún tipo de presión y recordó que el presidente Lobo lo invitó a ir al país para que «haga lo que han hecho otros funcionarios: llegar y si tienen alguna deuda pendiente con la Justicia que simplemente la enfrenten».
Zelaya, dijo, podría solicitar acogerse a la amnistía que el Gobierno ha otorgado para todos los «delitos políticos y conexos».
La Fiscalía General en mayo afirmó que no se anularán los procesos contra Zelaya, y recordó que los delitos políticos están sujetos a un decreto de amnistía, pero el ex presidente debe comparecer ante los jueces para que se le pueda aplicar.
