Tegucigalpa – Aunque el cambio climático ha figurado como tema importante en la agenda del actual gobierno, sus acciones y resultados son contradictorios, señaló este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en la presentación del informe Estado de país: Cambio climático, la quinta entrega de la serie que analiza avances y retrocesos en sectores claves para el desarrollo del país.
En 2025, el Índice de Riesgo Climático ubica a Honduras como el tercer país más vulnerable del mundo ante fenómenos extremos.
Esta realidad quedó evidenciada en 2024, cuando se registraron 3,170 incendios forestales que consumieron 296,789 hectáreas de tierra, una extensión equivalente a más de 313 mil canchas de fútbol. Las comunidades más afectadas se ubicaron en Francisco Morazán, Olancho y Gracias a Dios.
A esta emergencia ambiental se sumó el impacto de la tormenta Sara, que afectó a más de 250 mil personas y provocó severos daños en sistemas de agua potable y saneamiento, infraestructura vial, viviendas y producción agropecuaria.
Asimismo, en abril, las altas temperaturas causaron al menos nueve muertes, principalmente en la zona sur del país.
En adición, la calidad del aire también alcanzó niveles críticos. El 3 de mayo de 2024, Honduras registró el peor índice de contaminación atmosférica de todo el continente americano, según el Índice de Calidad del Aire (ICA) de IQAir.
Frente a esta realidad, ASJ advirtió que los esfuerzos gubernamentales continúan siendo insuficientes.
Aunque la presidenta Xiomara Castro ha reconocido la gravedad de la crisis climática y se han destinado 3 mil 103 millones de lempiras a programas de reforestación, cada año Honduras pierde alrededor de 50 mil hectáreas de bosque.
Y, aunque en el marco del Acuerdo de París el país se comprometió a restaurar 1.3 millones de hectáreas de bosque, para cumplir la meta sería necesario reforestar aproximadamente 216 mil 667 hectáreas anualmente entre 2025 y 2030.
Sin embargo, hasta 2024 solo se han intervenido 62 mil 500 hectáreas, lo que equivale apenas al 4.8 % del compromiso adquirido.
Pese a la declaración de emergencia ambiental y el lanzamiento de la Estrategia Cero Deforestación al 2029, apenas se han cumplido cinco de las 18 acciones previstas en su primer año de vigencia.
Además, proyectos gubernamentales como la propuesta para construir una cárcel de máxima seguridad en zonas protegidas provocaron rechazo social y fueron percibidos como intentos de ecocidio, afectando aún más la confianza en la gestión ambiental.
El panorama judicial también es alarmante. En 2024, se denunciaron 966 delitos ambientales, de los cuales solo 56 resultaron en sentencias, lo que refleja una impunidad del 94 %, según estimaciones de ASJ. La Fiscalía Especial del Medio Ambiente ha operado con apenas el 0.6 % del presupuesto del Ministerio Público durante los últimos cinco años.
Esta falta de acción se evidenció de manera trágica con el asesinato del defensor ambiental Juan López en septiembre de 2024. Aunque se capturaron tres supuestos autores materiales, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha señalado que aún falta identificar a los autores intelectuales del crimen.
Por lo anterior, ASJ realizó un llamado urgente al gobierno de Honduras a fortalecer las políticas de conservación y reforestación, implementar estrategias efectivas y sostenibles para la prevención y control de incendios forestales.
Además, exhortó a garantizar la participación activa de comunidades indígenas, afrodescendientes y sociedad civil en la toma de decisiones ambientales, proteger de manera efectiva a los ambientalistas y defensores de la tierra y asegurar el funcionamiento eficiente del sistema de justicia para poner fin a la impunidad de los delitos ambientales. (RO)
