– La Canciller Agüero demandó a EEUU por el cumplimiento del derecho de que todos los inmigrantes sean oídos por un juez de migración.
– Oficiales estadounidenses han detenido entre octubre de 2013 y junio pasado a más de 52 mil menores no acompañados entrando a EEUU de manera ilegal, la mayoría provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala.
En ese contexto, las luchas entre republicanos y demócratas no salen de las medidas coercitivas para evitar la vulneración de sus fronteras por parte de los pequeños centroamericanos y en su debate apenas asoma el tema que origina el éxodo de menores.
Así lo demuestran los rubros que componen el desglose de los cerca de cuatro mil millones de dólares que la administración Obama solicita al Congreso para atender la crisis generada por el incremento de la migración.
Honduras, uno de los países de donde más niños salen a través de la ruta migratoria rumbo al norte del continente, cruzando Guatemala y tierras mexicanas bordeando el Golfo de México hasta llegar a Reynosa para luego cruzar el río Grande hasta llegar a la Unión Americana, ha iniciado una serie de acciones para enfrentar el fenómeno migratorio.
En ese contexto el presidente Juan Orlando Hernández ordenó la creación de una fuerza de tarea que encabeza la primera dama Ana García y quien coordina una serie de programas sociales para atender a los retornados. Igualmente se ha declarado Emergencia Humanitaria y esta semana Tegucigalpa será sede de un encuentro regional en el que participan los países de la región así como los de tránsito y destino de los pequeños migrantes y agencias del sistema de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para conversar sobre las causas y los retos que presenta la oleada de migrantes.
Al par, el gobierno hondureño exige por parte de Estados Unidos “un proceso justo” en cada uno de los más de 14 mil casos reportados por la Patrulla Fronteriza, al tiempo que a partir de este lunes comienza la llegada de vuelos con grupos familiares retornados desde el norte del continente.
¿Cambiar la ley?Desde octubre del pasado año, más de 57 mil menores han cruzado la frontera sin compañía de un adulto, la mayoría procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, lo que ha desbordado a los centros de acogida y puesto en un aprieto a la administración de Obama.
Según la Casa Blanca, una de las opciones que examina Obama es cambiar una ley de 2008 que exige que la Patrulla Fronteriza entregue al Departamento de Salud a aquellos niños indocumentados que crucen el límite del país y cuya nación de origen no comparta frontera con EEUU, en lugar de deportarles de inmediato.
Esta ley, que promulgó el ex presidente republicano George W. Bush poco antes de dejar su cargo y que contó con el apoyo de republicanos y demócratas del Congreso, pretende proteger a los menores de la explotación sexual y otros abusos.
La ley permite a los menores indocumentados de países que no linden con EEUU que sus casos sean escuchados ante un juez de migración, por consiguiente están en el país mientras esperaran a la audiencia, «lo que puede durar meses o años».
Republicanos y demócratas en Tegucigalpa
Esta migración infantil llevó a un grupo de congresistas de los EEUU, tanto republicanos como demócratas a visitar este domingo al presidente Juan Orlando Hernández, quien les afirmó que las causas que impulsan la intensa migración desde el Triángulo Norte de Centroamérica hacia el Norte del continente han cambiado recientemente a una compleja combinación de causas subyacentes, tales como la violencia, la delincuencia y la falta de información alrededor del proceso legal de reforma migratoria en la Unión Americana.
Uno de los puntos del planteamiento de la administración Hernández se basa en que un 29% de los migrantes que llegan a Estados Unidos provienen de Honduras y, el crimen organizado, en el 70 por ciento de los casos, es la razón por la cual los ciudadanos de este país centroamericano deciden emigrar.
Por cada nueve menores hondureños no acompañados que cruzan la frontera de Estados Unidos, siete provienen de ciudades hondureñas ubicadas en la ruta del narcotráfico interna de Honduras, les refirió el mandatario al tiempo que explicó que estas ciudades se encuentran en los 30 de 298 municipios más violentos de Honduras.
Respecto a la incidencia del tráfico de drogas y su impacto en la seguridad ciudadana, el presidente Hernández enfocó su planteamiento al deterioro sufrido en la región tras el desplazamiento de los criminales organizados desde México y Colombia debido a lo exitoso de los planes Mérida y Colombia en sus respectivos países.
Los esfuerzos hondureños por contener el narcotráfico y el crimen organizado lo llevaron a invertir en 2013, el 19.2% del Producto Interno Bruto (PIB), expuso en el contexto el gobierno hondureño.
Los norteamericanos no brindaron declaraciones. Su delegación fue encabezada por la congresista republicana de Texas, Kay Granger, presidenta del Comité de Apropiaciones y del Subcomité de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados e integrada por el presidente del Comité de Apropiaciones y del Subcomité del Departamento de Seguridad Nacional, John Carter (Republicano de Texas); miembro de Alto Nivel del Comité de Apropiaciones y del Subcomité del Departamento de Seguridad Nacional, David Price (Demócrata de Carolina del Norte); del Comité de Apropiaciones y del Subcomité de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados.
Asimismo, por Mario Diaz-Balart (Republicano de Florida); miembro del Comité de Apropiaciones y del Subcomité del Departamento de Seguridad Nacional, Henry Cuellar (Demócrata de Texas); miembro de Comité de Servicios Financieros, Steve Pearce (Republicano de Nuevo México); y el presidente de Comité de Asuntos Exteriores, y del Subcomité del Hemisferio Occidental, Matt Salmon (Republicano de Arizona).
Llegan primeros grupos familiares
De forma oficial se informó que este lunes llega al país el primer vuelo con unidades familiares de migrantes deportados.
El grupo de hondureños será recibido por la fuerza de tarea gubernamental.
El vuelo proveniente de El Paso, Texas y repatriará a 40 hondureños que forman parte de las unidades familiares que fueron detenidas en la frontera de Estados Unidos y permanecen en albergues en Houston.
El gobierno ha prometido incorporarlos a los programas sociales del Gobierno.
Más deportados llegarán por la vía terrestre este mismo lunes, cuando ingreses a Corinto, frontera entre Honduras y Guatemala, entre siete y nueve buses provenientes de México con al menos 266 hondureños que fueron detenidos en tierras mexicanas mientras trataban de cruzar la frontera estadounidense.
Canciller exige información y respeto para cada migrante
De su lado, la canciller hondureña Mireya Agüero de Corrales, dijo que Honduras seguirá abogando ante los Estados Unidos por la entrega diaria y expedita de información sobre los inmigrantes detenidos en la frontera, por el acceso del personal consular a los centros de detención de la Patrulla Fronteriza y a los centros de procesamiento y albergue.
Remarcó que “exigimos el tiempo necesario para procesar todas las solicitudes de deportación que se presentan en consulados hondureños y el cumplimiento del derecho de que todos los inmigrantes sean oídos por un juez de migración”.
“Todos los procesos deben enmarcarse en el respeto a la reunificación familiar y a los intereses superiores del niño”, destacó la rectora de la política exterior de Honduras.
La canciller Agüero de Corrales recordó la necesidad de que más allá de la inversión en programas coercitivos en el tema migratorio lo que se requiere es atajar la raíz de la problemática y en este sentido dijo que Honduras sobrepasa en sus necesidades y que es necesario lograr el apoyo regional para atender la crisis.
Globalizar la solidaridad
En tanto los obispos de la región también han emitido una declaración sobre la crisis humanitaria y ha evocado a “globalizar la solidaridad”.
Estos niños salieron de sus países empujados por la miseria, la violencia o el deseo de reunirse con sus padres o algunos de sus familiares que ya han migrado, y ahora, luego de enfrentar toda clase de privaciones y peligros, viven una terrible crisis humanitaria.Esta dramática situación nos afecta a todos y ha de comprometernos a “globalizar la solidaridad”, reconociendo, respetando, promoviendo y defendiendo la vida, dignidad y derechos de toda persona, independientemente de su condición migratoria.
Los obispos reconocen que algunos de estos niños y adolescentes migrantes podrían obtener la condición de refugiado o protección complementaria.
La declaración es rubricada por los obispos Óscar A. Rodríguez Madariaga; Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara y Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano; Romeo Tovar Astorga, Obispo de Santa Ana y Secretario General de la Conferencia Episcopal de El Salvador; Eugenio Lira Rugarcía, Obispo Auxiliar de Puebla y Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano; Domingo Buezo Leiva, Obispo Vicario de Izabal y Secretario de la Conferencia Episcopal de Guatemala; Eusebio Elizondo, Obispo de Seattle, Presidente del Comité de Migración y Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos; Guillermo Ortiz Mondragón, Obispo de Cuautitlán y Presidente de la Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Igualmente los firmantes apoyan la solicitud que Monseñor Mark Seitz, Obispo de El Paso, Texas ha formulado al Comité de Migración de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de emitir declaratoria de crisis humanitaria para dar una respuesta integral al problema, creando políticas públicas que den servicios básicos y protección al migrante, examinado las raíces del éxodo migratorio, asignando recursos federales para invertir en los países expulsores a fin de evitar la necesidad de migrar, y promoviendo programas de reunificación familiar para los migrantes.
