Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) planteó este viernes la necesidad de que Honduras promueva mecanismos para identificar afectaciones por el desplazamiento forzado tras constatar que el país tiene vacíos en cuanto a la protección de los bienes de esas personas.
La falta de una base de datos que relacione los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos con la propiedad, «invisibiliza la problemática de las tierras y viviendas de los desplazados forzados, a la vez que limita las posibilidades de protección de los bienes despojados por la violencia y su futura restitución», indicó el Acnur.
Esta es una de las conclusiones que arroja el estudio «Tierras, viviendas y desplazamiento forzado en Honduras», que divulgó este viernes el ACNUR en Tegucigalpa.
Otra circunstancia que refleja el estudio es que en Honduras hay «vacíos de protección» en la «legislación y en las instituciones públicas actuales» para actuar de oficio y proteger las viviendas o tierras abandonadas por las personas que se ven obligadas a desplazarse.
El director de ACNUR en Honduras, Andrés Celis, dijo que ante el desplazamiento forzado las autoridades hondureñas deben encontrar «alternativas de protección administrativa y jurídica de los bienes» de las personas desplazadas.
Señaló que, además de promover alternativas de protección, es necesario mejorar los registros en materia de catastro, pues el hecho de que no exista es un riesgo que facilita «despojos» de los bienes a las personas obligadas a desplazarse por la violencia.
«Es un tema muy grave y es muy complicado que ocurriéndole a cientos de personas no se haya definido un procedimiento de protección», subrayó Celis.
El informe señala también que cuando una persona abandona su casa o es usurpada por alguien más, el Instituto de la Propiedad «no tiene la capacidad para actuar de oficio con la finalidad de hacer anotaciones en el registro del inmueble, que constituya una alerta o lo inactive en el comercio».
Destaca que los sistemas de información sobre propiedad, procesos de regularización y ordenamiento territorial en Honduras «no son sensibles a registrar hechos de violencia, inseguridad o casos desplazamiento forzado o situaciones que alteren la tenencia o uso de la tierra».
El documento resalta también que el alto grado de informalidad de la tenencia de tierra, principalmente en el área rural, hace «más compleja» la posibilidad de proteger los bienes de la población desplazada.
Según un informe presentado en 2015 por autoridades hondureñas, la violencia causó el desplazamiento interno de 174,000 personas entre 2004 y 2014.
