Tegucigalpa – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe donde verifica el cumplimiento de cuatro recomendaciones del informe de país de Honduras de 2019 sobre personas privadas de la libertad, donde señala que estas se han cumplido de forma parcial.
El informe recoge además, el seguimiento de recomendaciones sobre personas privadas de la libertad en Guatemala y El Salvador, a fin de identificar las medidas de cumplimiento y los desafíos en la implementación de las recomendaciones dirigidas a los tres países sobre los derechos de esta población.
Para Guatemala son siete las recomendaciones, para El Salvador cinco y cuatro para Honduras, las que según el seguimiento los países enfrentan desafíos comunes para la implementación de las recomendaciones realizadas en referencia al respeto y garantía de los derechos de la población penitenciaria.
“Buena parte de las acciones que la CIDH identificó en el presente informe como medidas dirigidas al cumplimiento parcial de las recomendaciones bajo seguimiento se desarrollaron de manera reciente, la mayoría, en respuesta a la situación de riesgo que enfrentó la población penitenciaria en estos países ante la irrupción de la pandemia de COVID-19”, cita el informe, donde la CIDH agrega que valora los esfuerzos realizados.
Desafíos comunes
El reporte señala que los principales desafíos que enfrentan los tres países son la implementación de políticas de “mano dura” para combatir la criminalidad y la violencia; el hacinamiento; el uso excesivo de la prisión preventiva; las deficientes condiciones de detención; la ausencia de medidas efectivas para garantizar una atención diferenciada a los grupos en especial situación de riesgo; y la falta de incorporación de nuevas tecnologías a la gestión penitenciaria.
“En Honduras, las políticas de “mano dura” se refleja en la disposición del código de procedimiento penal que no acepta medidas sustitutivas a la prisión preventiva para los delitos de narcotráfico, tráfico de armas ni para los delitos relacionados con las “maras””, cita el informe.
Además, la CIDH observa con preocupación que, en Guatemala y Honduras, el número de personas privadas de libertad en prisión preventiva alcance niveles cercanos al 50 % de la población penitenciaria.
En otro apartado indica que “a partir de la última información reportada por el Estado de Honduras en torno a que, a partir del 1 de julio de 2023, la Policía Militar del Orden Público asumiría la coordinación, dirección y control de los 21 centros penales de Honduras por un periodo de un año, la CIDH ha identificado que esta medida 277 contraría el contenido de esta recomendación”.
Por otro lado, entre las buenas prácticas dirigidas a disminuir el hacinamiento en los centros penitenciarios, la CIDH destaca el Plan de Descongestionamiento de los Centros Penitenciarios impulsado por el Poder Judicial en Honduras.
De acuerdo con el Estado, al 30 de junio de 2021, unos mil 575 personas habrían sido beneficiadas con la medida.
La Comisión resalta las iniciativas emprendidas en Guatemala y Honduras dirigidas a revisar los casos de los adolescentes en prisión preventiva para sustituir la medida por una no privativa de libertad. Esto, con el fin de disminuir la sobrepoblación en los centros de detención juvenil durante la pandemia de COVID-19, y priorizar la ejecución de medidas en libertad. VC
