Tegucigalpa – A más de una semana del asesinato de la líder indígena, Berta Cáceres, pocos detalles se conocen sobre quienes ordenaron y ejecutaron su muerte, mientras crece la presión internacional para resolver este emblemático caso.
– “La muerte de Berta Cáceres, no será tolerada ni quedará en la impunidad”, promete el gobierno.
– Más de 220 organizaciones de derechos humanos enviaron una carta al secretario de Estado de EEUU, John Kerry, para pedirle que impulse una «investigación independiente» sobre el asesinato de Cáceres.
– Familiares de Cáceres denuncian que pidieron cita con el fiscal general, pero de momento no reciben respuesta a su petición.
Berta Cáceres era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), defensora de derechos humanos y líder de la etnia lenca que vive en el occidente de Honduras.
Fue asesinada en la madrugada del 3 de marzo. La dirigente indígena tenía medidas cautelares, pero el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, dijo que a petición de ella misma sólo se le proveían custodios cuando salía de la ciudad o lo solicitaba. Las denuncias de Berta Cáceres sobre intentos para matarla fueron múltiples.
Desde que se cometió el crimen, tres personas fueron requeridas por las autoridades competentes en calidad de testigos, sin embargo de momento no hay requerimientos fiscales ni personas señaladas de cometer el suceso criminal.
La Fiscalía hondureña, mediante la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en colaboración con agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, realizan las pesquisas para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales del crimen.
Descubrir científicamente la verdad
Para el fiscal general Oscar Chinchilla, lo fundamental es descubrir cuál es el móvil del asesinato y presentar una solución real del caso a la comunidad hondureña e internacional.
El funcionario dijo que encontrar a los verdaderos culpables lleva a afianzarse en una investigación seria y responsable, con pruebas científicas, que logre hechos sustentados.
“La vida de todo hondureño no debería perderse y aquí tiene el ingrediente que se trataba de una defensora activa de los pueblos indígenas y de los derechos humanos, es un hecho lamentable y un reto para el Estado, hay que encontrar a los culpables, descubrir cuál fue el móvil y presentar no solo para los hondureños, sino para la comunidad internacional que está muy pendiente, una solución real del caso” reafirmó el titular del ministerio Público.
Agregó que las agencias destinadas a atender el caso del crimen de Berta Cáceres, “están trabajando fuertemente. En un sector de la investigación la DPI, otra parte la maneja la ATIC, la Ley del Ministerio Público le permite al director de fiscales decidir quien trabaja un caso o conformar equipos que es lo que él está haciendo; la unidad de Medicina Forense está trabajando fuerte, existen algunas informaciones preliminares, se han hecho diligencias” dijo el fiscal quien no quiso externar detalles de las hipótesis más cercanas a lo fidedigno.
El MP tiene asesoría de algunas agencias estadounidenses, vinculadas a las unidades de homicidios y delitos contra la vida.
En tanto, un comunicado emitido por el gobierno reza que “para garantizar la agilidad y transparencia en la investigación del crimen de la defensora de derechos humanos, Berta Cáceres, el Estado de Honduras mantiene activos todos sus organismos de investigación y del sistema de operadores de justicia. La investigación tiene el acompañamiento de agentes especializados de países amigos, así como del acompañamiento en el proceso de instituciones nacionales, organismos y organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos”.
Desde que se suscitó el crimen, el mexicano Gustavo Castro es parte importante en el proceso investigativo en vista que presenció el suceso e incluso resultó herido por quienes irrumpieron en la vivienda de Cáceres ubicada en la Residencial El Líbano en la Esperanza, Intibucá.
Pese a que el activista mexicano ya ha declarado, las autoridades consideran que aún hacen falta datos que él podría proporcionar y que son cruciales en la investigación. Él es, por ahora, el único testigo presencial del hecho.
Según declaraciones de Salvador Zúniga, dirigente lenca y ex esposo de Berta Cáceres, Gustavo Castro le dijo, cuando estaba ya herida, que lo llamara a él (a Salvador) para que acudiera a auxiliarles.
Mientras las autoridades hacen las diligencias y contrastan información entre otros temas relacionados al hecho, la presión internacional crece para que se esclarezca la muerte de la ambientalista; también familiares, amigos y dirigentes indígenas demandan respuestas al crimen.
¿Gustavo Castro debe permanecer en el país como testigo para esclarecer crimen de Berta Cáceres?
— Proceso Digital (@procesodigital) 11 de marzo de 2016
Castro, testigo clave, seguirá en el país por 30 días
El ambientalista Castro deberá seguir en Honduras por decisión de la jueza que rechazó un recurso de reposición para que él abandone el país.
Pese a que la medida es legal, en las últimas horas Óscar Castro, hermano de Gustavo; familiares de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), en una rueda de prensa en Tegucigalpa han reaccionado desfavorablemente ante la medida.
El hermano de Gustavo Castro indicó que la jueza Victorina Flores, de La Esperanza, no aceptó un recurso de reposición interpuesto contra la prohibición de salida del país del ambientalista, alegando que es testigo del asesinato de Cáceres.
Su hermano Oscar reiteró que Gustavo es «víctima, testigo y defensor de derechos humanos».
La misma denuncia asegura que la jueza Flores también alega que Castro, quien goza de la protección de la embajada de su país, “incumplió una citación”, que según su hermano no recibió, relacionada con un incidente en el Aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, desde donde el ambientalista pretendía regresar a México.
La jueza “aduce que (Gustavo Castro) incurrió en el delito de desobediencia y que podría haber librado una orden de captura», añade el reclamo.
Además, la jueza resolvió la suspensión del proceso y del ejercicio de la profesión de la abogada Ivania Galeano, defensora de Gustavo Castro, por el término de quince días.
Gobierno garantiza protección
En un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización indicó que a petición del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, el 4 de marzo se solicitó el acompañamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
Señaló además que también ha aplicado la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, verificando las medidas de protección para el defensor de Derechos Humanos, Gustavo Castro.
El Gobierno hondureño reafirma que se ha dado acompañamiento permanente al proceso de protección de Castro, tanto en La Esperanza como en Tegucigalpa, permitiendo con eso la implementación de la medida cautelar de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
¿Investigación independiente?
Asimismo, se conoció que en las últimas horas más de 220 organizaciones de derechos humanos, indígenas, ambientales, laborales y de otros ámbitos enviaron una carta al secretario de Estado de EEUU, John Kerry, para pedirle que impulse una “investigación independiente” sobre el asesinato de Cáceres.
En una misiva dirigida al jefe de la diplomacia estadounidense, urge “una respuesta por parte del Departamento de Estado que no sea reflejo de las dinámicas políticas convencionales, sino que constituya un profundo cambio de dirección con vistas a mejorar la abismal situación de los derechos humanos en Honduras”.
Pasando por alto que se trata de un Estado soberano, las organizaciones urgieron a Kerry a que respalde una “investigación internacional independiente”, conducida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el asesinato de la activista.
Finalmente, las organizaciones exigieron al Departamento de Estado a “suspender toda asistencia y capacitación para las fuerzas de seguridad hondureñas, con excepción de la asistencia policial en cuanto a investigación y análisis forense, mientras permanezcan impunes los asesinatos de Berta Cáceres y una gran cantidad de activistas hondureños y hondureñas”.
