Hasta dos mil 500 reos saldrían de cárceles hondureñas con aplicación de tres leyes

Tegucigalpa – La aplicación de dos instrumentos jurídicos que ya existen, más la Ley de Excarcelamiento por Razones Humanitarias que esta semana termina de aprobar el Congreso Nacional, permitirán que hasta dos mil 500 reos abandonen las cárceles hondureñas.
 

– Se prevé descongestionar la población penitenciaria en un 17 por ciento.

Esta semana, el Congreso Nacional discutirá en tercer debate la Ley de Excarcelamiento por Razones Humanitarias, una iniciativa dirigida a lograr la liberación de personas condenadas o no, que adolezcan de una enfermedad terminal, estén discapacitadas o sean ancianos, siempre que no sean reincidentes, ni prófugos de la justicia.

La norma presentada por el diputado nacionalista Rodolfo Irías Navas, ya fue aprobada en sus dos primeros debates; la norma complementará una trilogía con otras dos ya existentes.

La ley ha generado diversas opiniones en la sociedad hondureña. Muchos creen que la misma será una ventana abierta para que peligrosos reos logren su libertad, en tanto los proyectistas aseguran que está basada en razones humanitarias y de paso se logra descongestionar las cárceles del país.

Proceso Digital consultó la opinión de actores involucrados en el sistema de administración penitenciaria para auscultar lo que se pretende con la aprobación la nueva ley, que en el conjunto de las que ya existen, permitirán excarcelar a unos dos mil 500 reos.

En ese sentido, la Subsecretaria de Derechos Humanos y Justicia, Karla Cueva, explicó que “la ley tiene un enfoque estrictamente humanitario. Por razones atenientes a la persona, ésta puede ser excarcelada temporalmente, es decir que por estar en situación de enfermedad…el tema es que es una norma que se aplica a casos muy especiales, que pueden estar determinados por Medicina Forense e incluso siempre pasando por la decisión judicial”.

Cuevas dijo que la Ley de Excarcelamiento por Razones Humanitarias complementa normas que existen en el país desde 2007: la Ley de Personas Privadas de Libertad con Enfermedades Terminales, así como la Ley de Indulto promulgada en 2012.

Para el caso, sólo por la Ley de Indulto, hay cerca de 500 solicitudes pendientes de ser conocidas por la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia.

La funcionaria detalló que actualmente trabajan en un censo para determinar la cifra de personas que serían beneficiadas con estas leyes. “Entre los tres cuerpos legales estamos hablando ‘a priori’ de entre dos mil y dos mil 500 personas que lograrían este beneficio”, añadió.

Referente a la Ley de Indultos, “las personas beneficiadas no son necesariamente las enfermas, si no que estamos hablando de quienes ya cumplieron más de la mitad de la pena, así como las madres que tienen la dificultad para velar por sus hijos menores”.

Aclaró que en estos casos no aplica para personas de alta peligrosidad que se hayan visto involucradas en criminalidad organizada, delitos contra la administración pública o aquellos que generaron un gran impacto social.

“Que quede claro que no es que van a salir los delincuentes, todo pasará por análisis estrictamente rigurosos en los tres estamentos jurídicos”, remarcó.

La defensora humanitaria señaló que aún se analiza si la Ley de Excarcelamiento sería de forma permanente o temporal, porque todo dependerá de cómo se apruebe en el Congreso Nacional.

Enfermedades terminales y hacinamiento

La población penitenciaria compuesta por más de 14 mil internos distribuidos en 24 cárceles en todo el país, mantiene a las autoridades del ramo con los nervios de punta, debido a que las condiciones de hacinamiento constituyen una grave amenaza.

El director de Centros Penales, comisionado Santos Simeón Flores, recordó que no todos los presos están vinculados con el crimen organizado como la gente los estereotipa.

“Mi preocupación ha sido que personas con edad avanzada o con enfermedades como la tuberculosis, nos causen problemas mayores porque la contaminación es vía respiratoria”, expresó.

El funcionario no ocultó que las condiciones de hacinamiento son cada vez mayores y que a raíz de las últimas operaciones de las autoridades, la población carcelaria crece a pasos agigantados.

Dijo que actualmente hay más de 300 privados de libertad que padecen de enfermedades terminales, lo que equivale a un 2.18 por ciento del total.

Flores detalló que de los 301 reos con enfermedades terminales, además 253 son adultos mayores, lo que genera que sean aún más vulnerables.

Denunció que de las 24 cárceles del país, apenas cuatro de ellas tienen un médico, quien igualmente labora a medio tiempo.

Sumado a lo anterior, el director de Centros Penales evidenció que estos profesionales de la medicina no sólo atienden a los privados de libertad; “tengo mucho personal penitenciario que hasta derrame les ha pegado por la presión del trabajo”, refirió.

Ante toda esta radiografía que evidencia el colapso del sistema carcelario hondureño, Flores es del criterio que se debe legislar para descongestionar las ergástulas penitenciarias, con una “justa y debida aplicación de instrumentos legales”.

No son necesarias nuevas leyes

En tanto, el diputado de la Democracia Cristiana, Augusto Cruz Asensio, expresó que está en total desacuerdo con la aprobación de la nueva Ley de Excarcelamiento que se discutirá esta semana en la Cámara Legislativa.

Reseñó que ya existe una norma que permite excarcelar a privados de libertad cuando éstos presentan enfermedades terminales y que la misma data de 2007. “Estoy de acuerdo que hay que trabajar con las personas en estado terminal en los centros penales, pero no necesitan una nueva ley”, dijo.

Cruz Asensio citó que el decreto número cinco de la Ley de Personas Privadas de Libertad con Enfermedades Terminales establece el listado de padecimientos que aplican.

Criticó que la Ley que se pretende aprobar esta semana en el Parlamento hondureño, en su artículo ocho manda que el decreto entre en vigencia luego de su publicación en el diario oficial La Gaceta y que el mismo tendrá vigencia por un año. “Me manifiesto en contra porque no sólo por un año habrá personas detenidas en los centros penales con enfermedades terminales”, apuntó.

El legislador de la DC mencionó los casos de caso de dos juezas que hicieron uso de la norma y, sacaron de la cárcel a un narcotraficante y a un pandillero en dos acciones en las que se presentaron sendas constancias médicas. Ambos casos trascendieron a la opinión pública y las citadas funcionarias judiciales actualmente enfrentan juicios mientras guardan prisión.

Insistió que “quiero que con este decreto que se está presentando en el Congreso Nacional, no sea el boleto de salida con el que con un simple dictamen médico, las personas que puedan haberle robado al Estado de Honduras, cantidades enormes de dinero o que sirva para liberar de las cárceles de este país a quienes se han dedicado a la extorsión a gran escala, asesinatos, sicariato o narcotráfico”.

Puntualizó que “el punto es que si una persona le roba al Estado de Honduras unos tres mil millones de lempiras y ésta consigue un dictamen que diga que padece de una enfermedad terminal, con ese documento ya sale libre”.

Finalmente, el director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Juan Almendares, recomendó aplicar la norma aprobada en 2007 y con eso se evitan discutir la Ley de Excarcelamiento.

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