Hallazgos de potentes arsenales en las cárceles no inmutan ni provocan dimisiones

Tegucigalpa – Han pasado más de 24 horas desde que en el hogar 19 de la principal cárcel de San Pedro Sula se encontraran un fusil R-15, dos granadas, pistolas, cargadores, revólveres y proyectiles por doquier, pero hasta el momento, por estos hallazgos, nadie ha dimitido, ni mucho menos ha sido separado de sus funciones.

– Las armas, drogas y aparatos de alto poder tecnológico son parte del catálogo de objetos prohibidos que se encuentran una y otra vez en poder de los privados de libertad.

– La tan llevada ley que prohíbe las llamadas de telefonía móvil desde las cárceles no se cumple. Desde ahí se sigue extorsionando y ordenando crímenes.

Ni los funcionarios del más alto nivel en la cadena del mando, ni los burócratas intermedios, ni mucho menos el jefe del centro penal, tampoco los cuadros encargados directamente de la seguridad en la cárcel han sido tocados hasta el momento. Todo, aparentemente, sigue tal cual.

Pese a los anunciados reforzamientos y a los poderosos anillos que alardean las fuerzas del orden, los criminales siguen introduciendo armas de gran poder hasta sus celdas. No hay poder humano que logre detectar las granadas y ametralladoras que pareciera se vuelven invisibles ante los ojos de los custodios y demás cadena de resguardo.

Las máquinas detectoras tampoco funcionan.

La estructura que administra las cárceles hondureñas sigue incólume en medio de una vorágine que no para. En las penitenciarías y centros carcelarios es usual encontrar armas, drogas, aparatos celulares y otros dispositivos tecnológicos de última generación.

Pero esos hechos parecen no cambiar la administración de los centros penales. Los operativos de desarme en las celdas son comunes y en cada uno de ellos se encuentran siempre más armas, drogas, herramientas y tantos aparatos prohibidos. Nada pasa, las fuerzas del orden que ejecutan esas “limpiezas” esporádicas son una especie de “héroes” que logran higienizar las cárceles.

El colmo de los colmos se reportó el 15 de agosto de 2014 , cuando tras un vertiginoso operativo en la Penitenciaría Nacional de Támara se incautaron: perros, loros, enseres domésticos, material de construcción y combustible.

En esa oportunidad se logró la incautación de tres loros, tres perros de raza (un pitbull y dos rottweiler), así como enseres domésticos entre los que figuraron equipos de sonidos, plasmas, ventiladores, refrigeradoras, aires acondicionados, juegos de muebles y sillas ejecutivas.

También se encontraron barriles de combustible, botes de herbicidas, taladros, pulidoras y hasta una fotocopiadora. Además fueron encontrados 220 mil lempiras en efectivo.

Más de 17 mil privados de libertad distribuidos en 29 centros penitenciarios hondureños (25 cárceles y cuatro anexos) obtienen fácilmente armas, sustancias alucinógenas, teléfonos móviles y un amplio catálogo de objetos que les hace, en la mayoría de los casos, su vida criminal más activa.

El 48 por ciento del total de los internos están procesados y el restante 52 por ciento está sentenciado.  Los recintos menos problemáticos son el Centro Especial Femenino de Adaptación Social (Cefas) y la cárcel de Puerto Lempira. En la mayoría de los penales hay hacinamiento, para el caso: en San Pedro Sula la capacidad es de 800 y tiene tres mil 099 reclusos; la Penitenciaría Nacional de Támara está hecha para dos mil 500 y cuatro mil 770 reos; y el que más sufre esta problemática es el centro penal de La Esperanza, Intibucá, que cuenta con una capacidad de 80 y alberga a 337 privados de libertad.

Falta de escáneres y detectores de drogas

El comisionado presidente del Comité Nacional contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Orle Aníbal Solís, comenzó criticando que en los centros penitenciarios no se cuenta con equipo especializado para detectar metales y drogas.

“Los registros son manuales e incluso se violan principios fundamentales de derechos humanos de las visitas de los internos. Para el caso, sobre todo en los batallones, las desvisten, les quitan su ropa interior y con guantes les revisan sus partes íntimas para determinar si llevan drogas o armas”, manifestó.

Solís citó que en forma reiterada le han solicitado al Estado hondureño que invierta en la compra de equipo -llámese escáneres y detectores de drogas- tal como ocurre en las terminales aeroportuarias del país.

“Lamentamos que siempre nos dicen que están buscando financiamiento, lo cierto es que la inseguridad en el interior de los recintos penitenciarios es tremenda y prueba de eso es la cantidad de artefactos peligrosos que han encontrado en la cárcel de San Pedro Sula solamente esta semana”, exteriorizó.

Ejemplificó el caso del asesinato del exdiputado Armando Ávila Panchamé, quien fuera asesinado a balazos el 12 de julio de 2004 en la Penitenciaría Nacional de Támara, así como el hecho reciente de cuatro misquitos -22 de agosto de 2014-ultimados con impactos de bala en el mismo recinto carcelario.

El comisionado de Conaprev señaló que las cosas empeoran en estos espacios carcelarios, los que a su criterio son una bomba de tiempo que si no se hace nada explotará en cualquier momento.

“Toda esta situación es delicada porque en el caso del trasiego de armas, cervezas y otros artefactos no se necesita un detector de metales para advertir la presencia de estos instrumentos”, afirmó.

Puntualizó que el artículo 37 -Ley de Centros Penitenciarios- habla que los centros penales no deben estar en administración de militares o Policía Nacional Preventiva. “Por eso hemos recomendado la Escuela Nacional Penitenciaria y está en proceso, la idea es formar hombres y mujeres que sea una carrera, así como la Policía o el Ejercito”.

Batalla contra problemas históricos

El delegado nacional del Instituto Nacional Penitenciario y enlace con la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, German McNeil, dijo que desde esa instancia se capacita al personal para enfrentar la problemática de inseguridad que históricamente se ha producido desde el interior de las cárceles.

“Tenemos mucho tiempo de no reportar muertes violentas en los centros penitenciarios, aunque tenemos claro que existe vulnerabilidad en la seguridad de estos recintos, es por eso que estamos sacando adelante las nuevas cárceles, donde habrá personal nuevo, gente más comprometida y vigilancia más especializada”, explicó.

McNeil reconoció la urgente necesidad de contar con escáneres para detectar drogas u otro tipo de metales que pretendan ser ingresados a las cárceles. “Estamos haciendo las gestiones pertinentes, ya que estos instrumentos que pretendemos comprar no son nada baratos, pero estamos haciendo gestiones, tratando de obtenerlos mediante cooperación internacional”.

Consultado sobre si las cárceles hondureñas son bombas de tiempo, mencionó que “son problemas viejos a los que les estamos dando solución, sabemos que el hacinamiento nos ha perjudicado, no lo vemos como una bomba de tiempo porque lo hemos sabido controlar, hemos reducido las muertes violentas en los penales y se construyen cuatro nuevas cárceles: dos ya creadas y dos que serán inauguradas, además de la capacitación y capacitación del personal penitenciario”.

Operan mafias

Un abogado penalista, que por razones de seguridad ocultamos su identidad, le confió a Proceso Digital que de nada sirve obtener la mejor tecnología si las personas que las utilizan son altamente corruptas.

“Lo que se tiene que hacer es una selección con personal capacitado para que brinden una verdadera seguridad en las cárceles. Insisto, el principal problema lo representan los empleados y los que administran los penales, ahí debe haber una profunda depuración”, sugirió.

Mencionó que hay muchas cosas que no salen a la luz pública como la muerte violenta de reclusos, las que son difundidas como muertes naturales o suicidios.

Concluyó que “cuando se practican operativos en las cárceles y encuentran armas y drogas, por mencionar algo, la noticia solo dura un día, no hay seguimiento de ninguna de las autoridades. Al existir potentes armas en las cárceles corremos peligro los que las visitamos regularmente, las familias de los reclusos, los policías y los propios internos”.

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