Estados Unidos parece encaminado hacia una crisis constitucional. Como argüí en otro artículo, ese país está involucionando y cayendo en los mismos errores que cometen los países del llamado Tercer Mundo. Vea sino lo que ha ocurrido con la deportación de migrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, a El Salvador. Un juez federal falló en contra de la medida y ordenó el regreso a Estados Unidos de los aviones que los llevaban a El Salvador. Esa orden no fue acatada y, para colmo de males, el presidente Trump pide ahora la destitución del juez. Muy similar a lo ocurrido en nuestro país en el caso de la cuarta urna. Un juez ordenó al presidente de aquel entonces que desistiera de su ilegal propuesta, pero el presidente decidió ignorar el fallo del juez. Ya todos sabemos lo que sucedió después y nos preguntamos cómo terminará el similar episodio en Estados Unidos. Pero permítanme explicar la situación en más detalle para que puedan llegar a sus propias conclusiones.
El presidente Trump está decidido a ampliar el poder presidencial a expensas de los otros dos poderes del Estado. Para eso toma decisiones que contradicen lo que tradicionalmente ha sido aceptado en su país. Veamos el caso de los recién deportados venezolanos. La deportación, que no cumplió con el debido proceso, se basó en la Ley contra el Enemigo Extranjero aprobada en 1798 y que solo ha sido aplicada en tres ocasiones. En la guerra contra Inglaterra a inicios del siglo 19, y en la primera y la segunda guerra mundial. Solo ha sido aplicada cuando el país está en guerra, es decir, cuando el Congreso ha declarado oficialmente la guerra en contra de otra nación. Pues bien, el presidente ha decidido que la pandilla venezolana, conocida como Tren de Aragua, ha invadido Estados Unidos y por tanto puede decirse que el país está en guerra (a pesar de que solamente el Congreso puede declarar la guerra) y que por tanto él puede recurrir a la citada Ley y expulsar a los pandilleros sin observar el debido proceso. El tema fue planteado a un juez federal y este, por supuesto, no estuvo de acuerdo con don Donald y ordenó el retorno de los deportados a fin de que se proceda respetando el debido proceso. Esto implica que cada caso debe ser juzgado siguiendo las reglas y respetando los derechos de los acusados, que son los mismos que amparan a los ciudadanos de Estados Unidos.
Cabe señalar que no es esta la primera vez en la cual el poder Judicial pone un alto a las medidas adoptadas por la Administración Trump. Los jueces fallan según su criterio y no hay razón para suponer que esto cambiará. Por lo tanto, es razonable suponer que el enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo seguirá agudizándose hasta llegar a un punto en el cual uno de los dos poderes se impone. A diferencia de Honduras, es imposible pensar que serán los militares quienes zanjen la diferencia y por tanto solo podemos concluir que al final prevalecerán la Constitución, las leyes y las instituciones. Poor ahora el presidente continuará presionando a fin de ampliar el poder presidencial recurriendo a su interpretación de la realidad, a pesar de contravenir lo tradicionalmente aceptado. Es posible que se dé un reacomodo político que sea aceptado, a regañadientes, por los dos Poderes en pugna y todo vuelva a una nueva normalidad.
No obstante, también es posible que, dado el temperamento del presidente, eso no sea posible y se termine pidiendo la destitución del presidente, de un juez federal o de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. En todos estos casos el proceso comienza con un juicio político en la Cámara de Representantes (este es el proceso conocido como Impeachment en Estados Unidos). El proceso requiere que la Cámara, por simple mayoría de votos, apruebe la destitución del imputado. Hecho esto, el caso pasa al Senado, pero en este caso para proceder con la destitución se requiere una mayoría calificada, dos tercios de los 100 senadores, cosa muy difícil de lograr. En estos momentos, los Republicanos cuentan con 53 Senadores, mientras que los Demócratas tienen 47 (incluyendo los dos Independientes). En estas circunstancias parece muy difícil lograr los 67 votos requeridos en el Senado. La historia nos dice que el procedimiento ha servido para destituir a unos pocos jueces, pero nunca ha resultado en la destitución de un presidente. Si bien la Cámara de Representantes acordó la destitución de Andrew Johnson, Bill Clinton y Donald Trump, el Senado no estuvo de acuerdo y los tres presidentes continuaron con su mandato. No obstante, hay quienes opinan que, si Richard Nixon no hubiera renunciado, la Cámara y el Senado hubieran aprobado su destitución.
Resumiendo, si bien el procedimiento existe y ha sido utilizado en el caso de presidentes, jueces federales y Magistrados, es muy difícil lograr la destitución, salvo que la opinión popular esté clara y abrumadoramente a favor de esta. Esta es la clave del asunto. Si los Representantes y Senadores, es decir, si la clase política, percibe que hay un amplio apoyo popular a favor de la destitución, emprenderán el proceso. En estos momentos, recién electo el presidente, todavía goza de cierta popularidad, lo cual lo blinda por ahora. Por otro lado, la deportación de migrantes indocumentados, y aún de migrantes documentados que han delinquido, también goza de respaldo popular. Todo esto lleva a pensar que por ahora es poco probable que se pretenda destituir al presidente, y que, por el contrario, si se podría intentar la destitución de un juez Federal. Sin embargo, todavía luce posible que los políticos encuentren la forma de seguir adelante sin provocar una crisis constitucional. Veremos qué pasa, pero por ahora me parece poco probable que se inicie un proceso de destitución.
Desde nuestra perspectiva, lo importante es que nuestros países puedan navegar estas agitadas aguas. Todo esto nos obliga a preguntar cómo podremos responder a las irascibles e inesperadas iniciativas de la política exterior, a la realpolitik, que practica don Donald, pero esto tendrá que ser objeto de otro artículo.
