Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – La tensión en Honduras no solo se intensifica por la situación política, sino también por el endurecimiento de las restricciones al espacio cívico.
-«No a las listas negras», expertos y sociedad civil alertan sobre medidas que amenazan la democracia y el espacio cívico.
-Estado de excepción sin fin más criminalización de protesta erosionan derechos y libertades en Honduras.
-Espacio cívico en Honduras catalogado por CIVICUS como restrictivo podría pasar a «cerrado» si sigue criminalización de protestas.
A esto se suma un estado de excepción que se ha convertido en prácticamente permanente. Las últimas decisiones del gobierno han despertado una gran preocupación en la ciudadanía, que percibe una criminalización creciente de la protesta social. Ante esto, diversos sectores han alzado la voz para advertir sobre el peligro que estas medidas representan para la democracia y los derechos humanos.
La alarma se encendió luego de que la Policía Nacional de Honduras informó, a través de un comunicado emitido el pasado domingo, que identificará mediante registros fotográficos y audiovisuales a las personas que participen en acciones que atenten contra la libre circulación. Según el documento, estas medidas buscan prevenir y neutralizar bloqueos de carreteras que afectan la movilidad y la economía nacional. Señala, además, que los responsables serán identificados y sancionados conforme al Código Penal vigente.
Honduras mal visto por restricciones de DDHH y espacios cívicos
El país ya tiene indicadores muy negativos en cuanto a restricción de derechos y hay muchos indicadores clave que refuerzan la preocupación de la ciudadanía.
El informe más reciente de CIVICUS y el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP) al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya había alertado sobre el deterioro del espacio cívico en Honduras, calificándolo como «represivo». El documento subraya que, a pesar de la existencia de un marco jurídico para proteger las libertades cívicas, la realidad muestra una tendencia contraria. Además, advierte que la situación se agrava debido al estado de excepción decretado por la presidenta Xiomara Castro en noviembre de 2022 y renovado de forma recurrente.
Además, indicadores como la libertad de prensa en Honduras continúa una tendencia decreciente en los últimos años. Asimismo, el ataque a defensores de derechos humanos incluyendo defensores de la tierra y el medio ambiente, periodistas y parte de la comunidad LGBTQ+. En cuanto al indicador de Estado de derecho indica una baja percepción de cumplimiento de las leyes y derechos por parte de sus instituciones.
Eco de la preocupación por amenazas
La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, fue una de las primeras figuras políticas en reaccionar con dureza a las nuevas disposiciones. Espinoza advirtió que el partido oficialista, Libertad y Refundación (Libre), está mutando peligrosamente, poniendo en riesgo la democracia hondureña. «De ser un partido en la oposición que defendía la protesta como un derecho humano, ha evolucionado en una organización autoritaria que busca concentrar el poder y reprimir las manifestaciones», afirmó.
Según Espinoza, el gobierno actual ha tomado medidas preocupantes como: Mantener un estado de excepción sin justificaciones claras. Atacar la libertad de expresión. Impedir el derecho a la protesta pacífica mediante decretos y comunicados oficiales. Invadir la privacidad de las comunicaciones y datos personales, como lo demuestra una reciente decisión de CONATEL; además de incrementar la violencia política y el irrespeto a la Constitución.
«Pareciera que están apurados en imitar rápidamente a los gobiernos autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua antes de las próximas elecciones generales», aseveró la legisladora.
La directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir, advirtió en entrevista con Proceso Digital, sobre la creciente restricción del espacio cívico en el país y recordó que la protesta es un derecho universal, al igual que la libertad de asociación y la libertad de expresión.
«Aquí estamos hablando de protestas pacíficas, y en conjunto esto se denomina como el espacio cívico, donde las personas tienen el derecho de hacer escuchar su voz y de participar en procesos de la vida cotidiana, pero sobre todo en procesos de decisión hacia los funcionarios públicos», expresó Elvir.
En ese sentido, señaló que la movilización no puede ser coartada, ya que restringir un derecho fundamental implica vulnerar otros. «El Estado es garante de todos nuestros derechos fundamentales sin tener que coartar ninguno. No puede prevalecer un derecho sobre otro, ni pueden restringirse los derechos de las personas, menos aquellos tan fundamentales que ya nuestra Carta Magna garantiza», citó.
Elvir advirtió que el informe de monitoreo de CIVICUS ya califica el espacio cívico en Honduras como amenazado y restringido, y que, de mantenerse las actuales medidas, en el próximo año podría pasar a un espacio cerrado. «No es solamente una restricción, es una amenaza a nuestros derechos fundamentales y a nuestra vida cotidiana», subrayó.
Finalmente, la directora de Foprideh, recordó a los tomadores de decisiones que el pueblo hondureño es pacífico por naturaleza, pero cuando se trata de defender sus derechos están dispuestos a manifestarse.
A renglón seguido recordó que la población así lo demostró en la historia más reciente de las elecciones primarias, «un claro ejemplo fueron las elecciones primarias, donde la gente se quedó hasta las 3 de la mañana garantizando su derecho al voto”. Entonces que esos que están imponiendo esas medidas se les puede dar vuelta la moneda y no vaya a ser que estas decisiones, en lugar de intimidar a la ciudadanía, más bien los animen a tomar decisiones y a apoyar a distintos grupos para desarrollar protestas pacíficas y defender sus derechos, como también se vio en las últimas horas que se registraron varias movilizaciones, concluyó.
Por su parte, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) también se pronunció contra estas medidas, recomendando a las autoridades abstenerse de implementar restricciones arbitrarias al derecho a la protesta.
También, el presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos, Hugo Maldonado, pidió a las autoridades no criminalizar las protestas, al tiempo que recordó que el Partido Libertad y Refundación (Libre), en el poder, nació de ellas, y por tanto es contradictorio que el partido en el poder esté criminalizando las protestas.
Asimismo, la exfiscal Claudia Erazo consideró que la Policía Nacional busca intimidar a la población con la toma de fotografías y videos de los manifestantes. «Lo que buscan es disuadir a la gente, ficharla sin pruebas concretas y crear expedientes contra quienes participan en protestas», denunció.
En la misma línea, el director ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, señaló que la represión contra la protesta es una tendencia histórica en el país que el actual gobierno está retomando. «Lo preocupante es que estas medidas tienen sustento en el Decreto 93-2021, que endureció la criminalización de la protesta al considerarla una forma de usurpación», advirtió.
Diálogo, herramienta siempre válida para prevenir conflictos
El gerente de Asesoría Legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, en conversación con Proceso Digital criticó la postura del gobierno ante las manifestaciones ciudadanas y abogó por el diálogo como solución a las demandas de distintos sectores.
Solórzano señaló que muchas peticiones han sido ignoradas por las autoridades y que acudir a la protesta es un derecho legítimo de los ciudadanos. «No veo correcto que se amenace a quienes participan en protestas pacíficas. Lo correcto es que las autoridades busquen el diálogo y lleguen a acuerdos con los sectores que tienen demandas», expresó.
Asimismo, rechazó la idea de que se creen registros de manifestantes, considerando que el enfoque debería estar en sancionar a quienes cometen actos ilegales, como para el caso a los usurpadores de tierra, no a quienes ejercen su derecho de protesta. «No estoy de acuerdo con que se creen listas negras de ciudadanos. Ese tipo de listas deberían aplicarse más bien a los usurpadores, a ellos sí se les debería perfilar y hasta criminalizar, pero no a quienes protestan pacíficamente», afirmó.
Finalmente, el abogado enfatizó la importancia de apostar por el diálogo en lugar de recurrir a medidas restrictivas que atentan contra los derechos fundamentales de la población.
Ante este panorama, distintos sectores de la sociedad civil siguen expresando su preocupación y reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos. La pregunta que resuena en el ambiente es hasta dónde llegará esta escalada de restricciones y cuál será la respuesta de la población ante lo que muchos consideran una grave amenaza a la democracia hondureña. LB
