Guatemala – El 13 de octubre del año pasado, Guatemala debía renovar su Corte Suprema de Justicia y otros 200 cargos del Organismo Judicial. Once meses después, sin embargo, la elección está paralizada en el Congreso y el futuro de la lucha anticorrupción en riesgo.
La renovación por cinco años de la Corte Suprema de Justicia y de los 200 jueces de diversas salas -incluidas Apelaciones- tiene en vilo a la clase política del país, pero especialmente a muchos exfuncionarios que están sindicados por corrupción y que saben que su libertad a futuro estará en manos de los elegidos.
«En los últimos meses hemos visto la amenaza de las redes criminales de tomar el sistema de justicia. Pienso que Guatemala puede salir de esta crisis si los guatemaltecos deciden tomar cartas en el asunto», aseguró el jueves en un evento público el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, en referencia a la elección de cortes.
EN BUSCA DEL AMAÑO
Las última renovación del Organismo Judicial, en 2014, que dio paso a las autoridades actuales, fue manipulada por varios actores, incluido el extinto Partido Patriota del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), según varias investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una de ellas denominada «Comisiones Paralelas».
La historia amagaba con repetirse en octubre de 2019, con el nuevo cambio del Supremo y de los 200 jueces de diversas salas, pero esta vez la sociedad civil y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público se adelantaron a los acontecimientos.
Primero fue la sociedad civil, que interpuso un recurso legal mediante la organización Fundación Myrna Mack al ver irregularidades en el proceso durante septiembre de 2019 y solicitó la suspensión del mismo ante el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, que avaló el pedido.
Posteriormente, ya en febrero de 2020, la FECI realizó una exhaustiva investigación y documentó los intentos de amaño de un hombre clave para la elección, el ex secretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) Gustavo Alejos Cámbara.
EN EL CENTRO DE TODO
Alejos Cámbara se encuentra detenido desde finales de 2015 por su participación en cinco casos distintos, todos de alto nivel con implicaciones millonarias en sobornos durante la última década: «Cooptación del Estado», «Red de poder, corrupción y lavado», «Transurbano (equipo prepago)», «Financiamiento Ilícito de la UNE» y «Negociantes de la salud».
Además, el empresario y su familia fueron sancionados públicamente por Estados Unidos el 8 de junio pasado, cuando prohibió el ingreso a ese país para Alejos Cámbara, su esposa y sus tres hijos.
La designación fue un llamado de atención más para el ex secretario privado presidencial, esta vez de parte de EE. UU., por su vinculación «en actos de corrupción que socavaron el Estado de derecho y la confianza del público guatemalteco», especialmente.
La investigación de la FECI en febrero de 2020 documentó con fotografías y datos cómo Alejos Cámbara, recluido en un hospital por permiso de un juez, realizó 16 reuniones con personas vinculadas a la elección -diputados, jueces y políticos- para manipularla.
Al momento de ser capturado de nuevo en el hospital, el ex secretario presidencial tenía en su poder miles de quetzales en efectivo y un listado con todos los diputados, quienes son los encargados de la elección final de la Corte Suprema de Justicia y los 200 jueces.
«¿Cómo diputados, jueces e integrantes de comisiones de postulación (para la elección) coinciden allí en cinco días? ¿Acaso es el mejor hospital privado del país o todos están enfermos», se cuestionó el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, al presentar el caso ante los medios en febrero pasado.
REDES DE CORRUPCIÓN, MÁS QUE PERSONAS
Al respecto, la politóloga Gabriela Carrera advierte que la lucha anticorrupción en Guatemala «no se enfrenta a una» sola persona como Alejos, «sino a redes» que cooptan al Estado.
«Gustavo Alejos es solo un operador, ¿pero un operador de quién? Yo sigo defendiendo que esta pregunta es una pregunta importantísima», le dijo a Efe Carrera, quien labora en el Instituto 25A, nacido de la lucha anticorrupción en 2015 en Guatemala que llevó a la cárcel al expresidente Pérez Molina por millonarios desfalcos.
Tras la confirmación de los «vicios» en el proceso de elección, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso elegir a los 240 magistrados más idóneos para los cargos, sin acusaciones que afecten su honorabilidad, o de lo contrario todo el proceso podría ser anulado y repetido de nuevo.
Sin embargo, solamente 52 de los 160 diputados han manifestado su apoyo a la elección.
El resto de legisladores, en su mayoría oficialistas y aliados y algunos con acusaciones penales en su contra por corrupción, se ha resistido a llevar a cabo la elección, paralizada pese a que desde hace semanas es incluida todos los días en la agenda del día del Congreso. El quórum nunca llega a ser suficiente al final del día.
«Tenemos hoy un claro desacato del Congreso, con una Corte de Constitucionalidad que ya no puede hacerles presión institucionalmente y democráticamente para la elección», señala Carrera. «Están ganando fuerza y tiempo», añade.
Para el futuro de Gustavo Alejos, la elección de los 240 magistrados es trascendental, al igual que para el futuro de la lucha anticorrupción en Guatemala. Los cinco casos en contra de Alejos dependerán de recursos que llegarán a la Corte Suprema de Justicia y posteriormente a salas de Apelaciones.
Mientras tanto, pese a su vinculación en los cinco casos de corrupción, el empresario sigue ganando millones de quetzales en contratos estatales como señaló en mayo un informe de la Fundación Myrna Mack.
JS
