El Gobierno presidido por Roberto Micheletti impuso el toque de queda el 21 de septiembre, cuando Zelaya apareció en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa después de ingresar clandestinamente al país.
Desde el fin de semana, el Gobierno mantiene en suspenso las garantías constitucionales, entre ellas la libertad de movilización, de reunión y de prensa, mediante un decreto que tiene el rechazo del Parlamento, el Tribunal Supremo Electoral, el defensor del pueblo, Ramón Custodio, y diversos sectores políticos.