En un comunicado, tanto el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que firmó la ley, y el director de la Autoridad Nacional de Ingresos, Luis Cucalón, calificaron como un error la propuesta y sanción de la llamada Ley 120 de 2013.
Cucalón «aceptó haberse equivocado al proponerle a los diputados de la Asamblea Nacional la incorporación de los artículos 2 y 3 de Ley 120 del 2013, referente a la territoriedad de los ingresos devengados en el extranjeros por personas naturales y jurídicas panameñas» indicó el comunicado oficial.
«He pedido al director de la Autoridad de Ingresos mayor cautela en el futuro. He aceptado su recomendación de presentar una ley que derogue los artículos 2 y 3 de la Ley 120 y restablezca la vigencia de los derogados o modificados por ellos, así como acepté como buena su solicitud de sancionar la Ley con la incorporación de los artículos por él propuestos», dijo por su parte Martinelli.
La información gubernamental no precisa cuándo será presentada la ley para derogar los dos artículos ante la Asamblea Nacional (AN), de amplia mayoría oficialista, que iniciará sesiones ordinarias el próximo jueves.
Tampoco detalla cuándo fue sancionada la ley por Martinelli, ni en cuál momento de las sesiones extraordinarias parlamentarias que finalizaron el pasado lunes fue aprobada por la mayoría oficialista.
La reforma fiscal fue calificada por expertos en materia tributaria y partidos de oposición como un «madrugonazo», porque fue incluida en una propuesta legislativa que ya había pasado el primero de los tres debates, y aprobada «sin la discusión necesaria» por la mayoría oficialista en las sesiones extraordinarias parlamentarias.
«El Principio de Territorialidad consagrado en el artículo 694 del Código Fiscal fue derogado recientemente por la Asamblea Nacional de manera abrupta, sorpresiva e inconsulta», indicó en una declaración escrita enviada a Efe el bufete de abogados Rivera, Bolívar y Castañeda.
Según el bufete, la reforma permite que «a partir del 31 de diciembre de 2013 sean objeto del impuesto sobre la renta, la renta gravable que se produzca de cualquier fuente, dentro o fuera del territorio de la República de Panamá, sea cual fuere el lugar donde se perciba, tanto para ciudadanos nacionales como extranjeros, personas naturales o jurídicas».
Esa decisión es un «durísimo revés» para negocios como el abanderamiento de naves, la banca internacional y el régimen de sociedades anónimas», que se han instalado en Panamá «aprovechando que las actividades ‘off shore’ (en el extranjero) no eran objeto del impuesto sobre la renta», indicó el bufete.
El opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), exigió asimismo «la derogación inmediata de la ley 120 para salvar el sistema bancario, marina mercante y los servicios que traen riqueza a Panamá».
La reforma fiscal «es un nuevo asalto a la institucionalidad, sin debate previo y sin cumplir con los requisitos constitucionales para este tipo de iniciativas, que echan por tierra aún más la personalidad internacional del Estado panameño», añadió el PRD en un comunicado.
