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Gobierno no negociará con nuevo movimiento que ocupa fincas en el Atlántico

Tegucigalpa – Ante la nueva ocupación de campesinos en la finca Caisesa ubicada en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, y la de “Los Laureles” en el Bajo Aguán, el asesor del Instituto Nacional Agrario (INA), Marco Ramiro Lobo, dijo que el gobierno no negociará con nuevos movimientos campesinos que no estén dentro del acuerdo ya suscrito.
 

“Aquellos grupos campesinos que se ubican en fincas o que recuperen o se tomen fincas que no están dentro del acuerdo que se suscribió tanto con los empresarios como con los campesinos definitivamente no van a contar con el respaldo del INA”, sentenció.

Sostuvo que prácticamente se está cerrando el acuerdo firmado en abril de 2010 y “nos parece que no es correcto, ni conveniente que se realicen este tipo de acciones, porque eso podría convertirse en hechos que darían al traste con los acuerdos logrados”.

Señaló que no tienen información sobre el nuevo movimiento campesino denominado Movimiento de Recuperación del Aguán (MRA).

“Hay grupos que no necesariamente son campesinos, sino que grupos de otra naturaleza que están ligados a otro tipo de actividades que la secretaría de Seguridad debe de estar en la obligación de identificarlos y si hay hechos constitutivos de delito ponerlos a las órdenes de los tribunales”, manifestó.

Agregó que en la zona del Aguán es necesario realizar una investigación detallada por parte de las autoridades de Seguridad y que la de a conocer a la población hondureña, “porque no creemos que sean los campesinos los que anden con armas en ese sector del país”, aseguró.

Sostuvo que el Estado está listo para pagar los 636 millones de lempiras que implica la compra de las 4 mil 700 hectáreas.

En ese sentido, el apoderado legal de la Corporación Dinant, Roger Pineda, indicó que es momento de poner en acción las palabras, él (Marco Ramiro Lobo) está diciendo que el Estado ha sido claro y que no está dispuesto aguantar a otros grupos invasores más allá del acuerdo que se firmó con el MUCA, entonces, la pregunta aquí es ¿por qué solo de la empresa Dinant tenemos más de 2 mil 400 hectáreas en posesión de ellos?

Agregó que el INA tiene que proceder a investigar de donde están saliendo estos campesinos, para que procedan a su desalojo.

Sostuvo que la finca Los Laureles ubicada en Tocoa, Colón, fue ocupada nuevamente después que agentes de la Policía en conjunto con los militares los desalojaran el viernes.

La situación de pleitos por tierras en el Bajo Aguán ha causado al menos 50 víctimas, además varios agroindustriales han denunciado constantes saqueos e invasión en sus fincas. La situación en esa zona del país se agudiza cada vez más, pese a algunos esfuerzos del gobierno.

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