Gobierno hondureño brindará atención integral de salud a privados de libertad

Tegucigalpa – Un convenio de cooperación interinstitucional fue firmado hoy por varias dependencias del Gobierno hondureño con el objetivo de brindar una atención integral de salud a la población privada de libertad, programa que comenzará con el desarrollo de proyectos piloto en tres centros penales.

El documento fue suscrito en Casa Presidencial por los titulares de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, de la que depende el Instituto Nacional Penitenciario, Leonel Ayala; de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro; de la Secretaría de Salud, Yolani Batres; y el representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Eduardo Ubierna, como testigo de honor.

“Este convenio permitirá seguir trabajando en favor de los privados de libertad, buscando garantizar que se cumplen los derechos que manda la ley y fortaleciendo los programas que buscan crear condiciones de seguridad, salud y rehabilitación en los distintos centros penales del país”, dijo el secretario Coordinador General de Gobierno.

Los centros penales donde se desarrollarán los proyectos pilotos son los de Gracias (Lempira), La Esperanza (Intibucá) y Marcala (La Paz).

El convenio establece obligaciones como el establecimiento de mesas de trabajo en las áreas de Gestión Penitenciaria y Administración; Sistema Penal y Garantías Jurídicas; Infraestructura y Servicios, así como Salud Penitenciaria.

Asimismo, estipula la toma de medidas necesarias para reducir el hacinamiento en los centros penales en coordinación con el Poder Judicial y otras instituciones del Sistema de Justicia para reducir la vulnerabilidad y el riesgo de enfermedades.

Hernández Alcerro ratificó que con los proyectos de construcción de los centros penales de Morocelí (El Paraíso), Ilama (Santa Bárbara), Naco (Cortés) y El Porvenir (Francisco Morazán) se presentará un gran alivio en el sistema penitenciario, que afronta serios niveles de hacinamiento.

El representante del CICR, Eduardo Ubierna, reconoció “el compromiso que mantiene el Gobierno de Honduras en el objetivo de ofrecer un Programa de Atención Integral de Salud a los privados de libertad”.

El Instituto Nacional Penitenciario deberá proveer los espacios necesarios para la prestación del servicio de salud para las personas privadas de libertad.

La Secretaría de Salud deberá asegurar la presencia de recurso humano calificado, medicamentos e insumos de acuerdo a sus posibilidades financieras.

Posteriormente, y de forma progresiva, esta iniciativa se llevará a cabo a nivel nacional, a fin de lograr una adecuada planificación y supervisión, para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad en todos los establecimientos penitenciarios.

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