En la consulta popular, que será organizada por el Instituto Nacional de Estadística, los hondureños dirán si quieren votar el 29 de noviembre, cuando se celebran elecciones generales en el país, a favor de una Asamblea Constituyente, según el mandatario.
La Corte Suprema de Justicia, el Parlamento, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, entre otros organismos, han declarado «ilegal» la consulta impulsada desde noviembre por Zelaya.
Reina aseguró que la consulta «no es vinculante» y que solo se oponen a ella «grupos de poder que no quieren que se le consulte al pueblo para fortalecer la democracia».
Mientras Zelaya dirigía desde la Casa Presidencial la distribución del material, más de 10.000 personas, según observadores, se manifestaban hoy en contra de la consulta con marchas y plantones en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país.
El Ejército, por su parte, mantiene una numerosa presencia de soldados en sitios estratégicos de la capital porque la situación en el país sigue siendo «difícil, pero superable», dijo hoy a Efe el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, a quien Zelaya destituyó el pasado miércoles.
Vásquez, quien no apoya la iniciativa del jefe de Estado «por ilegal», sigue en el cargo porque la Corte Suprema de Justicia dejó el jueves sin efecto la destitución del gobernante, al considerarla «ilegal».
Además, no se ha cumplido lo que establece el reglamento interno de las Fuerzas Armadas, que establece que un jefe militar no puede abandonar el puesto «hasta que entrega el bastón de mando» y «eso no ha ocurrido conmigo», explicó el alto oficial.
El general Vásquez fue destituido por Zelaya porque se negó a cumplir instrucciones del Ejecutivo para que los militares dieran apoyo logístico a la consulta.
En las últimas dos semanas los sectores que rechazan la iniciativa de Zelaya, que según sus opositores busca abrir el camino para su reelección, que no está permitida en la actual Carta Magna, han celebrado masivas protestas para exigir respeto a la Constitución.
En Washington, a petición de Honduras, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) negocia hoy una resolución que establezca el envío de una comisión especial al país centroamericano y el apoyo al proceso democrático del país.
En tanto, en Nueva York, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, dijo que el organismo mundial no tiene intención de enviar observadores a la consulta del próximo domingo.
La crisis hondureña creó mayor incertidumbre el jueves, cuando seguidores de Zelaya aseguraron que se fraguaba un golpe de Estado en su contra, a lo que de inmediato reaccionaron los Gobiernos de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), solidarizándose con el gobernante centroamericano.
Zelaya dijo anoche que la crisis se había resuelto y que la consulta popular del próximo domingo «no se detiene».
