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Gobierno consensua con centrales obreras revisión a exoneraciones fiscales

Tegucigalpa – La designada presidencial, María Antonieta Guillén, presentó este miércoles a las centrales obreras y campesinas del país una propuesta para revisar las exoneraciones e incentivos fiscales que otorga el Estado.
 

En ese sentido, el secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón, indicó que la situación es grave, porque el impacto, según el gobierno es de 56 mil millones de lempiras que se dejan de percibir por esas prebendas.

Guillén junto a funcionarios de Finanzas, detallaron a los dirigentes obreros y campesinos, el impacto que conlleva ese tipo de prebendas, que ha generado que el Estado dejó de percibir 56 mil millones de lempiras entre 2006-2110, monto que para Durón podría ser cuatro veces mayor.

Agregó que en “Honduras nadie paga impuestos, incluso la capital, Tegucigalpa está declarada zona libre y esa proliferación de regímenes son la causa por la que Estado esta postrado en su economía”.

Señaló que esa situación es producto del traslado de recursos del gobierno, que por derecho le pertenecían al sector privado, bajo el supuesto de generar empleo, pero si se ven las estadísticas, el desempleo crece cada año.

Durón se preguntó ¿dónde está el beneficio de ese traslado de recursos, a sectores que lo único que han hecho es elevar sus utilidades y no cumplir el objetivo para el cual se les otorgaron esos privilegios?.

Y las ONG

Otro aspecto es la existencia de tres mil organizaciones privadas de desarrollo, conocidas como ONG con similitud de actividades y reciben recursos extraordinarios por exoneraciones y transferencias del Estado por unos 150 millones de lempiras, cifras que deben revisarse.

En esas prebendas se incluyen líneas aéreas, la maquila, constructoras que introducen maquinaria, el rubro del transporte con exoneraciones importantes, igual las empresas térmicas y algunas importadoras de combustibles, precisó.

Cito el caso de las cotizaciones al Instituto de Formación Profesional (Infop), el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) y el Seguro Social que son deducibles del Impuesto Sobre la Renta, lo que muestra que no hay un aporte del sector privado y al final quien subsidia, es el Estado.

Según estimaciones, en el país existen 105 artículos y decretos que exoneran empresas y organizaciones de todo tipo. “Aquí cualquier ONG que diga que se dedicará al tema de salud, educación o vivienda, se le exonera todo”, cuestionó.

Aseveró que la CGT apoya esa revisión porque el problema de fondo en el país, además de corrupción, es que el Estado transfirió recursos al sector privado para mejorar la infraestructura y desarrollar el país y no ha sucedido nada.

En ese sentido, se busca construir a nivel del Consejo Económico Social (CES) y de un acuerdo nacional, una posición consensuada para refocalizar esas exoneraciones e incentivos, en especial las que no dejan ningún incentivo.

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