Tegucigalpa – El canciller hondureño, Enrique Reina explicó esta mañana la decisión del gobierno de mantener la vigencia del tratado de extradición con Estados Unidos, la que se condiciona que no se utilice “con fines políticos” durante este año electoral y que tampoco implique desestabilizar a las Fuerzas Armadas.
– La vigencia del tratado se mantiene hasta el 27 de enero de 2026 y será la nueva administración la que decida si continúa o no, aclaró Reina.
– En las negociaciones con EEUU también se lograron acuerdos en el campo migratorio, económico, defensa e inversión.
“Con esta decisión no estamos para favorecer a políticos o no, tampoco a criminales que tengan que responder ante la justicia, pero si de alguna forma el tratado pudiera ser utilizado para desestabilizar a la forma de gobierno o al proceso electoral a través del ataque a las Fuerzas Armadas y esto generara una coyuntura compleja en el proceso electoral, esa es nuestra preocupación y por lo tanto es mantener una comunicación abierta con los Estados Unidos para que sea un proceso ordenado, objetivo y basado en los hechos puramente legales y que no pudiera tener ninguna duda o no se generara ninguna duda sobre el tema puramente político”, explicó el canciller.
El funcionario ofreció una conferencia de prensa para explicar la decisión de la presidenta Xiomara Castro de recular en su postura de eliminar el acuerdo de extradición con EEUU. “No hay fin del tratado el 28 de febrero, esto para que el nuevo gobierno lo decida el próximo año”, enfatizó.
Adicionó que desde que el presidente Donald Trump tomó posesión como presidente de EEUU, el gobierno hondureño ha sostenido importantes contactos para lograr acuerdos importantes.
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“Se trata de una visión muy franca y pragmática de una relación mutua que se abre bajo los nuevos criterios de la administración y naturalmente los criterios de la presidenta Xiomara Castro. Bajo este esquema hemos estado bajo contactos permanente con la administración Trump, directamente con la Casa Blanca, sin perjuicio de los canales adicionales a través de la Cancillería hondureña, el departamento de Estado, la Embajada de EEUU en Honduras, y nuestro embajador en Washington”, describió.
Cinco puntos con EEUU
El canciller Reina explicó que entre los acuerdos con EEUU destacan cinco puntos: 1. Migración, que incluye a los vuelos militares y otros posibles escenarios para abordar la política migratoria desde el punto de vista del interés mutuo; 2. Extradición, que incluye algunas salvaguardas para garantizar la estabilidad democrática y de las FFAA; 3. Defensa, continuidad de los acuerdos militares y de seguridad entre ambas naciones; 4. Económico, revisión de ciertas cláusulas del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y EEUU, especialmente los ligados a temas de productos alimentarios; 5. Inversión, el avance en las posibilidades de financiamiento en el Ferrocarril Interoceánico.
Sobre el apartado de la extradición, Reina detalló que implica la continuidad del convenio durante este periodo con salvaguardas normales que tendrán las relaciones entre estados.
El encargado de Relaciones Exteriores leyó la nota de prensa enviada por el gobierno de Honduras a su par de EEUU la noche del lunes 17.02.2025.
En la misiva enviada a la embajada de EEUU en Tegucigalpa se detalla la visita a Washington en octubre de 2024 por parte de la ministra de Defensa, Rixi Moncada en la que se abordaron las notas enviadas a EEUU en las que se denunció el tratado de extradición firmado el 15 de enero de 1909 y que entró en vigor el 10 de julio de 1912, complementado por la convención suplementaria de extradición entre Estados Unidos y Honduras, firmado el 21 de febrero de 1927 y que entró en vigor el 5 de julio de 1928.
La salvaguarda
“La Secretaría de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional de Honduras confirma que ha recibido la nota diplomática número 2024-0894 de fecha 20 de diciembre de 2024 remitida por los EEUU con la presentación de dos opciones para mantener la vigencia del tratado de extradición sin riesgo de que este sea utilizado con incidencia durante el año electoral 2025 en que se celebrarán elecciones primarias y generales para elegir nuevas autoridades en la Presidencia de la República, Congreso Nacional y Corporaciones Municipales para el periodo 2026-2030. Al respecto, la República de Honduras manifiesta su acuerdo con la segunda opción que plantea el gobierno de EEUU en el sentido de suspender a partir de la fecha de esta nota diplomática y hasta el 26 de enero de 2026 el transcurso del periodo constitucional de seis meses que de conformidad con los artículos 14 y tercero del tratado de 1909 y la convención de 1927, respectivamente, y las notas diplomáticas antes descritas que comenzó el 28 de agosto de 2024 reanudándose su transcurso a partir del 27 de enero de 2026”, reza la parte toral.
A renglón seguido, el canciller Reina ahondó que el periodo de suspensión de lo que era la denuncia del tratado que ya había corrido su término y que quedaban 10 días para su denuncia hasta el 28 de febrero, se le da vigencia durante todo este periodo de este año y se reactiva el 27 de enero de 2026, es decir que se retoma la vigencia del convenio y quedará como opción del nuevo gobierno decidir si mantiene la denuncia o no.
Puntualizó que “el gobierno de la presidenta Xiomara Castro reitera su voluntad inquebrantable de luchar por el fortalecimiento de la institucionalidad, el estado de derecho y la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y las consecuencias nefastas estructurales para el país que ha dejado el golpe de estado y la narcodictadura que imperaron en el país durante 12 años y siete meses”.
Reiteró que “la cooperación judicial internacional es importante para la lucha contra las amenazas generadas por el crimen transnacional entre ellos mecánicas como la extradición que son positivas y recuerda precisamente en este proceso de conversaciones con los EEUU se ha llegado a este acuerdo y se mantiene bajo la vigencia del tratado la posibilidad de utilizar este convenio obviamente sin que tenga implicaciones, ni para las Fuerzas Armadas ni al proceso electoral que era la importancia por la cual la presidenta había decidido denunciar el tratado”. JS
