Por. Thelma Mejía
Tegucigalpa.- El involucramiento de la recién creada policía militar de orden público en actos reñidos con la ley, que van desde violaciones humanitarias, crímenes y abuso de autoridad, es apenas el comienzo de lo que los expertos llaman el “oculto encanto” de la Defensa, en donde los militares asumen funciones no pedidas, cedidas por los civiles, que si bien se sabe cómo comienzan, nadie puede predecir en qué terminarán.
La primera alerta de una función otorgada a los militares para la cual no están preparados porque se relaciona con el roce cotidiano con la ciudadanía y su entorno, fue la trágica muerte del joven Ebel Hazied Yánez, quien por querer evitar un rehén militar que patrullaba una de las calles de la ciudad capital, fue baleado y asesinado por los militares.
El joven había tomado sin permiso la moto de su familia y salió a dar una vuelta y al verse requerido por la autoridad, huyó despavorido porque no quería que sus padres lo descubrieran. Los efectivos que participaron de este doloroso incidente han sido juzgados, pero fue la primera señal de lo que se podría venir si se seguía dando a los uniformados acciones policíacas para las que no están preparados.
A ello se dieron en el tiempo otros hechos aislados de pequeños roces sin mayores consecuencias, hasta que sólo en los últimos meses, varios miembros de la policía militar se vieron implicados en una golpiza al director de Casa Alianza, luego en la muerte de unas personas en San Pedro Sula, atropellos en otras partes del litoral atlántico, hasta casos de tortura a los mineros de la Cuculmeca, en San Juan Arriba, en El Corpus, Choluteca.
Se suma también el disparo hecho en contra de un bus rapidito que no hizo el alto con las consecuencias de cuatro personas heridas, todas ellas ya fuera de peligro, dijo en un programa televisivo el general Fredy Díaz, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Los militares también se vieron implicados en los golpes que recibiera un miembro de la comunidad LGTB en San Pedro Sula y lo último fue la denuncia de otro uniformado comprometido en la golpiza de un ciudadano en la región de occidente.
Si bien las autoridades militares han tratado de dar respuesta a todos estos abusos y crímenes poniendo a los responsables antes las instancias legales correspondientes, la sumatoria de estos hechos no necesariamente es un ejercicio de “buenas prácticas” en la formación castrense.
El caso de las torturas a los mineros en Choluteca y el disparo al bus rapidito ha sido lo que más les ha afectado e incomodado porque las fuerza de los hechos impide que su registro sea minimizado por la prensa y la opinión pública. Pero un flaco favor hace a las Fuerzas Armadas y al gobierno del presidente Hernández, sus adláteres en querer defender lo indefendible.
Es claro que los militares han sido metidos en una serie de funciones que no les corresponden y que muchas de ellas obedecen a que el país aún no termina de empujar la depuración policial y ésta ya no es tan confiable por sus denuncias de colusión con el crimen común y organizado, según revelan informes de expertos nacionales e internacionales.
Ante este descrédito de la Secretaría de Seguridad, la opción de los gobiernos han sido los militares como fuerza para generar confianza y tratar de revertir la inseguridad. Nadie dice que eso está malo. Todo tiene sus pros y sus contras. El país vive una emergencia, pero ésta no justifica los excesos ni los abusos.
Los responsables de estos disparates en que se ven envuelto los castrenses, son las elites políticas sin distingos de colores. Ellos son los que ceden un poder que no han pedido los uniformados en un afán por ocultar su incapacidad para asumir los retos que el país les demanda.
Para los teóricos de la Defensa, estos nuevos roles a los uniformados son “respuestas cosméticas” adscritas a lo que llaman un “montaje intelectual” sin arraigarse a la realidad del presente.
Luís Goodman es un experto en temas de Defensa y asegura que las elites políticas, “incapaces de proveer sistemas básicos de salud y educación para los empobrecidos poblados rurales a partir de las instituciones civiles, los políticos llaman a sus tropas para que sean ellas quienes los provean”.
Mientras, la experta Rut Diamint, de la Universidad Torcuato di Tella, es del criterio que estas acciones desesperadas en las nuevas funciones a los militares en aspectos de la seguridad interna, pueden concluir en un montaje intelectual y de mutaciones domésticas de consecuencias imprevisibles.
Y cuestiona lo que llama “conformismo” de sectores civiles ante esta suplantación de funciones entre Defensa y Seguridad. Ese conformismo, asegura, se produce en una mediocridad en donde sugieren que amoldarse es ajustarse a lo engañoso.
“Las innovaciones en defensa han sido reactivas. En algunos países la creciente inseguridad pública y formas de criminalidad organizada que desafiaban la capacidad de respuesta policial, llevaron rápidamente a involucrar a militares en la seguridad pública”, afirma Diamint, en un ensayo sobre defensa y seguridad.
“Nada de cambio de doctrinas, ni de entrenamiento, ni de equipamiento. De un día para otro salir a las calles y con la urgencia de la demanda social intentar, vanamente, reparar los déficit del Estado”, agrega.
El riesgo es que si las Fuerzas Armadas se siguen equivocando, sin que nadie les advierta o les corrija, a tiempo y en el tiempo, pueden volver a caer en un descrédito—igual o peor—que el de la década de los años ochenta. Y sin unas Fuerzas Armadas creíbles y confiables, el crimen estará, a la vuelta de la esquina, esperándoles para la estocada final a ellas y lo poco que aún tenemos de Estado.
¿Lo están viendo los militares? ¿Lo está viendo el gobierno? Lo ignoro, pero así como van las cosas, un flaco favor les hacen quienes les aplauden y justifican sus exabruptos. Pa´luego, es tarde.
