Rubí informó de que el dinero incautado de la estafa mientras estuvo en depósito del Ministerio Público, produjo una utilidad de 50,000 lempiras.
Dijo que continúan con las acciones de índole penal sobre este caso para recuperar los restantes seis millones de lempiras y deducirles responsabilidad a los acusados.
El fiscal general manifestó que harán las respectivas recomendaciones a INJUPEMP para las acciones que van a continuar y ofreció el apoyo total de Ministerio Público para que el resto del dinero vuelva a la Tesorería de la institución.
Andrés Torres -al recibir el cheque de manos del fiscal general- expresó su agradecimiento y reiteró que la recuperación de este dinero es un éxito del Ministerio Público, que neutralizó las acciones de los delincuentes y logró recuperar parte del dinero, para luego ser incautados por la OABI.
Anunció que ha solicitado en INJUPEMP una Auditoría Forense, con el fin de detectar si las firmas de los cheques son auténticas o falsificadas y señalar si hay personal que puede estar involucrado en este caso, así como para detectar si más acciones de sustracción de cheques se han realizado en otras fechas o en otros períodos de administración.
Antecedentes del caso
El 26 de Febrero de 2010, las autoridades del Instituto de Previsión Social procedieron a realizar una revisión periódica en el Departamento de la Tesorería, descubriendo que faltaban los cheques en blanco números 78255 y el 78500.
De inmediato se procedió a investigar el paradero de los cheques extraviados en el sistema bancario, para impedir que los mismos sean utilizados. El cuerpo legal de INJUPEMP procedió el mismo día a interponer la denuncia ante el Ministerio Público, órgano de investigación que procedió a visitar las instalaciones de INJUPEMP el día domingo 28 de Febrero del mismo mes, para proceder a realizar las indagaciones pertinentes con los funcionarios de la institución.
Las investigaciones realizadas por INJUPEMP y por el Ministerio Público dieron a conocer que los cheques fueron girados a favor de una persona de nombre José Alexander Javier Fonseca, en cuentas aperturadas en un banco un día anterior.
El 1 de Marzo, la Fiscalía Contra la Corrupción ordenó la detención de Carlos Raúl Chajtur, Mauricio Ubence Acosta Paredes y Oscar Eduardo Cano Bonilla, quienes fueron puestos a disposición del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa el 2 de Marzo, acusándolos de delitos de falsificación de documentos públicos, falsificación de títulos valores, estafa, hurto y lavado de activos.
El 9 de Marzo, la Jueza de Letras Alina Aguilera, desestimando las pruebas, dictó resolución de Sobreseimiento Provisional para los tres acusados de los delitos de estafa, hurto, y Sobreseimiento Definitivo por los delitos de falsificación de documentos t lavado de activos.
Henry Salgado, fiscal contra la Corrupción, expresó que «para nosotros los sobreseimientos dictados son una bofetada a la justicia”.
Las autoridades del INJUPEMP han anunciado que continuarán la batalla legal “hasta lograr recuperar los 6 millones de lempiras restantes” y que los acusados reciban todo el peso de la ley.
