– La rectora universitaria, Julieta Castellanos, evitó referirse al proceso de selección de las cabezas de la Fiscalía, pero afirmó que en seis meses habrá indicios si hay cambios sustanciales en esa institución.
El ahora ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y recién juramentado fiscal general del Ministerio Público, manifestó que “no le quepa la menor duda que renunciaría al cargo de fiscal general si no cumplo con las expectativas”.
Agregó que “estoy dispuesto a asumir el reto para cumplir a cabalidad mis funciones como siempre lo he hecho”.
Explicó que el fiscal general ha dejado de ser el director técnico y judicial de la investigación. “En muchos casos el Ministerio Público se ha metido en la parte investigativa que no le compete, y la Policía ha descuidado su función administrativa, así es complicado”, argumentó.
Chinchilla afirmó que “los pocos recursos que tiene el Estado, los estamos destinando en aquellos delitos que tienen poca incidencia, para ello es necesario hacer un inventario de los recursos que tiene la institución para reorientarlos y combatir la franja delictiva”.
Expresó que es urgente atender el proceso de investigación; “siempre se ha debatido entre la libertad y la seguridad, necesitamos crear un proceso penal donde el imputado no sea visto como un objeto de pruebas”, apuntó.
El MP necesita de reformas sustanciales: Rigoberto Cuellar
Por su parte, el fiscal adjunto, Rigoberto Cuellar, recomendó al Congreso Nacional hacer reformas sustanciales a la Ley del Ministerio Público para garantizar una institución fortalecida y con credibilidad.
Señaló que en la Fiscalía trabajará en los tres retos que tiene el Ministerio Público que es una institución que debe asegurarse que cumpla con la ley; tratar de maximizar la eficiencia de los recursos limitados que cuenta la entidad y buscar la legitimación democrática.
Asimismo, dijo que centrará sus esfuerzos en continuar con el proceso de depuración que ha iniciado la Comisión Interventora; fortalecer el tema de la capacitación y formación profesional y elaborar políticas institucionales de persecución.
“No me voy a escudar en lo que se ha venido argumentando en que la investigación la realiza la Policía y que en gran medida es responsabilidad de la misma, pero lo cierto es que la mayoría de los delitos complejos son investigados por equipos fiscales por lo tanto no podemos excusar al cuerpo fiscal cuando falla”, arguyó.
Indicó que todos los operadores de justicia deben de someterse a las pruebas de confianza ya que son un elemento valioso para determinar la idoneidad o no de un servidor público en su puesto.
Las declaraciones de ambos funcionarios fueron vertidas durante las audiencias públicas que llevó a cabo la comisión especial del Congreso Nacional.
