Fiscal en la cuerda floja; interventores recomiendan Juicio Político

Tegucigalpa – La Comisión Interventora del Ministerio Público recomendó al Congreso hondureño, la destitución del fiscal Luis Rubí y de su adjunto Roy Urtecho, una medida que ya se discute en el seno de la Comisión de Seguridad del Legislativo.
 

– Comisión de Seguridad conoce el tema y busca consensos en torno al destino del fiscal.

– Aplicación del Juicio Político y la discusión de una nueva Ley Orgánica del MP, las dos principales recomendaciones de la Interventora.

En un comunicado divulgado hoy, la Comisión Interventora nombrada por el Legislativo el pasado 17 de abril, con el fin de desentrañar los orígenes de la impunidad achacadas, según los legisladores, al Ministerio Público.

La Interventora nombrada con el beneplácito de la organización de sociedad civil Asociación para la Paz y la Justicia (APJ) está integrada por los abogados María Antonia Navarro, quien la coordina, así como Miriam Guzmán, Lino Tomás Mendoza y Ángela Madrid.

Inicialmente el órgano fue creado por un período de 60 días, pero el término se amplió por decisión legislativa por 45 días más.

Las funciones de la Interventora suplantan, en esencia a las del titular del Ministerio Público y su segundo a bordo, una situación que crea un mando paralelo dentro de la Fiscalía.

La recomendación de los interventores para que el fiscal Rubí y su segundo Urtecho sean sometidos a Juicio Político es discutida en el seno de la Comisión de Seguridad del Congreso hondureño.

Fuentes legislativas dijeron a Proceso Digital que la comisión de seguridad busca consensos para llegar a la Cámara con una posición unificada respecto a lo que será el destino del fiscal Rubí y del adjunto Urtecho.

Se supo que la convergencia de posiciones gira alrededor de verificar el Juicio Político.

El pasado 21 de marzo, el Congreso Nacional aprobó el reglamento del juicio político para altos funcionarios del Estado, que en el caso del Presidente de la República requerirá de tres cuartas partes de la Cámara Legislativa, es decir 96 votos de los diputados para ser enjuiciado.

Sin embargo, el 22 de enero pasado, la figura del Juicio Político se aprobó en el seno Legislativo con aplastante mayoría de 115 votos y solamente cinco votos en contra y dos abstenciones, la que fue ratificada el 30 de enero.

Los integrantes de la Comisión Interventora nos pronunciamos de la manera siguiente:

Visto y analizado el informe que presentara al pleno del Congreso Nacional la Comisión Interventora sobre los hallazgos encontrados a lo interno del Ministerio Público, la Comisión resalta los puntos siguientes:

A – Incumplimiento grave de las funciones, atribuciones y obligaciones que constitucionalmente le competen al órgano y que están claramente descritas y señaladas en su Ley Orgánica, principalmente el ejercicio de la acción penal pública, en relación a los hechos delictivos que se cometen en el país, causando con ello una grave impunidad en perjuicio de la población.

B – Falta de compromiso institucional para lograr una correcta coordinación con los distintos operadores de justicia, principalmente con la Secretaría de Seguridad quien es su aliado natural en el combate e investigación del delito.

C – Existencia de una eficiente y eficaz dirección técnico jurídica con la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DGIC), lo que ha generado pobres y deficientes investigaciones en las causas penales derivando con ello en sentencias absolutorias, incrementando la impunidad de los delitos cometidos contra la ciudadanía.

D – Administración inadecuada del presupuesto de la institución destinándose la mayor parte de los recursos a gastos administrativos irrelevantes y no al fortalecimiento de las acciones fiscales contra la persecución del delito.

E – Falta de rendición de cuentas de los fondos ejecutados e inobservancia de las normas de ejecución presupuestaria vigentes.

F – Ausencia de una política de protección y de seguridad a los agentes fiscales que tienen asignadas funciones de alto perfil de riesgo a pesar de la existencia de varios informes que así lo detallan, siendo uno de estos el caso del fiscal asesinado Orlan Arturo Chávez, coordinador de la Unidad contra el Lavado de Activos.

E – Se constató una grave debilidad en la supervisión de fiscales generando con ello la falta de control en el ejercicio fiscal y una desvinculación con las fiscalías regionales y locales.

Por las consideraciones antes expuestas, la Comisión Especial de Seguridad y de legislación al pleno de la Cámara hace las siguientes recomendaciones:

1.- La destitución por vía del Juicio Político del fiscal general y fiscal general adjunto por ser los responsables del inadecuado manejo y administración de la institución.

2. Iniciar la pronta discusión de una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público que le permita a la institución cumplir con las funciones y atribuciones que le establece la Constitución de la República y demás leyes nacionales.

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