Nunca se ha podido crear un sistema nacional sostenible para el sector agrícola. Los problemas de ineficiencia, ignorancia y corrupción han sido severos, pero no explican por sí mismos el mal resultado. El alto riesgo y volatilidad de los mercados agrícolas, combinado con las diferencias que tienen con los créditos más “urbanos” (industria, inmobiliarios, vehiculares, personales) ha hecho difícil dar soluciones. La banca privada, por las mismas razones, tampoco ha podido desplegar todo su potencial en este sector.
La inseguridad de las cosechas, combinado con la voraz necesidad de crédito en un campo empobrecido donde hay pocos ahorros, crea las condiciones para un financiamiento artesanal y de mucho riesgo. Hay escasos registros, escaso acceso a historial de crédito o cumplimiento y poca transparencia en los precios. Los altos costos, la precariedad y el desincentivo a invertir son corolario natural de esta condición.
No estamos condenados a aceptar esta condición como permanente. Otras sociedades, desde hace centenares de años, han visto este mismo problema y encontrado formas de atacarlo. Una de las más comunes es un mercado de futuros agrícolas. Este mercado es un espacio donde se operan contratos de compra y venta de una entrega futura de producto. Con contratos estandarizados (generados por el mercado) tanto el comprador como el vendedor acuerdan la entrega de una cantidad de producto en un tiempo determinado. El mercado cobra a ambos un margen, o garantía, que queda bajo custodia de este mercado.
Este margen es el único riesgo en la transacción en caso de no honrar el contrato (además de la veda de hacer negocios futuros). El riesgo del vendedor es mucho más limitado que cuando existe un préstamo hipotecario o sobre la cosecha, que al estar en un contrato es más sujeto a un aseguramiento. Gracias a los contratos estandarizados, las empresas de seguros pueden competir en condiciones conocidas para lograr las condiciones más eficientes de precio y seguridad.
El historial de cumplimiento de los contratos, de ambas partes, va quedando documentado. La confianza basada en evidencia anecdótica o intuición va quedando relegada. El mismo mercado va premiando a los productores y compradores más cumplidos reduciendo sus márgenes y creando un historial de respaldo para sus créditos comerciales o financieros.
Los contratos uniformes se vuelven transferibles a terceros. Lo que el mercado hace es que convierte al productor en vendedor para la totalidad de los compradores y viceversa. Al ser públicos los valores de cada contrato, sirven de base para crear índices de precios que sirven para planificar y para otras negociaciones. Las personas o empresas que se dedican tanto a producir como a comprar pueden ir con estos contratos a la banca a obtener financiamiento o venderlos a otros.
Este acceso al crédito y a vender el contrato a terceros, multiplica la cantidad de recursos que puede invertir. Se democratiza el acceso a comprar y vender, ya que las barreras de entrada son iguales para todos y no sujetas a variaciones impredecibles. Esto hace que el capital que ha estado desplegado en esta actividad salga a la luz, con menores condiciones de riesgo y que entren recursos frescos a financiar la producción.
Para hacer que funcione el mercado de futuros se necesita el concurso de la banca, las aseguradoras, los productores y el gobierno. Sin embargo, no debe estar en manos de ninguno para evitar la distorsión y el ventajismo. El mercado en sí debe ser una corporación independiente regulada por una ley general. Estudiar esta opción, parcial o totalmente, nos puede ayudar a resolver el desafío del financiamiento para la agricultura.
