Por: Daniel Meza Palma
Conforme a documentos y declaraciones no oficiales, se derivan algunos parámetros de la propuesta de reactivación inteligente de la economía en medio de la pandemia del COVID-19.
Se encuentran dos criterios básicos para la apertura gradual por regiones teniendo en cuenta la incidencia de la enfermedad y la densidad poblacional así: Región 1: baja; Región 2: media; Región 3: alta.
Respecto al plazo para la reapertura paulatina de la economía a partir del 1 de junio de 2020 se utilizan 4 criterios: incidencia, densidad, capacidad hospitalaria y relevancia económica mientras el avance de la reactivación se ve modificado para los establecimientos con base en su fuerza laboral:
Tabla unica. Progresion territorial de la fuerza laboral
Fuente: El Reto de la Reapertura y Reactivación económica.
La fuerza de trabajo de los negocios estaría reintegrada en su totalidad el 15 de agosto de 2020, exceptuando el personal vulnerable, que estaría sujeto a un régimen especial no especificado hasta ahora.
Hay regímenes de excepción para las siguientes actividades: transporte público, restaurantes, centros comerciales, centros de entrenamiento deportivo e iglesias.
La definición de incidencia de la OMS es: “la cantidad de casos nuevos de una enfermedad…” Es nuestro criterio que, por el tiempo de desarrollo de la enfermedad y su tratamiento diferenciado, es preferible usar ambos criterios: incidencia y prevalencia, pues este último indica la cantidad acumulada de contagiados.
Las actividades y parámetros de la FASE CERO previstas son:
Para las empresas: Preparar lugares de trabajo; adoptar protocolos de bioseguridad; capacitar a los empleados; gestionar salvoconductos; y cumplimiento de medidas de bioseguridad.
Para el gobierno: asegurar la dotación de equipo de protección temporal en el primero y segundo nivel de atención para los empleados de salud y de apoyo que intervienen en el proceso de atención médica con énfasis en las regiones 2 y 3, en donde existe evidencia de casos COVID-19; distribución de tratamientos ambulatorios y hospitalarios en los centros de atención COVID-19 a nivel nacional privilegiando las regiones 2 y 3; realizar pruebas rápidas, aprobadas por la Secretaría de Salud, en las 18 cabeceras departamentales del país, para validar el comportamiento de la pandemia, segregando para empresas con más de 100 empleados, 5% pruebas diarias y empresas con hasta 10 empleadas, 1 prueba diaria. Iniciar con 2,000 pruebas y alcanzar 5,000 pruebas rápidas diarias.
Además, asegurar acceso a la base de datos del Sistema de Vigilancia de Salud de la SESAL y a la Unidad de Epidemiología del SINAGER para conformar una línea base al inicio de la reapertura económica; consolidar y asignar recursos financieros a la SESAL para la contratación de personas que atiendan los relevos por condiciones de retiro, padecimientos de salud o prolongados períodos de servicio; y establecer en 10% el mínimo de pruebas periódicas a realizar en centros de trabajo, bajo la coordinación del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
En general, los argumentos y la lógica de la propuesta son consistentes con planteamientos científicos reiterados. La reapertura económica, asociada al incremento de pruebas de hasta un 1,000%, refleja la necesidad de compatibilizar la reactivación económica con la gestión simultánea de la pandemia del COVID-19.
