Túnez – El ex presidente tunecino Moncef Marzouki, actual líder del partido Al Irada, pidió hoy que se disuelva el Parlamento, ya que a su entender se ha convertido en «algo problemático».
La polémica declaración, ofrecida a la radio local Shems» se produce apenas 24 horas después de que la Asamblea votara en contra de la prolongación del mandato de la Instancia Verdad y Dignidad (IVD), que investiga la corrupción y las violaciones de los derechos humanos en el país.
La ampliación fue negada por 63 votos en contra y 0 a favor, y sin el «quorum» necesario al abandonar la sala los diputados del partido izquierdista «Frente Popular» y los islamistas de Ennahda, estos últimos mayoritarios en la cámara.
Marzouki acusó a los diputados que votaron en contra de tener como único objetivo «liquidar la revolución y todos los logros conseguidos. El pueblo tunecino jamás permitirá el regreso del antiguo régimen que alguno quieren a instaurar», subrayó.
El que fuera presidente interino del gobierno de transición expresó, asimismo, su apoyo a la presidenta de la IVD, Sihem Ben Sedrine, y denunció que las sesiones plenarias que debatieron sobre el futuro de esta institución son «ilegales» y que ésta «debe continuar con su trabajo al margen de la votación parlamentaria».
La propia Ben Sedrine se rebeló hoy también contra la decisión de la cámara y advirtió que la IVD continuará con su actividad conforme a la ley a pesar del rechazo
«La IVD se compromete a aplicar la ley a la espera una resolución del litigio jurídico con el Parlamento», remarco una desafiante Ben Sidrine, cuya intervención había desatado una gran expectación en el país.
Tanto Ennahda como el Frente Popular, que apoyan la labor de la IVD, consideran que la decisión sobre la longitud de su mandato está fuera de las competencias del Parlamento, por lo que ahora queda abierto un litigio legal.
El mandato de la IVD, que está previsto finalice en 2019, había sido ya prolongado de manera unilateral el pasado 27 de febrero por el consejo directivo durante un periodo de un año con el objetivo de «terminar su trabajo y elaborar un informe final sobre los cuatro años de trabajo realizados».
Según la ley que regula a la justicia transicional, su duración está limitada a cuatro años pero puede ser renovada por un año con la aprobación del parlamento.
En un entrevista concedida a Efe a principios de marzo, Sihem Ben Sedrine denunció que «los obstáculos han ido creciendo a medida que se acerca el fin del mandato» y aseguró que su informe final previsto para final de este año «aportará revelaciones importantes».
Desde que fuera creada tras la revolución de 2011, la IVD ha recibido más de 61.000 denuncias de particulares y organizaciones sobre casos de corrupción y violación de los derechos humanos ocurridos en Túnez entre 1955 y 2013.
