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Expresidente guatemalteco Portillo pide desestimar caso en EEUU por blanqueo

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Nueva York.- Los abogados del expresidente de Guatemala Alfonso Portillo solicitaron hoy a un juez federal de Nueva York que desestime el caso contra su cliente acusado de varios cargos por conspiración para blanqueo de dinero.
 

La defensa de Portillo se presentó ante el juez Robert Patterson, de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, durante una audiencia en la que presentó sus argumentos para suspender el caso, indicaron a Efe fuentes judiciales.

Entre los motivos esgrimidos por el equipo de abogados del exmandatario guatemalteco para pedir que se retiren los cargos es que el tribunal de Nueva York no tiene jurisdicción para juzgarle, detallaron las mismas fuentes.

Portillo fue detenido en su país en 2010 y juzgado posteriormente por malversación de fondos, pero finalmente fue absuelto de todos los cargos en 2011, aunque en mayo de este año fue extraditado a Estados Unidos.

Según la Fiscalía federal de Nueva York, el exmandatario, que se ha declarado no culpable de todos los cargos que pesan en su contra, convirtió su «puesto de la Presidencia de Guatemala en su cajero automático personal».

En concreto, las autoridades estadounidenses le acusan de haber lavado en cuentas bancarias de Estados Unidos unos 70 millones de dólares obtenidos ilegalmente durante su mandato como presidente entre 2000 y 2004.

El expresidente, de 62 años, padece problemas del corazón y pulmonares y sus abogados han propuesto en varias ocasiones al magistrado que durante el proceso judicial pueda quedar en libertad bajo fianza.

De ser hallado culpable, Portillo, primer exgobernante de América Latina entregado a la Justicia de EE.UU. podría ser condenado a un máximo de 20 años de cárcel y una multa de 500.000 dólares o el doble del dinero implicado en las transacciones ilegales.

La extradición del exmandatario se produjo después de una larga disputa legal tanto en tribunales guatemaltecos como neoyorquinos durante los últimos tres años tras la acusación presentada por el fiscal federal, Preet Bharara, en enero de 2010.

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