En un pronunciamiento de se arrogan el derecho de recomendar y exigir acciones a los operadores de justicia, en la víspera de su segunda comparecencia al hilo, ante el pleno de la cámara legislativa, señalaron que “Lo menos que podríamos esperar de la Junta Interventora es que recomiende al Congreso Nacional de la Republica aplicar el juicio político al Fiscal General y Fiscal General Adjunto del Estado”.
Igualmente exigen que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, detalle en que consistieron las medidas disciplinarias o sanciones que usó en el caso de jueces que aplicaron medidas sustitutivas de la prisión a imputados que no merecen ese beneficio.
En otro parte piden al comisionado de Defensa y Seguridad la presentación de un plan estratégico de emergencia para revertir la creciente ola de criminalidad que abate a Honduras.
A los diputados les señalan que: “exigimos programar para la agenda legislativa de los próximos meses, la discusión y aprobación de un nuevo marco jurídico que aplique a la Policía Nacional y la Ministerio Público”.
Igualmente demandan del presidente hondureño Porfirio Lobo, los nombres de quienes a su juicio deben sustituir a los titulares de la oficina de evaluación policial que dirige Eduardo Villanueva y su adjunto Mario Chinchilla.
A continuación el comunicado emitido por la coalición:
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), coalición de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, Redes de Organizaciones de Sociedad Civil, sindicatos y gremios, iglesias e instituciones académicas, víctimas y familiares de víctimas que realizan auditoría social y veeduría ciudadana al desempeño de las entidades operadoras de seguridad y justicia en Honduras, en la víspera del desarrollo de las interpelaciones a las que serán sometidos los titulares de las entidades operadoras de justicia, ante el pleno del Congreso Nacional de la República, hoy, lunes 10 de junio de 2013, con el objetivo que estos funcionarios públicos informen acerca de su desempeño y los logros obtenidos en los pasados sesenta días, se pronuncia, ante el pueblo hondureño en general, en los siguientes términos:
Al Secretario de Seguridad:
· Le exigimos presente un Plan de Emergencia para revertir la dramática situación de violencia y crimen que afecta a los hondureños, indique los avances logrados en materia de reforma institucional, y que se comprometa a transparentar los planes y estrategias de la entidad al igual que los procesos de evaluación y depuración de la Policía Nacional, y no seguir ocultando información valiosa sobre su desempeño, a través de medidas restrictivas, opacidad y límites al acceso a la información pública. El Pueblo hondureño merece respeto y tiene el derecho a saber y opinar sobre las ejecutorias de sus autoridades, especialmente en un ámbito del servicio púbico que pone en riesgo la seguridad individual y de los bienes de los ciudadanos; solamente un gobierno abierto permite empezar a construir la confianza indispensable en el ciudadano, que es básica la transformación real del Estado.
A la Junta Interventora del Ministerio Público:
· Le exigimos que, en el marco de las funciones y atribuciones que le concedió el Congreso Nacional de la Republica, a través del Decreto Legislativo 50-2013, presente de forma detallada los hallazgos encontrados sobre la calamitosa situación del Ministerio Público, en directa relación a las funciones que se le ha encomendado como oficiosos interventores a una entidad operadora de justicia que ha incumplido su mandato constitucional de representar los intereses de la ciudadanía; estamos pendientes de escuchar un informe que constate las innumerables denuncias de excesos y omisiones cometidas a lo largo de los últimos años a lo interno del Ministerio Público, y que confirme los serios problemas reflejados en los informes que meses antes, había hecho público la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
· Esperamos escuchar avances concretos y demandamos de la Junta Interventora recomendaciones concretas respecto a las acciones políticas, administrativas y penales a considerar para reducir responsabilidades a los integrantes del Ministerio Público que han violado deberes de los funcionarios, han transgredido la Ley y han tenido un corrupto e ineficiente desempeño de frente de sus deberes. Lo menos que podríamos esperar de la Junta Interventora es que recomiende al Congreso Nacional de la Republica aplicar el juicio político al Fiscal General y Fiscal General Adjunto del Estado.
Al Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ):
· Le solicitamos presente el informe de las sanciones que aplicó a los jueces y magistrados que, abusando de su posición concedieron medidas sustitutivas de prisión a acusados de crímenes y delitos que no permitían ese beneficio; de igual manera, queremos escuchar la estrategia y los avances en el procesos de depuración y a la aplicación de pruebas de confianza a toda la estructura del Poder Judicial, a fin de garantizar que en los tribunales de justicia únicamente estén personas con experiencias, capacidad, buen desempeño y honrado proceder.
Al liderazgo nacional, a los que detentan el poder político de la nación, manifestamos lo siguiente:
Al Congreso Nacional de la República:
· Queremos que los diputados del Congreso Nacional procedan inmediatamente a la realización del Juicio Político al Fiscal General y Fiscal General Adjunto del Estado, por su mediocre desempeño, incumplimiento de mandato constitucional y por haber desaprobado el examen legislativo en torno a su conducta administrativa; de conformidad con el sentido común, el deber ciudadano, al mandato de Ley y sobre la base del contenido y los hallazgos a los informes realizado en torno al Ministerio Público y a la información a la cual han tenido acceso, los parlamentarios no tienen otra opción más que hacer uso de las facultades que las Ley les otorga para someter a juicio político a los titulares del Ministerio Público, ya que de no hacerlo demostraría complicidad ante quienes ejecutan fechorías y son irresponsables en el cumplimiento del deber.
· Exigimos programar para la agenda legislativa de los próximos meses, la discusión y aprobación de un nuevo marco jurídico que aplique a la Policía Nacional y la Ministerio Público; de igual forma, que proceda a realizar las reformas constitucionales pertinentes para contar con la operación Consejo de la Judicatura despolitizado y eficiente, que asuma las funcionesadministrativas y de gestión de recursos humanos, dejando la labor jurisdiccional únicamente al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y demás tribunales.
Al Presidente de la República:
· Pedimos que instruya al Secretario de Seguridad, para que de inmediato proceda, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Interna (CONASIN), a presentar los candidatos nominados a dirigir la Dirección de la Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), para que de entre ellos se escoja –en el menor tiempo posible- al más capaz y honesto, y se eleve a consideración del Poder Legislativo para la ratificación de Ley. Es inadmisible que funcionarios a los que se les ha comprobado su irresponsabilidad y mediocridad en el desempeño de sus funciones, estén al frente del proceso de investigación y evaluación de la carrera policial.
La APJ, ratifica su compromiso leal con el pueblo hondureño, a favor de quien, realiza acciones de veeduría ciudadana e incidencia ante los tomadores de decisiones del Estado, con la intención de reformar el sistema de justicia y seguridad en el país, y que de esta manera mejore el desempeño de los operadores de justicia y disminuyan los índices de criminalidad y violencia en nuestros municipios.
Dado en el Municipio del Distrito Central (MDC), Departamento de Francisco Morazán, a los diez días del mes de junio de 2013.
