Agregó que “los problemas sociales en Honduras datan de muchas décadas, es decir, no se pueden atribuir a uno u otro gobierno, creo que todos los gobiernos tienen parte de obligación de mejorar las condiciones de vida”.
Explicó que durante la condonación de la deuda externa se liberaron recursos que pudieron haber salido del país y que fueron administrados por diferentes organizaciones es el proceso que se inició después del huracán Mitch (1998) y que logró culminarse en 2006.
“Durante todo ese período no solo el gobierno ejecutó programas de alivio de reducción de la deuda, a la sociedad civil se le asignaron recursos y también a las municipalidades donde lamentablemente hubieron (hubo) casos muy penosos de alcaldías en las cuales se les dieron los recursos y algunos alcaldes hasta se perdieron, nunca se supo el destino de ellos, pero se llevaron su dinero, el dinero que era para obras sociales”, detalló Núñez.
Aclaró que es importante transmitir que esto no debe ser visto de uno u otro gobierno, si no que todos tienen un proceso de participación.
Sobre la sustitución de la deuda interna por la externa, dijo “la pregunta es quiénes estarían dispuestos a otorgar este beneficio de sustitución de deuda. Los organismos internacionales ponen a disposición de los gobierno recursos de apoyo presupuestario el cual puede utilizarse parcialmente para reconvertir la deuda”.
Asimismo manifestó que en los próximos dos a tres años el servicio de la deuda va a andar arriba de los 4 mil millones de lempiras y en adición habría que agregar las necesidades de recursos que pudiera tener el gobierno para financiar el déficit fiscal.
Sobre las expectativas de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), acotó que en base al último comunicado de prensa del FMI manifestando que han habido dificultades en el cumplimiento de algunas metas, especialmente en el tema de las reservas internacionales y donde se recomendaba al Banco Central de Honduras (BCH), hacer un uso más efectivo en sus operaciones de mercado abierto, se obliga a una mejora en la administración tributaria, políticas que aceleren el paso de la economía y movilizar la inversión pública.
