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Ex asesor de Obama: Centroamérica necesita más «compromiso» ante ola migratoria

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Washington – El Salvador, Honduras y Guatemala necesitan más «compromiso político» del sector público, privado y la sociedad civil de esos países para paliar la situación que lleva a emigrar a miles de niños y familias, según el ex asesor para América Latina de la Casa Blanca, Dan Restrepo.
 

«La solución de esta crisis y de estos fenómenos tiene que existir en Centroamérica», señaló Restrepo en entrevista con Efe con motivo de la presentación de un análisis que examina las causas de este fenómeno, publicado por el Center for American Progress.

El estudio, realizado junto con la analista política Ann Garcia, del equipo de políticas migratorias del centro, aboga por una respuesta integral de toda la sociedad para que se trabaje de forma «más coherente».

«Se puede ayudar desde el exterior pero si no hay cooperación entre el sector cívico, el sector público y el sector privado, va a ser muy difícil frenar estas dinámicas migratorias», enfatizó.

La presentación de este trabajo coincide con la visita a Washington de los presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén; Guatemala, Otto Pérez Molina, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, que se reúnen el viernes en la Casa Blanca con el presidente, Barack Obama, para tratar el tema de la migración infantil no acompañada y la violencia en la región centroamericana.

Restrepo indicó que es una tendencia que comenzó a aumentar desde 2011 pero, en los últimos meses, la cifra de niños y familias que han abandonado estos tres países hacía las naciones vecinas o para entrar ilegalmente por la frontera sur estadounidense se ha disparado.

En lo que va de año fiscal, más de 57.000 niños sin compañía de un adulto entraron de forma ilegal en EE.UU., el doble de los que entraron en todo 2013, y más de 55.000 familias.

Antes de 2011, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los agentes interceptaban una media de 8.000 menores solos anualmente, la mayoría procedentes de México.

Los expertos apuntan a la pobreza y la violencia como principales causas de este flujo migratorio y recuerdan que Honduras (con 90,4 homicidios por cada 100.000 personas), El Salvador (41,2) y Guatemala (39,9), están entre los 5 países más peligrosos del mundo.

La falta de desarrollo económico y de oportunidades para los jóvenes los convierten en tierra fértil para las pandillas que se han convertido en organizaciones criminales trasnacionales, explican.

El estudio señala la necesidad de instituciones más eficientes, una justicia íntegra, mejores instituciones penales y una mayor contribución de todos los niveles de la sociedad a lo largo de la región, algo a lo que los actores internacionales, incluido EE.UU., «pueden y deben» ayudar.

Sin embargo, «toda la ayuda del mundo no tendrá éxito a menos que toda la sociedad se comprometa a construir y mantener esas instituciones», señaló Restrepo, que puso como ejemplo el caso de Colombia.

EEUU desembolsó 8.000 millones de dólares en una década para ayudar a combatir la violencia y el narcotráfico a través del Plan Colombia, pero el país «invirtió mucho más dinero que eso en esa misma etapa»; además, el sector privado colombiano vio que «el apoyo al Estado era clave para la supervivencia del país, y francamente eso no ha ocurrido en esos tres países», dijo refiriéndose a Centroamérica.

Restrepo destacó el papel de la sociedad civil como puente con el sector privado y el Estado y como mecanismo de rendición de cuentas, porque «la desconfianza en la capacidad de las instituciones en estos países es tremenda», y consideró que dar voz a la ciudadanía puede ayudar a la creación del «tejido social que tanto falta».

Ante la crisis que afronta EEUU, sobre todo con la llegada de menores, hizo hincapié en «la necesidad de respetar las leyes que existen» y opinó que «esto subraya la necesidad de reformar nuestro sistema migratorio».

El exasesor se mostró convencido de que si la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, hubiera votado el proyecto de ley que aprobó hace un año el Senado «se habría evitado» parte de esta oleada, ya que «de facto» la mayoría están siendo reunificaciones familiares y el proyecto presentado por los legisladores «tiene mecanismos para hacerlo de forma legal».
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