Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), manifestó en las últimas horas, a través de un comunicado, que a la fecha resulta inconcebible que el Estado de Honduras esté evidenciando incapacidad y debilidad en los procesos de adquisición y distribución de los insumos médicos y material de bioseguridad para atender la emergencia del COVID-19.
A través del comunicado publicado en sus cuentas de redes sociales, el CNA apuntó que se preconcibió un plan desde que se confirmó el primer caso para obligar las compras de emergencia para saltarse los principios de transparencia.
Señaló que en dos meses, el Poder Ejecutivo gestó 13 decretos de emergencia, mientras que el Congreso Nacional emitió dos decretos legislativos encaminados a la aprobación de fondos y la creación de libertades para contratar y adquirir mediante compras directas todo o concerniente al combate del COVID-19.
La instancia de sociedad civil reveló que la suma de los montos de los decretos supera los 63 mil millones de lempiras, sin sumar las donaciones otorgadas por organismos internacionales.
“A pesar de los montos aprobados y los insumos adquiridos, la curva ascendente cada día se observa más pronunciada, sin llegar hasta este momento al pico determinante, ya que la incapacidad de quienes hoy se encuentran al frente de las instituciones públicas vinculadas a contrarrestar el COVID-19, ha provocado que hasta el momento se hayan realizado únicamente un poco más de dos mil pruebas”, recrimina el CNA en el comunicado.
Afirmó que hicieron una revisión exhaustiva al portal de transparencia en la Secretaría de Finanzas y otras instituciones públicas concluyendo que el pueblo hondureño está siendo engañado arguyendo que la información publicada es deficiente al no presentar proveedor, montos exactos, características del producto, órdenes de compra y otras ausencias.
Aclaró que pese a que el CNA forma parte del consejo directivo de Inversiones Estratégicas Honduras (Invest-H), ninguna decisión de ese ente ha sido socializada con el Consejo Nacional Anticorrupción, ya que el representante propietario ante la asamblea general se encuentra incapacitado desde el 31 de diciembre de 2019.
Exigió a los funcionarios públicos que dejen de aprovecharse de los recursos públicos para intereses personales.
