Amy Goodman,
con la colaboración de Denis Moynihan
Según lo previsto, pronto se iniciará el juicio en la causa por espionaje iniciada por el gobierno de Obama contra el presunto informante de la CIA Jeffrey Sterling, seis años después de la presentación de cargos en su contra. Aparte de Sterling, se llevará a juicio además a uno de los principales pilares de nuestra sociedad democrática: la libertad de prensa. Los fiscales federales alegan que Sterling filtró información confidencial al autor y periodista del New York Times, James Risen. Risen ha escrito varios artículos en los que saca a la luz asuntos de seguridad nacional. En uno de ellos, publicado en su libro de 2006 «State of War» (en español: «Estado de Guerra»), Risen detalla una operación fallida de la CIA cuyo objetivo era hacer entrega de planos defectuosos de bombas nucleares al gobierno de Irán a fin de perjudicar el supuesto programa de armamento de ese país.
Los fiscales consideran que fue Sterling quien filtró los detalles de esa operación a Risen y pretenden que éste haga pública su fuente ante la justicia. Risen se ha negado hasta el momento a divulgar su fuente, amparándose en las protecciones a la libertad de prensa establecidas en la Primera Enmienda y ha jurado ir a la cárcel antes que «renunciar a todo aquello en lo que creo», según sus propias palabras.
El rol que juegan las fuentes confidenciales en el periodismo de investigación tal vez haya sido demostrado de manera fehaciente por los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein. Woodward y Bernstein tenían una fuente confidencial apodada «Garganta Profunda» que les dio pistas, les confirmó información y les sugirió «rastrear la ruta el dinero». Con ayuda de esa fuente descubrieron actos ilícitos llevados a cabo en las más altas esferas del gobierno, los cuales posteriormente llevaron a presentar su renuncia al Presidente Richard Nixon hace más de 40 años, en 1974, a fin de evitar un juicio político.
Aproximadamente en el mismo momento, revelaciones acerca de hechos ilícitos y rotundos delitos en el seno del FBI, la CIA y la NSA suscitaron investigaciones por parte del Congreso que derivaron en la aprobación de nuevas leyes, como la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés), la cual se suponía debía controlar los abusos, al exigir órdenes judiciales para la vigilancia.
Pero luego tuvieron lugar los ataques del 11 de septiembre de 2001, y como da cuenta actualmente el sentido común, «todo cambió». El gobierno de George W. Bush dio inicio a una amplia gama de actividades, entre ellas, tortura, secuestros, escuchas telefónicas sin orden judicial y, por supuesto, la invasión y ocupación de Irak sobre la base de información de inteligencia falsa y de una extensa campaña propagandística, llevada a cabo con amplia complicidad de los medios masivos de comunicación.
Estos abusos salieron a la luz gracias a la labor de periodistas de investigación como James Risen y de informantes que corrieron grandes riesgos, a nivel personal y profesional, para llamar la atención de la población sobre los abusos de poder cometidos. Risen llevó su caso ante la justicia y logró que un juez de distrito dejara sin efecto la citación que pendía sobre él. El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, que tiene jurisdicción sobre Virginia y Maryland, donde la CIA y la NSA tienen sus respectivas sedes principales, reinstauró la citación. Posteriormente, la Corte Suprema de Estados Unidos, a instancias del gobierno de Obama, se negó a tratar el caso. Risen agotó entonces sus posibilidades de apelación y deberá testificar en el juicio de Sterling o enfrentar cargos por desacato, que podrían implicar importantes multas y tiempo de reclusión.
«Mientras sea Fiscal General», sostuvo el Fiscal General Eric Holder, «ningún periodista que esté haciendo su trabajo irá a la cárcel». Pero si los fiscales federales del caso Sterling obligan a Risen a atestiguar, no queda claro de qué servirá la promesa de Holder.
Uno de los motivos por los que el juez federal dejó sin efecto la citación de Risen fue que, según razonó el juez, los fiscales ya tenían un caso firme contra Sterling y no necesitaban que Risen confirmara que Sterling fue la fuente. Las evidencias contra Sterling incluyen los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y cuentas bancarias de James Risen, así como sus registros telefónicos y otra información que presuntamente los vincularía. He aquí otra profunda amenaza al periodismo: el nivel sin precedentes de vigilancia de todas las personas, incluidos los periodistas. Paradójicamente, fueron James Risen y su colega Eric Lichtblau quienes primero sacaron a la luz el programa de escuchas telefónicas sin orden judicial del gobierno de Bush en un artículo escrito en el año 2004 que fue retenido por el entonces editor en jefe, Bill Keller, hasta después de las elecciones presidenciales del 2004, en las que resultó reelecto el Presidente Bush.
La organización Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles emitieron conjuntamente en el mes de julio un informe titulado: «Con libertad para vigilar a todos: Cómo la vigilancia a gran escala de Estados Unidos perjudica al periodismo, a la ley y a la democracia estadounidense». Al detallar los impactos negativos que tiene la vigilancia masiva sobre el periodismo, citan a Brian Ross, corresponsal en jefe de investigaciones de ABC News, quien expresó: «Siento que tenemos que actuar como si fuéramos de la mafia. Tenemos que ir por ahí con un monedero lleno y si se encuentra un teléfono público, hay que usarlo, o como hacen los traficantes de drogas, hay que usar teléfonos prepagos desechables. Estos son los pasos que tenemos que dar para librarnos del rastreo electrónico. Tener que tomar este tipo de medidas hace que los periodistas nos sintamos como si fuésemos criminales y como si estuviésemos haciendo algo malo. Y no creo que sea así. Creo que estamos brindando un servicio útil a los estadounidenses para que sepan lo que está pasando en su gobierno y lo que está sucediendo».
No, los periodistas de investigación no son culpables de hacer nada malo. La organización activista online Roots Action ha publicado una solicitud, que cuenta con más de 125.000 firmas, en la que exhorta al Presidente Obama y al Fiscal General Holder a detener las acciones judiciales contra James Risen. Varias organizaciones en favor de la libertad de prensa han expresado su apoyo a Risen públicamente, al igual que lo han hecho veinte ganadores de Premios Pulitzer. En definitiva, reprimir a la prensa viola el derecho de la población a saber. Existe una razón por la que el periodismo se encuentra amparado por la Constitución de Estados Unidos: la libertad de prensa es una instancia fundamental de control y equilibrio, necesaria para que quienes detentan el poder rindan cuentas ante la sociedad. El periodismo resulta esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática.
