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Escoger favoritos

Ing. José S. Azcona.

Parecería fácil creer que el simplemente crear condiciones especiales de crédito o incentivos fiscales a ciertos rubros daría pujanza a los mismos y levantaría a todos los demás.  Una de las lecciones más importantes del estudio de nuestra fiscal y de finanzas públicas, tanto en nuestro país como el extranjero, es ver la limitada y errática capacidad de los estados de crear bonanza por estos medios. Generalmente, resultan en una asignación ineficiente de recursos y, en los peores casos, son una fuente de distorsión en la economía o de corrupción. Este es un problema histórico que nos ha acompañado por generaciones.

En el tema tributario, hay una neutralidad en el balance de ingresos y egresos (incluyendo endeudamiento) que no es afectado si se le da un beneficio fiscal a un sector. Ese beneficio fiscal será pagado por la masa de contribuyentes de tres formas: como impuestos más altos, menos servicios estatales, o deuda. No existe ninguna otra opción.  

En el tema financiero ocurre los mismo. La creación de líneas especiales o preferenciales saca recursos de la masa de fondos para el financiamiento general, resultando en un aumento de las tasas de interés generales. Si el estado dirige recursos de otros destinos o recurre a endeudamiento, resulta finalmente en las consecuencias establecidas en el artículo anterior. No hay otro resultado posible.

Escoger favoritos, por tanto, implica que el costo de apoyarles será asumido por la colectividad. El quid pro quo es un mayor crecimiento económico potencial y la adquisición de nuevas capacidades. Sin embargo, como los sectores tienen la puerta abierta para gestionar beneficios para sí mismos y el estado es manejado por humanos, la cercanía al poder o acceso a mover la opinión pública influirán en qué sectores sean beneficiados. Difícilmente coincidirá esto con el objetivo de la eficiencia en lograr crecimiento.

Colateralmente, pueden surgir otros factores de riesgo más allá de una asignación ineficiente de recursos. La ineficiencia no solo se da en escoger rubros o líneas, sino que es agravada por el dispar acceso que diferentes empresas o personas tienen de acceder. Como mínimo, implican una burocratización y crecimiento en gastos y tiempos administrativos, con barreras que excluirán a los menos dotados de contactos o capacidad de gestión en el estado. Como máximo, permitirá que personas inescrupulosas tomen ventaja de la complejidad adicional para beneficiarse indebidamente, apropiándose de un recurso que pertenecía a todos.

La creencia de que estas medidas pueden resultar en una inversión del extranjero considerable no ha sido probada por la historia. Es más, creemos que un régimen de excepciones en un estado de derecho débil no atrae la inversión seria, sino más bien puede servir de plataforma al especulador o traficante de influencias.

Hay una serie de factores que hacen que los estados se inclinen por este tipo de medidas. La más importante es la necesidad de sentirse como agente activo en la conducción de la economía nacional. Se puede ganar la gracia de un sector que recibirá beneficios tangibles, mientras que al socializarse los costos y deferirse al futuro los mismos no hay un afectado inmediato. Por tanto, políticamente, hay un resultado favorable a corto plazo, pero ¡après moi, le déluge!

Existe la versión alterna, menos glamorosa y sin beneficios específicos para nadie, de trabajar por una igualdad fiscal y tributaria. Esto, acompañado de manejar las finanzas públicas de forma prudente y no succionar los recursos bancarios generales, permitiría intereses bancarios e impuestos más bajos, con una creciente mejora de los servicios estatales en un ambiente de más igualdad y seguridad jurídica. Estos son los motores del crecimiento que todos añoramos.

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