El gobierno canadiense emitió una ley en junio que obliga a los gigantes digitales a compensar a los medios canadienses por el contenido que comparten en sus plataformas. En respuesta Meta bloqueó al gobierno de sus redes. Ahora la administración de Justin Trudeau suspendió la semana pasada toda publicidad en Facebook e Instagram (US$7.5 millones al año).
«Los canadienses no se dejarán intimidar por los multimillonarios estadounidenses que quieren perjudicar nuestra democracia», dijo el primer ministro Justin Trudeau, y enfatizó que su gobierno no se retractaría de su ley, en declaraciones recogidas por AP, agencia que además informa que California estudia una ley similar.
Permítanme presentar una símil de esta legislación que también adoptó Australia en el 2021, aunque al final modificó por las presiones de los gigantes tecnológicos: Es como si usted fuera un músico que lo contactan para tocar en un restaurante o un bar para incrementar la cantidad de personas que asisten y consumen en este local, incrementando evidentemente los ingresos del negocio, y al final de la noche el propietario se hace el de a peso y decide… no pagarle ni un cinco.
Los contenidos producidos por los medios masivos tradicionales contribuyen a generar tráfico a las redes sociales, y a partir de ese tráfico es como las redes pueden generarse ingresos. Es evidente que puede ser difícil de determinar en qué proporción contribuyen los medios al tráfico en las redes, pero no imposible con la amplia cantidad de herramientas tecnológicas disponibles. Por ello, uno entendería que existiera una disputa por el porcentaje a pagar, porque se trata de un nuevo ámbito, pero no querer pagar nada es una desfachatez.
Estas legislaciones sólo tratan de enmendar esta injusticia que es una pequeña parte del libertinaje que se vive hoy por hoy en las redes sociales. Porque hay algo peor que es la utilización de esos contenidos de los medios masivos y de muchos otros para desinformar, en un activo proceso de alienación de las audiencias, del cual nos referiremos con mayor profundidad en el futuro.
AP puntualiza que “según el Departamento de Patrimonio Canadiense, más de 450 medios de comunicación canadienses han cerrado desde 2008. El ministro Pablo Rodríguez dijo que 80% de los ingresos publicitarios en Canadá -casi 10,000 millones de dólares canadienses en 2022- ahora van hacia Google y Facebook, cifras que son similares a las de otros países”. Por pura coincidencia hay una activa campaña de desprestigio en las redes sociales contra el gobierno de Trudeau.
¿Estamos ante la disputa entre dos tipos de comunicación masiva? Así es. Otero, apoyado en Castells nos lo explicaba: “Castells reitera en su tesis de la coexistencia, interacción, conflicto y contradicción de los dos modos de comunicación que ya había identificado como la comunicación medial masiva unidireccional y la comunicación masiva autodirigida multidireccional”, (Otero E. 2005, p.369).
Sin embargo, cuando Castells y Otero escriben, esta comunicación autodirigida, sin un marco regulatorio, no había sido asaltada como ahora por la ambición desmedida de producir ganancias a todo costo, o bien, la idea de acaparar la mayor cantidad de poder posible, de tal forma que unos pocos controlan la gran mayoría de los contenidos que circulan en las redes, y además, información que cuenta con una proporción elevada de tergiversación. Por supuesto que no es posible conectar a los tecno magnates con determinadas campañas, pero ya sea por acción o por omisión son igualmente responsables.
En la historia encontramos ejemplos de empresas privadas tomando ventaja de espacios que, conforme al concepto de derechos civiles de la ciudadanía, deben ser considerados de beneficio público, y por tanto deben de contar con una supervisión y regulación estricta.
El economista Paul Krugman, en relación con los ataques al servicio Postal por parte de la administración Trump antes de las elecciones (conocedor este político de antemano, como realmente ocurrió, que el voto por correo sería crucial para su derrota), explica como fue el proceso de surgimiento de este servicio:
“La entrega directa de correo a los hogares urbanos no comenzó hasta 1863, y la entrega gratuita rural permanente hasta 1902. The Parcel Post no se creó hasta 1913; anteriormente, los clientes rurales tenían que depender de un cartel de empresas privadas que conspiraban para mantener altas las tarifas de envío. Sin embargo, todos estos cambios tenían un tema común: lograr que los estadounidenses estuvieran en mejor contacto entre sí y con el mundo en general. Una parte clave del espíritu de la oficina de correos ha sido durante mucho tiempo que tiene una «obligación de servicio universal», «unir a la nación» y «facilitar la inclusión ciudadana», (New York Times, 21 de agosto de 2020).
¿Tendremos en la actualidad un “cartel” de empresas tecnológicas tomando provecho de un espacio en el que el Estado es débil y no existe una regulación apropiada? La diferencia con la coyuntura planteada en el párrafo anterior es que el “cartel” tecnológico tiene ahora un poder de tal proporción que es capaz de enfrentar a gobiernos del primer mundo.
Será previsible que se ataque a los gobernantes de atentar contra la libertad de expresión, cuando intenten controlar a estos monstruos, como de hecho ya está ocurriendo. El desarrollo de los acontecimientos, y sobre todo las limitaciones que existen en Estados Unidos donde la politización es ahora mayor, permiten suponer que nos queda bastante tiempo de enfrentamientos. Los conflictos no solo serán de los medios tradicionales, apoyados por los gobiernos, contra los magnates tecnológicos. Hay muchos otros frentes que se vislumbran. Los gobiernos que deseen poner orden no podrán hacerlo ellos solos. La conciencia ciudadana de que existe este libertinaje, e iniciar a combatirlo, es vital para esta lucha. ¿Será esta ambición algo lejano? La previsión actual es que esta es una guerra que apenas inicia.
