Así lo establece el informe de derechos humanos 2007 del Departamento de Estado de Estados Unidos divulgado el martes por el gobierno norteamericano. En el caso particular de Honduras, el informe también destaca el incremento de los asesinatos cometidos por vigilantes, bandas callejeras y ex miembros de las fuerzas de seguridad, así como la falta de un debido proceso para los detenidos, debido a la corrupción, debilidad institucional y politización de las instituciones judiciales. El informe señala asimismo que impera la violencia y la discriminación contra la mujer; la prostitución infantil y el abuso, la trata de personas, la discriminación contra las comunidades indígenas, la violencia y la discriminación contra las personas basada en la orientación sexual y una ineficaz aplicación de la legislación laboral y el trabajo infantil. En materia de prensa, el informe destaca el asesinato del periodista y humorista de Radio Cadena Voces, Carlos Salgado, y la salida obligatoria al extranjero del director de este medio de comunicación Dagoberto Rodríguez por amenazas a muerte. En este campo además señala que hubo amenazas contra periodistas, muchos de los cuales fueron querellados por funcionarios vinculados a actos de corrupción, entre ellos, el ex gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri. En torno a este mismo tema, el documento registra que durante el año, una empresa de seguridad privada hostigó periodistas y abogados que trabajan para la organización no gubernamental de derechos humanos Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), incluso pidiendo a las autoridades revocar la licencia de funcionamiento a ASJ. Al final del año el Ministerio de Gobernación y Justicia y la Oficina del Procurador General encontró que no había una base para revocar la licencia. En otro orden de cosas, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) calcula que hasta diciembre miembros de los cuerpos de seguridad habían detenido arbitrariamente e incluso torturado a más de 34.000 personas en diferentes operaciones montadas por el gobierno. Corrupción policial El documento señala que la corrupción y la impunidad son problemas graves dentro de las fuerzas de seguridad y la falta de financiamiento suficiente para la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) socava su eficacia. El informe cita que el ministerio de Seguridad Pública detalló que, al mes de noviembre, hubo 40 secuestros en diferentes ciudades del país, en comparación con los 14 que se reportaron en 2006. Por otro lado, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) informó que durante el año fueron asesinados 189 mujeres y que el 98 por ciento de esos asesinatos siguen sin resolverse, es decir, siguen en la completa impunidad. Entre enero y septiembre, la Unidad Especial de Investigación sobre Asesinato de Niños recibió los casos de 80 menores asesinados. Estos asesinatos son atribuidos a asaltantes desconocidos (57 por ciento), los miembros de las pandillas (30 por ciento), los particulares, miembros de la familia y delincuentes (12 por ciento), y de la policía (1 por ciento). Casa Alianza informó de un alto número de asesinatos de adolescentes en las zonas urbanas. Aproximadamente el 90 por ciento de las víctimas eran hombres; mujeres víctimas mostraban señales de abuso sexual. En torno a la situación del sistema penal, el informe indica que las condiciones de reclusión son duras, y la cárcel de máxima seguridad son deficientes”, los presos padecen hacinamiento, desnutrición, y la falta de saneamiento adecuado y, al parecer, son sometidos a diversos abusos, incluida la violación por otros reclusos. En muchos casos los presos dependen de la ayuda externa de los visitantes para poder sobrevivir debido a que el sistema penitenciario no proporcionaba la alimentación adecuada u otras necesidades básicas. Señala que los escapes de la prisión son comunes a través de sobornos u otros medios, sigue siendo un fenómeno frecuente. El Centro de Prevención Contra la Tortura encontró que de los 72 reclusos que entrevistó en la Penitenciaría Nacional y de la Granja Penitenciaria en Comayagua, 68 informaron de que las autoridades habían abusado físicamente o emocionalmente de ellos. Mientras tanto el gobierno opera cuatro centros de detención juvenil, pero en muchos casos los menores de edad fueron detenidos junto con los adultos. Corrupción grave problema En el tema de corrupción, el Departamento de Estado señala que las leyes prevén sanciones penales por la corrupción, sin embargo, el gobierno no las aplica de manera eficaz, y los funcionarios que participan en prácticas corruptas operan con total impunidad. “Los poderes Ejecutivo y Legislativo están sujetos a corrupción e influencia política. Existe una percepción generalizada de que la lucha de las instituciones del gobierno no han tomado las medidas necesarias para combatir la corrupción, no quieren o carecen de la capacidad profesional para investigar, detener y enjuiciar a los implicados en la corrupción de alto nivel”, afirma. Según el informe, los indicadores del Banco Mundial sobre la gestión pública reflejan que la corrupción es un grave problema. “Muchos observadores sostuvieron que una pequeña élite ejerce un control considerable sobre el desarrollo económico, judicial, y las instituciones políticas, lo que ha creado el potencial para el abuso de las instituciones del país y la gobernabilidad democrática”, señala El documento publicado en la página web del Departamento de Estado, resumen además las acciones emprendidas por el estado para enfrentar este flagelo en diferentes órdenes, pero que no han sido suficientes para enjuiciar a los responsables
Erosión de la libertad de prensa y alta corrupción en Honduras, destaca informe de Derechos Humanos de EE UU
Tegucigalpa.-En Honduras se registra una gradual erosión de la libertad de prensa, siguen los homicidios ilegítimos por parte de los miembros de la policía y agentes del gobierno, además, muchos funcionarios participan en prácticas corruptas con total impunidad en el país.
