Entregan informe final sobre Análisis y Control de Exoneraciones y Franquicias Aduaneras

Tegucigalpa – El Presidente Porfirio Lobo, recibió este miércoles, en Casa Presidencial, el informe final elaborado por la Comisión Especial para el Análisis y Control de las Exoneraciones y Franquicias Aduaneras.
 

El documento fue entregado por el presidente de esa comisión, Marco Ramiro Lobo, quien informó que el objetivo específico era realizar un levantamiento del inventario de las exoneraciones fiscales integrada por tres componentes: siendo el primero el inventario de leyes de exoneración vigentes referente a las cinco subcomisiones de análisis que encontraron cerca de 200 leyes y decretos vigentes, sin incluir exoneraciones puntuales concedidas a proyectos de entidades estatales como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Secretaría de Obras Públicas y Transporte (Soptravi), y otras concedidas a comienzos del siglo XX a empresas transnacionales del sector agrícola y minero.

En segunda instancia el inventario de leyes de exoneración en el que se identificaron mil 706 empresas mercantiles beneficiarias de los diferentes regímenes de exoneración fiscal, 298 municipalidades y todo el conjunto de 37 entidades del sector gubernamental. En lo concerniente a cuerpo diplomático, organismos internacionales y proyectos ejecutados con recursos de estos organismos, se identificó un total de 804 beneficiarios entre embajadas, organismos internacionales y misiones consulares.

En el sector de organizaciones de sociedad civil se estima un total de 11 mil 322 potenciales beneficiarios, puesto que no todas hacen uso de beneficios fiscales, según las cifras aportadas por la Unidad de Registro de Sociedades y Asociaciones Civiles (URSAC), que incluye a las iglesias, fundaciones y asociaciones étnicas.

23 mil millones de lempiras en exoneraciones en 2012

Como tercer componente el informe contiene el monto de exoneraciones fiscales concedidas para fines de cuantificar el total de las exoneraciones, denominado también como “gasto tributario”, que se dispuso de estimaciones realizadas recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según las cuales en 2012 las cifras estimadas eran de 23 mil millones de lempiras, equivalentes al 6.57 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 42 por ciento de la recaudación total de impuestos.

Asimismo, dijo que las cifras de exoneraciones fiscales aportadas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y la Secretaría de Finanzas son considerablemente inferiores, debido a que estas instituciones no cuentan con sistemas de informática apropiados para medir el impacto fiscal de las exoneraciones fiscales de cada año.

Por otra parte, informó que las cifras de exoneraciones aportadas por las empresas mercantiles y organismos no gubernamentales que acudieron a la comisión alcanzaron en 2012 un total de 12 mil millones de lempiras.

Señaló que es importante precisar que la cifra incluye solamente mil 222 empresas mercantiles y 314 organismos no gubernamentales que entregaron documentación de soporte, al tiempo que reveló que concretamente la estructura porcentual del conjunto de beneficiarios, en 2011 y 2012, descansa en esas instituciones bancarias las que monopolizan más del 96 y 97 por ciento del total exonerado.

Agregó que otros de los hallazgos del documento es que no existe coordinación entre las dependencias responsables de la concesión, seguimiento y administración de las exenciones, exoneraciones y franquicias aduaneras. Las entidades públicas con competencias sobre exoneraciones como la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras de la Secretaría de Finanzas, DEI, URSAC, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Industria y Comercio operan aisladamente y concediendo énfasis principal al trámite administrativo y casi ninguna priorizan el control, evaluación y seguimiento de las exoneraciones.

Hallazgos puntuales

Referente a los desvíos de mercancías violando el principio de exoneraciones personalísimas, dijo que la comisión encontró claros indicios de violación en venta de bienes y servicios por medio de supermercados de Islas de la Bahía sin el correspondiente pago de impuestos.

Informó que el desorden y debilidad institucional en control y evaluación se ha dado porque no existe un ordenamiento institucional acorde con la complejidad administrativa de los diferentes regímenes de exoneración fiscal.

Además, apuntó que existe la dificultad gerencial de controlar el apego a las normas y la evaluación del cumplimiento de los objetivos macroeconómicos, como generación de empleo, divisas, competitividad, que se relacionan directamente con la inadecuada arquitectura institucional existente, que opera de manera atomizada y con énfasis pronunciado en la tramitación administrativa, y casi nada en la evaluación sistémica de los resultados de estos regímenes.

Añadió que se elaboraron recomendaciones entre las que destacan, criterios esenciales que regirán en el nuevo marco legal, para los fines de conceder, suspender, prorrogar o cancelar incentivos fiscales como el no exonerar actividades extractivas no renovables, pues los bienes naturales no renovables de Honduras constituyen la base sustentable del presente y futuro y no se asume como estratégico destinar beneficios fiscales para despojar al país de la base fundamental del desarrollo para generaciones futuras.

Acotó que esto implica que no se deben exonerarse del pago de impuestos de las empresas dedicadas a la extracción de bienes no renovables.

Por otra parte, aseguró que no se exonerará con plazos superiores a 10 años, lo que implica la dinámica compleja de la economía internacional y la necesidad de fortalecer las economías productivas locales, pues hacen necesario adoptar el criterio de establecer un plazo máximo de 10 años prorrogables en función del desempeño de sistemas de exoneración en los Estados de la región centroamericana. La prórroga por cinco años más estará supeditada a que la empresa genere al menos cinco mil empleos directos anuales.

Adicionalmente, indicó que la comisión recomienda el criterio de exonerar a las Micro Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) y el sector social de la economía, la promoción de la exportación de bienes con alto contenido de valor agregado nacional, la diversificación productiva y polos alternativos de desarrollo y el pago de impuestos municipales, entre otros hallazgos que recoge el informe.

Presidente felicita comisión

Al respecto, el Presidente Lobo felicitó a los integrantes de ese comité, ya que son el fiel reflejo de lo que es la democracia participativa en la elaboración de ese documento final que concluye este día en su primera etapa, que será en discutido en segunda instancia en el Legislativo.

Apuntó que esa comisión de exoneraciones es parte del Gran Acuerdo Nacional (GAN), que se logró firmar entre el sector obrero campesino y los empresarios e industriales, en la fijación del salario minino hasta por tres años en algunas actividades económicas, pero con el compromiso de revisar los beneficios fiscales.

“No hay que sentirse mal por gozar de exoneraciones, la pregunta que hay que hacerse es ¿si lo que se recibe es para generar un mayor beneficio al pueblo hondureño?, ya que no podemos negarles ese privilegio que está en tratados internacionales a las organizaciones no gubernamentales, que se traducen de parte de organismos de cooperación internacional en miles de millones de dólares en proyectos de desarrollo para la ciudadanía”, señaló.

“Los que se sienten mal son los que utilizan esas prebendas para concentrar más sus riquezas y contribuir a que se genere mayor desigualdad en el país. Este es un tema de justicia social”, agregó.

Afirmó que existen casos de empresarios que han renunciado a ese privilegio fiscal. “Me han dicho no quiero ser favorecido con las exoneraciones”, acotó.

Por otra parte, Lobo lamentó que en el acuerdo firmado entre empresarios, dueños y directores de medios con el Congreso Nacional, referente a la autorregulación, no se está cumpliendo, pues en algunos periódicos las portadas principales se destaca la nota roja.

Ejemplificó que en el caso de las Zonas Libres Turísticas de las Islas de la Bahía (ZOLITUR), algunos empresarios que forman parte de esa organización han utilizado las exoneraciones para introducir televisores y refrigeradoras. “Ningún turista europeo va a llegar a las Islas para llevarse un aparto electrodoméstico. Lo que hay que determinar es que es lo que incentiva a un visitante”, añadió.

Recordó que el manejo de la información en el tema de las exoneraciones en muchos de los casos se encontraba en forma manual, en documentos, sin respaldos técnicos. “La labor de la comisión ha ido mucho más allá, pues han buscado información para validar los beneficios fiscales otorgados a los empresarios de distintos rubros”, indicó.

El titular del Ejecutivo manifestó que de los 23 mil millones de lempiras que el Estado otorga en concepto de exoneraciones, apenas un tres por ciento es para las iglesias, municipalidades, Congreso y ONG, y el 97 por ciento es para las empresas mercantiles.

En ese sentido, dejo entrever que en los próximos días dará a conocer en presencia de la sociedad civil y las iglesias de un nuevo esquema de cómo se van a comprar los medicamentos en los hospitales.

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