Desde que el defensor del pueblo hondureño, Ramón Custodio, fue contactado para informarle que el ex policía Padilla quería entregarse y pedir la protección del organismo, se diseñó una estrategia de seguridad que en 24 horas obtuvo los resultados deseados hasta concluir con la declaración de Padilla ante un juez respectivo, en una instalación militar por razones de seguridad.
Entre la noche del jueves 25 y las primeras horas del viernes 26 de octubre, el ex policía Padilla fue recogido por un equipo de procuradores del Conadeh, mientras el doctor Ramón Custodio coordinaba con el sigilo debido la instalación del tribunal, la protección estatal, la defensa legal del ex policía como ordena la ley, la disposición de la Fiscalía y la coordinación con las autoridades del Poder Ejecutivo al más alto nivel, informaron fuentes oficiales y de la fiscalía a Proceso Digital.
Custodio también informó de la entrega a la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, madre de Alejandro Vargas, quien a su vez informó a su amiga Aurora Pineda, progenitora de Carlos David Pineda.
Todo ello, en el mismo instante en que en Casa Presidencial, los integrantes de la Comisión de Reforma para la Seguridad Pública entregaban al presidente Porfirio Lobo un paquete de leyes y reformas orientadas a profundizar la sacudida que es objeto la policía, fortalecer su institucionalidad al par que comenzaban a diseñar propuestas para llenar las falencias de la Fiscalía y el Poder Judicial.
Según fuentes del poder judicial consultadas por Proceso Digital, entre las siete y ocho de la mañana del viernes 26 de octubre, se diseñó y puso en ejecución todo lo relativo al poder judicial y el Ministerio Público, sin que nadie sospechara de qué se trataba. “Solo se decía que era una cosa grande”, relata un funcionario judicial, al tiempo que se contactaba a los altos mandos militares, en este caso, el general René Osorio Canales, quien obedeció las instrucciones emanadas del Poder Ejecutivo.
La rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, agregó otros elementos relacionados con la situación de Padilla, al revelar que se vieron obligados a contratar servicios privados de investigación para rastrear la pista del ex policía que estaría también implicado en otros asesinatos, entre ellos el de unos jóvenes en la zona conocida como “Los Hornitos” y que fueron sacados de su colonia en San José de la Peña, en Comayagüela.
Santos Arnulfo Padilla, dijo la rectora universitaria, se movía en la zona oriental del país, habría sido contratado por cafetaleros de la zona e incluso se le vio jugando cerca de una cancha de fútbol en una de esas aldeas fronterizas con Nicaragua, a escasos metros de donde se ubicaba una patrulla policial.
Las familias de las víctimas efectuaron un árbol genealógico de Padilla, cotejaban su información cada quince días con el actual jefe policial, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, a quien se acercan una vez salido del alto mando policial, el comisionado general Ricardo Ramírez del Cid.
Mientras la familia de los jóvenes Vargas y Pineda seguían la ruta de Padilla cerca de la frontera con Nicaragua, al oriente del país, el comisionado Juan Carlos Bonilla hacía lo propio y de acuerdo a las fuentes consultadas por Proceso Digital, fue el padre del ex policía quien busca el apoyo del CONADEH al sentir que el círculo se cerraba sobre su hijo y era preferible entregarlo a la justicia antes que esperar un desenlace fatal.
Con su cabellera ensortijada y más abultada de lo común, a como usaba el cabello mientras era policía, Santos Arnulfo Padilla, mostraba profundas ojeras, vestía jeans desteñidos y tenis marca Nike, relatan quienes le vieron al momento de rendir testimonio.
Se le considera un hombre frío, que no dijo nada más que no le fuera aconsejado por su apoderado legal puesto por el Estado, aunque previo a la declaración oficial de imputado, habría balbuceado un par de expresiones, en tono irónico, sobre presuntas andanzas de algunos de sus compañeros.
La rapidez con que se movió en este caso el comisionado, Ramón Custodio, sorprendió incluso a los operadores de justicia, a la vez que dio otra lección más de la eficiencia y la cautela con que deben manejarse estos casos, fuera del show mediático y los exhibicionismos personales.
Ramón Custodio operó al mejor estilo de su labor humanitaria en la década de los ochenta, donde salvó muchas vidas de personas que hoy ocupan algunos liderazgos políticos, económicos y sociales en este país. Algunos de ellos, hoy le detractan.
En esa época lo hizo desde una instancia no gubernamental, pero ahora, con la experiencia de años y bajo el paraguas estatal que le otorga el CONADEH, prueba a muchos inexpertos en manejo de casos y víctimas en derechos humanos, que se puede hacer mucho sin alardear tanto.
En el caso del asesinato de los universitarios, la rectora Julieta Castellanos, reconoció una vez más la efectividad del CONADEH, al destacar que en diciembre del año pasado, jugó también un rol protagónico en la entrega de otro de los oficiales implicados, el policía Rubén Pozo.
Dos de los cuatro autores directos en el asesinato de los universitarios se encuentran ya en poder de la justicia, pero otros dos están prófugos, y cuatro más en la cárcel por presunto encubrimiento mientras esperan un juicio.
En el caso del CONADEH, sus autoridades hicieron un llamado al resto de policías prófugos a entregarse y apegarse a su protección para garantizarles un debido proceso, en tanto, las víctimas de los jóvenes universitarios asesinados quieren que la Fiscalía amplíe la investigación y las acusaciones hasta llegar a las cúpulas que estuvieron cuando ocurrieron los hechos.
Ellos son conscientes que no basta con la entrega de los implicados presenciales y materiales, es preciso dar en la cadena de mando con los supuestos responsables, al asegurar en un debate televisivo que en una de sus llamadas, uno de los policías prófugos consultó a un alto mando qué hacía con los cuerpos de los jóvenes.
Quieren también que se obligue a las compañías móviles que se resisten a cooperar con el rastreo de las llamadas a que cumplan con lo que les manda la ley. A este llamado a las empresas de celulares se suma Hilda Caldera, viuda de Alfredo Landaverde, al asegurar que a un año que está por cumplirse de su muerte, algunas de estas empresas se resisten a colaborar con el vaciado telefónico, clave en un caso tan sensitivo vinculado a dar con la verdad de estos crímenes.
