Por: Luis Cosenza Jiménez
La clase política hondureña reiteradamente evidencia su inagotable capacidad para desprestigiarse.
Últimamente han sido los diputados los protagonistas de otro vergonzoso acto. Resulta que, al haber el Ministerio Público, apoyado por la MACCIH, llevado a los Tribunales a cinco diputados por supuestos actos de corrupción, sus colegas en el Congreso, ni cortos, ni perezosos, rápidamente reformaron las Disposiciones Generales del Presupuesto General de la República para impedir que pudieran ser juzgados. Decidieron fomentar la impunidad y la corrupción blindando a sus colegas, y en el proceso, blindándose a sí mismos.
La juez responsable de juzgar a los cinco acusados inmediatamente interrumpió y archivó el caso, aplicando la disparatada reforma retroactivamente. Con esto se frustró la acción emprendida por el Ministerio Público y la MACCIH. Sin embargo, no contaron con el valor del portavoz de la MACCIH, don Juan Jiménez Mayor, quién rápida y valientemente denunció el vil ardid de los diputados. Por esto, don Juan merece el aplauso y el respaldo de todos los hondureños. Subsecuentemente a la denuncia de don Juan, varios países, incluido Estados Unidos, varias organizaciones incluidos el COHEP y la Confraternidad Evangélica, así como múltiples personas han condenado el deleznable acto, y ante el repudio generalizado los diputados han comenzado a ver cómo rectifican su sinvergüenzura.
Resulta que ahora los diputados aseveran que se trata de un error que pretenden rectificar mediante la publicación de una fe de errata, agregando que aún así, el fondo de la citada reforma se mantiene incólume. En otras palabras, aún con la corrección que pretenden publicar, continuarán impidiendo que el Ministerio Público proceda de inmediato en contra de quienes supuestamente han venido saqueando el erario. Sin embargo, don Juan Jiménez ahora cuenta con evidencia que demuestra que lo que publicaron en La Gaceta no fue lo que se aprobó en el Congreso. Resulta pues que no se trata de un error de estilo que merecería ser corregido mediante una fe de errata, si no que de un cambio de fondo que trastoca y modifica lo que fue aprobado en el Congreso.
Se trata pues de un delito, de la inveterada costumbre de las directivas del Congreso de legislar mediante la Comisión de Estilo, confiando en que su delito pasará desapercibido. Corresponde ahora al Ministerio Público investigar lo ocurrido en el Congreso y llevar a los Tribunales a los responsables del delito. En pocas palabras, para los diputados las cosas han ido de mal en peor. Lo que inicialmente se consideró un acto bochornoso ahora se convierte en un delito. Al corregir lo actuado quedará sin valor y efecto lo publicado en La Gaceta por lo que la juez deberá retomar el juicio en contra de los cinco imputados. Por otro lado, el Poder Judicial deberá juzgar otros casos que ha venido preparando el Ministerio Público con el asesoramiento de la MACCIH. Según declaró don Juan Jiménez, han preparado ya más de otros sesenta casos, incluido uno en contra del presidente del Congreso.
Además de rectificar, publicando lo realmente aprobó el Congreso y llevando a los responsables a los Tribunales, es necesario atacar la fuente del problema, derogando el Artículo 230 de las Disposiciones Generales del Presupuesto. No hay razón válida para que los diputados administren fondos públicos. La función de los diputados no es ejecutar proyectos o administrar fondos públicos.
Su tarea es legislar, dejando la ejecución de los proyectos al Ejecutivo, cuya labor es precisamente esa, ejecutar. La festinada práctica de asignar recursos a los diputados para que los administren y ejecuten proyectos, iniciada en la Administración Zelaya, debe desaparecer. No tiene ningún sentido que Finanzas deposite nuestros impuestos en cuentas bancarias de los diputados para que ejecuten proyectos. Lo presupuestado ahora asciende a cuatrocientos millones de lempiras anuales, por lo que a partir de la Administración Zelaya se ha entregado a los diputados miles de millones de lempiras. ¡Ya basta! La decencia reclama que cese el saqueo de los impuestos que nosotros con mucho sacrificio pagamos.
No puedo dejar de pensar que nuestra clase política reclama, demanda, con urgencia un enema. Nos corresponde a nosotros, los ciudadanos, aplicárselos. Que no nos tiemble la mano. Ya es hora de rescatar nuestro país. Saquemos a los corruptos, comenzando con el Congreso. Limpiemos nuestras organizaciones. Llegó el momento de meter a la cárcel a los delincuentes. No permitamos que continúen enlodando el nombre de nuestra nación a diestra y siniestra.
