Análisis de Alberto García Marrder- Especial para ”Proceso Digital”.
Ante lo que pasa en el país sudamericano, no hay más remedio que preguntarse : “¿En qué momento se jodió el Perú?”, como lo hace Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura peruano en su novela estrella “Conversación en la Catedral”, en 1969.
(Según el diccionario de la RAE, el verbo “joder” tiene varios significados como destrozar y estropear, además de realizar el coito sexual).
Hablemos claro y sin rodeos: Lo del ex presidente Pedro Castillo en Perú no fue intento de golpe de estado. Fue un golpe de estado, aunque muy grotesco por no contar con el apoyo de las fuerzas armadas ni del congreso.
Si voy a preguntarme si Perú se encamina a ser un estado fallido, tengo que analizar primero la sociedad que lo elogió, siendo Castillo apenas un profesor de la sierra andina, de tendencia ultra izquierdista o marxista. Nada malo en eso, pero no preparado para la más alta magistratura del país ni para la jungla en Lima de la política peruana.
Y dice mucho de Perú- un país que he visitado dos veces y aprecio mucho- que ha tenido seis presidentes en apenas seis años y una prisión con suites especiales para expresidentes. Y uno “suicidado”, Alan Garcia y otro, en el exilio, Alejandro Toledo, en Estados Unidos.
Es decir, algo huele a podrido en la política peruana. Pero también hay que reconocer que funciona bien y rápido, las instituciones para frenar los atropellos y salvajadas, como el congreso y la justicia.
Hagamos historia de lo que pasó con Castillo. Tomó posesión hace un año y medio. Llamó la atención por llevar siempre y hasta en actos oficiales, un sombrero blanco de copa alta y alas anchas, típico de los campesinos de Cajamarca. Era su identidad, hasta que sus asesores le indicaron que era objeto de burlas y que dejara de usarlo.
La semana pasada, Castillo cometió un suicidio político al disolver el congreso peruano e instalar un gobierno de excepción, toque de queda, decretos ejecutivos y la suspensión de los derechos fundamentales. Todo para evitar un juicio político en el congreso, para echarlo del poder, el tercero en 17 meses.
Pero nadie lo respaldó, ni mucho menos las fuerzas armadas ni sus propios ministros. El congreso votó después, en su mayoría, por destituirlo y juramentó a la vicepresidente Dina Boluarte, como el sexto presidente en seis años en ese país. (Esta acaba de adelantar las elecciones generales para abril 2024 y dudo que aguante en el poder para entonces).
Castillo trató de buscar, para él y su familia, asilo en la embajada de México, que estaba lista a dárselo atendiendo órdenes del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pero los escoltas que lo llevaban cambiaron de parecer y lo llevaron a una Prefectura, donde paso su primera noche en prisión.
Al día siguiente, fue trasladado, esposado en un helicóptero, a la prisión de Barbadillo, donde tendrá como vecino a otro expresidente, Alberto Fujimore, cumpliendo una sentencia de 25 años por violación de los derechos humanos y corrupción. Lo más seguro es que será acusado de rebelión y conspiración contra la patria, que le podría costar unos 20 años de cárcel. Tiene ahora 53 años.
Comenzó entonces a salir a la luz pública el alcance de la red de corrupción que tenía montada Castillo y todo alrededor de su familia: su esposa, su cuñada, sus hermanos, sus sobrinos y hasta una ahijada. Se cobraba sobornos por concesiones de obras públicas y contratos estales.
El propio Castillo recibía mensualmente sobres de 50,000 soles peruanos (unos 12,000 euros o 13,000 dólares) que le daba el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, para que lo mantuviera en el cargo, según testificó Salatiel Marrufo (asesor ministerial) ante la Comisión de Fiscalización del Congreso peruano.
La fiscalía peruana acusa especialmente a la ex Primera Dama, Lilia Paredes, de un papel de “coordinadora” en la red de sobornos y corrupción organizado por su marido, que la pueden llevar a la cárcel unos 10 años. Está acusada también su hermana, Yenifer Paredes, que el matrimonio trataba como una hijastra.
En Madrid, Vargas Llosa, felicitó a los militares peruanos “por haberse identificado con las leyes y rechazado el papel de comparsas que quería infligirles el ex presidente”, ignorando el toque de queda que había decretado Castillo.
Fujimori (1990-2000) es tal vez el más representativo. A sus 84 años, todavía está en prisión, por una condena de 25 años por violación de los derechos humanos y responsabilidad en dos matanzas y dos secuestros de opositores durante sus dos mandatos. Alejando Toledo (2001-2006), espera en Estados Unido ser extraditado al Perú, acusado de recibir fondos de la constructora brasileña Odebrecht. Ollanta Humala (2011-2016) está en proceso judicial por haber recibido fondos desde Brasil y desde el gobierno chavista de Caracas.
Un final trágico fue el de Alan García, presidente en dos legislaturas, no consecutivas, (1985-1990 y 2006-2011), que para evitar ser humillado tras rejas, se disparó un tiro en la cabeza el 17 de abril del 2019, minutos antes de ser detenido por los fiscales, por un caso de supuesta corrupción vinculado a la constructora Odebrecht.
