Tegucigalpa – En medio de protestas de organizaciones de mujeres se desarrolla la audiencia inicial del joven Luis Ulloa (21), implicado en la violación colectiva de una menor ceibeña, hija de una reconocida jueza, hecho ocurrido en abril de este año en un complejo hotelero del Litoral Atlántico.
Los apoderados legales de Ulloa se presentaron a la audiencia inicial en los juzgados de la ciudad de La Ceiba, donde el juez decidirá si dicta el auto de formal procesamiento con prisión preventiva o lo absuelve del caso.
En ese sentido, en las afueras de los tribunales organizaciones de mujeres realizan un plantón pacifico contra Ulloa y en apoyo a la joven que sufrió la violación, por lo que exigen justicia.
Las manifestantes portan carteles en favor de la joven en los cuales exigieron justicia y no más impunidad.
El viernes 1 de noviembre, Ulloa se presentó a la audiencia de imputado, donde el juez le dictó detención judicial y fue enviado al presidio de Trujillo.
A Ulloa se le señala como el responsable de la violación especial en contra de la menor de edad.
Los exámenes realizados por Medicina Forense confirman que la menor fue violada por las tres personas señaladas, contra quien el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en mayo de este año.
El pasado 10 de septiembre se entregó el primer implicado en este sonado y repudiado caso. Este menor de edad guarda reclusión en el centro de internamiento de menores Jalteva que se ubica en Cedros, Francisco Morazán.
La madre de la menor de 16 años, la jueza Flor de María Sosa, denunció que su hija fue abusada sexualmente en un complejo turístico en La Ceiba durante el feriado de Semana Santa.
El requerimiento fiscal
De acuerdo a las acciones de la Fiscalía y que se retratan en el requerimiento, la menor de 16 años fue llevada a una villa en un centro turístico de La Ceiba, donde los dos adultos y el menor de edad empezaron a consumir marihuana y le dieron a la niña licor, que de acuerdo a los análisis de laboratorio, contenía también droga (metanfetamina). La víctima intentó huir de sus agresores, con quienes forcejeó, sin embargo le fue imposible.
Después del trabajo investigativo de los agentes fiscales, junto a investigadores de la ATIC y Medicina Forense, se procedió a las acusaciones que de acuerdo al Código Penal vigente en su artículo 140 corresponde al delito de violación especial, ya que el o los sujetos para cometer la violación, intencionalmente disminuyeron o anularon la voluntad de la víctima utilizando sustancias sicotrópicas o estupefacientes. La pena para este delito es de 15 a 20 años de cárcel.
Con los requerimientos presentados también se solicitó alerta migratoria a la Dirección de Migración y Extranjería, además una Alerta Roja ante la Interpol.
