Tegucigalpa- El miembro de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, Omar Rivera, reveló que trabajan en la fase final de preparación de “más de mil casos en los que se incluye indicios de la supuesta comisión de delitos en los que se involucra a oficiales, agentes y personal auxiliar cancelados de la institución gubernamental en los últimos años”, casos que serán remitidos en los próximos días al Ministerio Público, así como lo establece la Ley.
– “El Ministerio Público debe ser fortalecido en sus capacidades para darle persecución penal a policías corruptos”, señaló.
“Son varios supuestos delitos de diferentes calibres cometidos por policías de diferentes grados, que van desde abuso de autoridad, cohecho, violación de los deberes de los funcionarios, y apropiación indebida, hasta lesiones, tortura y homicidio, entre otros; por lo que serán los fiscales y agentes de investigación los deberán constatar si la evidencia es consistente y si hay o no mérito para la acción penal”, argumentó.
El depurador recordó que es responsabilidad ineludible de los miembros de la Comisión Especial, enviar a las instituciones operadoras de justicia y entes contralores del Estado, los casos de los miembros de la carrera policial por la presumida ejecución de actos reñidos con la ley.
Por otro lado, opinó que el Ministerio Público debe fortalecer sus capacidades para darle persecución penal a policías corruptos.
Rivera destacó la decisión del Fiscal General del Estado, Óscar Fernando Chinchilla, de crear la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial, que ha iniciado acciones de investigación y persecución en contra de policías que transgredieron al ley durante fungieron como servidores públicos, sin embargo, no es suficiente, ya que se necesitan recursos para fortalecer las capacidades técnicas y logísticas del ente acusador.
“Sin duda alguna ha sido un paso importante que fiscales, investigadores y peritos estén a cargo del análisis de la información que la Comisión Especial envió al MP, y que ya algunas acciones concretas se han efectuado, pero -sin lugar a duda- requieren más presupuesto y más personal”, exteriorizó.
Agregó que “ya hace algunos meses la Comisión Especial envió más de 120 casos que involucraban en supuestos actos delictivos, a casi 500 policías, y ahora, estamos a punto de remitir un millar más, con esto seguro la carga será difícil de atender; debe aumentársele el presupuesto al Ministerio Público y garantizar que las fiscalías especializadas, sean fortalecidas, así como la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección General de Medicina Forense”.
Rivera indicó que “está claro que es un enorme reto procesar toda la enorme información que ha remitido y remitirá la Comisión Especial a la Fiscalía, no obstante, estamos seguros de que existe voluntad política y compromiso para no dejar impunes los delitos cometidos por los malos policías que pertenecían a la institución; pero no podemos desconocer que hay una urgente necesidad de fortalecer las capacidades del Ministerio Público, para darle persecución penal a los policías corruptos”.
La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, fue creada mediante el Decreto Legislativo 21-2016, aprobado por el Congreso Nacional de la República, el que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 8 de abril de 2016, para redinamizar la estancada profilaxis y modernización de la Policía Nacional; el Decreto 21-2016 también declara emergencia nacional la depuración de la Policía Nacional y faculta a la Comisión, que durará un año, a separar a policías si no se reúnen los requisitos de idoneidad y confianza.
De acuerdo con el decreto de emergencia aprobado por todas las facciones legislativas a inicios del mes de abril de 2016, la Comisión Especial en el proceso de depuración tiene, entre otras atribuciones, la de remitir al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito.
