Tegucigalpa– Los 20 implicados en el denominado caso Arca Abierta se presentaron este martes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para comparecer en la audiencia inicial, la que está programada para las 9:30 de la mañana ante el juez natural, Reynaldo Antonio Hernández.
El 14 de enero pasado las 20 personas acusadas en este caso, se presentaron a la audiencia de imputados en la que el juez les dictó detención judicial con medidas sustitutivas.
El pasado 11 de diciembre, La Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público, presentó el denominado caso “Arca Abierta” que involucró cinco actuales diputados, seis exdiputados y otros señalados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.
A título de autores del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública son señalados: Juan Carlos Valenzuela, Gladis Aurora López, Gustavo Alberto Pérez, Welsy Milena Vásquez y Milton Puerto Oseguera.
Igualmente los exparlamentarios: Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez, Edwin Roberto Pavón (QEPD), Hernán Enrique Vindel, Fabricio Puerto Oseguera, y Óscar Arturo Álvarez.
También por este mismo delito es señalado Gregorio Alberto González Rivera.
Entretanto, a título de cómplices del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública se señala a Estela Lisseth Muñoz Hernández, Arnold Gustavo Castro Hernández, Ana Lucía Castro López, Yajaira Lisbeth Talbbott Villatoro, José Alejandro Flores Zúniga, Indira Virginia Osorio Reyes, Iveth Salomé Navas Suazo, Geovanny Castellanos Deras y Allan Arony San Martin Vallejo.
La investigación fue conducida por el equipo integrado en la MACCIH y la Ufecic donde se establece que los 21 acusados malversaron fondos del Estado al depositar 21.1 millones de lempiras (879 mil dólares) en una cuenta bancaria a nombre de la Organización No Gubernamental “Asociación Planeta Verde”.
El dinero procedía de Casa Presidencial por un monto de dos millones de lempiras, del Congreso Nacional tres millones y de la Secretaría de Finanzas 16.1 millones de lempiras.
