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En 10 por ciento se incrementó la población penitenciaria durante el 2013

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Tegucigalpa- La situación de los centros penales en Honduras se agrava cada día más debido al hacinamiento ya que organizaciones de derechos humanos, han informado sobre un incremento de un 10 por ciento de la población penitenciaria en el país, lo que significa que por cada 300 nuevos reclusos solamente 120 obtuvieron su libertad.
 

– Más de un 60 por ciento de los casos de los privados de libertad, no han sido judicializados, sostiene subsecretario de Justicia y Derechos Humanos.

Según se ha podido establecer, de 12 mil reclusos que estaban internos en 2012, este año se contabilizan más de 13 mil 400 privados de libertad, mientras que la capacidad para los centros penales del país es para apenas ocho mil reos.

El presidente Porfirio Lobo, vía decreto Ejecutivo, mantiene una emergencia en los principales centros penitenciarios del país producto de la sobrepoblación y la falta de condiciones para los privados de libertad.

El director de los centros penales en Honduras, Santos Simeón Flores, señaló que los 24 centros penales del país están reventados ya que mensualmente capturan al menos 300 personas de las que apenas salen 120, por lo que 180 quedan recluidos, en ese sentido pidió la colaboración de toda la sociedad hondureña.

Sostuvo que si no se provee de los fondos económicos para mejorar la infraestructura y otras prioridades que incluyen las condiciones humanas, no se lograrán los resultados positivos en las cárceles del país.

Por su parte, el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Denis Gallegos, consideró que la situación es grave, pues más de un 60 por ciento de los casos de los privados de libertad no han sido judicializados y con ello se irrespeta el principio de inocencia, así como los términos judiciales que ya define el Código Procesal Penal.

El funcionario señaló que los juzgados no emiten las resoluciones en el tiempo establecido.

“No hemos logrado viabilizar el acceso a la justicia, hay mucha mora judicial”, reconoció.

Recomendó dar prioridad a la mora judicial, sobre todo en los casos que tienen años de estar engavetados y los casos están parados, por lo que se necesita que esos casos caminen.

Por su parte, el obispo auxiliar de la diócesis de San Pedro Sula, monseñor Rómulo Emiliani, lamentó la marginación y la falta de justicia social que impera en Honduras, pero explicó que en la zona norte se avanza en el proceso de construcción de una cárcel con planes de aplicar la rehabilitación.

Con el aporte del gobierno y la sociedad civil, el centro penal en la región noroccidental ya cuenta con un módulo, pero lamentó que la construcción va a paralizarse dentro de poco, si no se facilitan los fondos.


“Hay personas con cinco años sin un juicio y esta es una situación denigrante”, señaló el líder religioso, quien advirtió que la paz que existe dentro de los reclusorios “es débil”.

Mientras tanto, la directiva del Comité de Prevención de la Tortura, Odális Nájera, sostuvo que este tema no debe tratarse de forma aislada e insinuó que las autoridades deben incluirlo dentro de la seguridad nacional.

La política criminal del Estado es la clave en estas falencias, dijo la ex funcionaria judicial, al tiempo que criticó las reformas al Código Procesal Penal y la suspensión de las medidas sustitutivas, así como la falta formación a los jueces en Honduras.

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