·Trasciende la existencia de una lista de empresarios prominentes y sus familias que están en la mira de los secuestradores
Muchos empresarios han optado por quedarse dirigiendo sus empresas, pero han redoblado su seguridad personal y están enviando a sus hijos y sus esposas al extranjero, luego que trascendiera un listado con los nombres de los inversionistas nacionales y sus parientes que están en la mira de los secuestradores.
La Policía afirma que en lo que va del año se han registrado más de 40 secuestros a nivel nacional, sin embargo, organismos de derechos humanos aseguran que esa cifra es mucho mayor si toma en cuenta que un número indeterminado de raptos no son reportados a las autoridades por las familias de las víctimas.
La semana anterior se reportó el secuestro del gerente general de la empresa procesadora de aceite Hondupalma, Juan Suazo, y de la esposa del diputado liberal por el departamento de Comayagua, Valentín Suárez, quien fue posteriormente liberada por sus plagiarios, pero se desconoce si se pago rescate.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, dijo recientemente que existe colusión de algunos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado con las bandas de secuestrados que operan en el país, por lo que exigió la depuración del estamento policial.
El ex secretario de Seguridad, Óscar Álvarez, quien se menciona como futuro ministro del interior y de seguridad, aseguró que tiene información en su poder de varios empresarios de la zona norte que en los últimos días decidieron mandar a sus familias a Estados Unidos porque temen que sean secuestrados.
Álvarez indicó que por motivos de seguridad no podía proporcionar sus nombres, pero expresó su preocupación porque esto motiva a que otros empresarios opten por sacar sus inversiones y sus familias y por otro lado desincentiva a otros inversores que quieren venir a Honduras a invertir sus capitales.
“Lo preocupante de esto es que no habría nuevas inversiones de compañías o de personas que miran a Honduras como un lugar ideal para depositar e invertir sus capitales y generar más empleo y más riqueza, es por eso que estamos preocupados y esperamos que las autoridades tomen cartas y ataquen de forma frontal este flagelo”, dijo.
Álvarez confirmó que a nivel de la cúpula empresarial ya trascendió un listado de prominentes inversionistas locales que están en la mira de las bandas de secuestradores que operan a sus anchas en el territorio hondureño, pero dijo que desconoce los nombres de éstos.
“He hablado con personas que me han pedido la confidencialidad y me han informado que muchos cabezas de familia se han quedado en el país trabajando sus empresas, pero han sacado a sus hijos al extranjero a estudiar, inclusive aquellos que están aún en edad escolar porque temen que los secuestren”, dijo.
Álvarez indicó que esa es una minoría de empresarios que tiene la capacidad de mandar a sus familias al extranjero, pero se preguntó qué pasa con aquellos pequeños y medianos empresarios que no tienen esa capacidad económica y las personas de clase media y baja que son víctimas ahora de los denominados “secuestros express”.
“O sea que un delito que antes se centraba únicamente en personas de alto nivel y empresarios muy ricos de nuestros país, ahora está afectando a los diferentes niveles sociales de nuestro país, como es el caso de la universitaria Gracia María Castro que fue secuestrada y asesinada por sus plagiarios”, recordó.
Señaló que el secuestro es uno de los delitos que más afecta a la víctima que lo sufre y a la familia de ésta, porque deja traumas sicológicos y daños emocionales permanentes, pero además crea un ambiente de zozobra y la percepción de que las personas no están seguros ni siquiera en sus casas.
“El secuestro causa la percepción de que si uno sale de su casa no sabe si va ser secuestrado o va a regresar sano y salvo, este aspecto de inseguridad sicológica y de seguridad física crea una en una sociedad un ambiente que no le permite desarrollarse y afecta todos los ámbitos del desarrollo normal”, apuntó.
Álvarez consideró que la Unidad Antisecuestros de la Policía y el ministro del ramo Jorge Rodas Gámero, están haciendo grandes esfuerzos para reducir este delito, pero no lo suficiente para que las bandas de secuestradores sean desarticuladas y enviadas a la cárcel o se vayan del país
“He dicho que para enfrentar este flagelo hay que tener fuentes de inteligencia, saber donde se esconden los secuestradores porque después de cada secuestro descansan para preparar su siguiente golpe, allanar las viviendas donde viven y declararles una guerra sin cuartel, no dejarles espacios, corretearlos y capturarlos”, dijo.
Álvarez consideró que la Secretaría de Seguridad debe replantear su estrategia, llevando la lucha a los lugares donde los criminales se esconden a través de diferentes acciones, como el trabajo de inteligencia, saturación en las zonas más calientes y coordinación con los demás operadores de justicia.
Empresarios preocupados
El vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Óscar Galeano, dijo que este es un problema que tiene alarmado al empresariado hondureño y a la ciudadanía en general, puesto que los últimos acontecimientos apuntan no solo a empresarios, sino a personas de clase media que se dedican a una actividad particular.
“Todos estamos expuestos de alguna manera a esta situación, si no se toman las medidas del caso”, apuntó.
Galeano confirmó que varios colegas suyos están sacando a sus familias de Honduras como medida de seguridad y además han reforzado su protección y la de sus empresas por temor a ser objeto de un secuestro o atentado.
“Algunos ya están tomando diferentes medidas, reforzando su seguridad y tomando otro tipo de precauciones, porque lógicamente el blanco puede ser cualquiera de nosotros. En ese sentido, algunos empresarios, familias y personas han empezado a tomar medidas que les eviten sufrir las consecuencias de este flagelo”, apuntó.
El dirigente dijo que la cúpula empresarial de la zona norte ha pedido al presidente Manuel Zelaya mayores acciones en contra este y otros delitos que afectan a la mayoría de la población y que en respuesta el mandatario designó al comisionado Mario Eduardo Perdomo como viceministro de Seguridad para la región noroccidental.
Galeano dijo que la situación se plantea bastante complicada, pero aseguró que hasta ahora no tiene conocimiento que algún prominente empresario haya decidido trasladar sus empresas y capitales a otro país, aunque no descartó que esto ocurra si el gobierno no adopta las medidas pertinentes para reducir la incidencia del delito.
Proceso Digital también tuvo acceso a información de que varios inversionistas norteamericanos asentados en las Islas de la Bahía y del norte de Honduras han decidido abandonar el país por la inseguridad imperante en el territorio y por la corrupción en varias instituciones del gobierno central.
