Tegucigalpa – La elección de las nuevas autoridades de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) llega a la recta final al someterse este fin de semana los 15 aspirantes a las audiencias públicas, de los que cinco serán seleccionados para enviarlos al presidente de la República quien escogerá dos que serán las nuevas autoridades de este ente responsable de la depuración policial.
Una vez cerrado el proceso de postulación, los quince aspirantes se han sometido a pruebas de confianza y este fin de semana se realizarán las audiencias públicas para garantizar transparencia en el proceso, se informó.
Eugenio González, representante de Conadeh ante el Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin) dijo que a más tardar los primeros tres días de la otra semana, los nominados serán enviados al presidente Juan Orlando Hernández para que escoja a las nuevas autoridades o ratifique a las actuales.
Los 15 aspirantes a dirigir esta nueva etapa de la DIECP son: Eduardo Villanueva (actual director), Juan Miguel Posadas Villeda, Juan Carlos Griffin (ex fiscal de derechos humanos); Eduardo Antonio Lagos Galindo, Gerardo Vladimir Galindo Amador, Nilia Raquel Ramos González, Juan Rafael Soto Aguilar (ex fiscal crimen organizado), Óscar Armando Vásquez Tercero.
También Carlos Jhonatan Varela Figueroa, Hugo Adalberto Suazo Ortiz, Aída Mejía Pineda, Julián Oyuela Gallardo, Mario Enrique Chinchilla Guerra (actual director adjunto), César Augusto Bonilla Ochoa y Allan Javier Oviedo García.
La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), llega así al término de su primera etapa con enormes desafíos en materia de depuración policial, uno de los principales objetivos con los que fue creada como parte de un inconcluso proceso de reforma policial que también estaría entrando a una nueva fase.
Al término de los primeros tres años de gestión de las actuales autoridades de la DIECP, a cargo de dos ex fiscales, Eduardo Villanueva, como titular, y Mario Chinchilla, como adjunto, la labor de este organismo no termina de gustar a un sector de sociedad civil que ha estado monitoreando el proceso de depuración policial.
Este sector, aglutinado en la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), una escisión de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), ha venido cuestionando el trabajo de la DIECP por considerarlo lento y sin terminar de tocar uno de los principales objetivos de la depuración policial como es investigar el patrimonio de los uniformados implicados en hechos ilícitos o con conexiones con la criminalidad organizada u hechos de corrupción, entre otros.
Los integrantes de la APJ incluso lideraron hace como dos años un proceso para tumbar al entonces fiscal general, Luís Rubí y su adjunto, Roy Urtecho. En esa oleada se encontraba también el actual director de la DIECP y su adjunto, quienes fueron reprobados por el Congreso que envió al Ejecutivo la petición de su destitución.
Pero Lobo Sosa ignoró esa exhortativa y las autoridades de la DIECP, siguieron su labor de depuración policial aplicando las llamadas pruebas de confianza, específicamente el polígrafo a cientos de policías en casi todo el país. También pruebas psicométricas y se presume que las patrimoniales.
De las pruebas patrimoniales aplicadas, las autoridades de la DIECP identificaron a 17 altos oficiales policiales que se presume se enriquecieron ilícitamente y tendrían nexos con la criminalidad organizada y el narcotráfico.
Los expedientes fueron entregados al Tribunal Superior de Cuentas al corresponderle por ley, comenzar la investigación. Las autoridades del Tribunal indicaron que algunos casos era difíciles de detectar y que otros posiblemente proscriban conforme la legislación hondureña.
Las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sostienen que esos expedientes están en poder de la fiscalía y ésta ahora, por medio del coordinador de fiscales, Rolando Argueta, anuncia que para evitar que prescriban estos casos de enriquecimiento ilícito no descartan aplicarles la ley de privación de dominio. Argueta sostiene que no habrá impunidad.
Para Villanueva, el actual director de la DIECP, el término de esta primera fase de la depuración policial en donde más de mil casos de policías han sido investigados y un poco más de 500 han sido remitidos a las autoridades correspondientes, ha estado marcada por “la incomprensión, la descalificación y la oposición ingenua o maliciosa, el boicot y el ataque viral de los policías malos”.
En este proceso, que según los expertos puede llevar al país más de una década sanearlo en su totalidad, los órganos del Estado implicados en la depuración como el TSC, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad, deben trabajar coordinados con la DIECP para los resultados deseados.
“No se puede violentar el andamiaje del Estado de Derecho que todos debemos defender, en aras del inmediatismo y la improvisación que se nos quiso imponer desde la óptica de los críticos bien o mal intencionados”, dijo en su discurso de rendición de cuentas Villanueva.
Dentro de los oficiales investigados por la DIECP y cuyos casos se encuentran en poder del Ministerio Público se encuentran dos General Director de la Policía y 8 Comisionados Generales.
También 25 Comisionados, 28 Subcomisionados; 32 Comisarios; 25 Subcomisarios; 38 inspectores y 46 subinspectores en la escala jerárquica policial.
Pero la percepción ciudadana es que este ha sido un proceso demasiado lento y en la segunda etapa de la DIECP, el gobierno piensa imprimir un mayor acelerador.
En esta segunda etapa, la DIECP deberá encontrarse con una instancia que limita ya sus funciones: se trata de la Superintendencia Nacional, quien será, entre otras funciones, responsable para la aplicación de las pruebas de confianza. Esta Superintendencia es una especie de una súper estructura de control a los operadores de justicia.
La misma aún no termina de instalarse, pero su ley fue aprobada el año pasado. Así la depuración policial será compartida pues corresponderá a esta instancia aplicar las pruebas de confianza y no ya a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial.
En esta nueva etapa, la DIECP también podría contar con nuevas autoridades, aunque las actuales se han auto propuesto para reelegirse en el cargo. Ello tiene incómodos a los integrantes de la APJ, pero de acuerdo a las autoridades, la ley no le prohíbe a Eduardo Villanueva y Mario Chichilla postularse.
La elección de las nuevas autoridades del ente depurador de la policía ha entrado a la recta final y la próxima semana se conocerá si hay nuevas autoridades o se ratifica a las actuales. Las autoridades actuales , por ley, vacan la otra semana.
